La jueza de la dana pone el foco en la alerta a los móviles
La magistrada quiere saber si la Generalitat accedió a información de la Confederación del Júcar y la Aemet
La jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la dana —la catástrofe natural que dejó 229 muertos el 29 de octubre del pasado año en Valencia— centra el foco en el ES Alert, el aviso que la Generalitat de Carlos Mazón envió a los móviles para informar a la población de la dimensión de la tromba el día de la riada. Y que, según la magistrada, se ha revel...
La jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la dana —la catástrofe natural que dejó 229 muertos el 29 de octubre del pasado año en Valencia— centra el foco en el ES Alert, el aviso que la Generalitat de Carlos Mazón envió a los móviles para informar a la población de la dimensión de la tromba el día de la riada. Y que, según la magistrada, se ha revelado como la piedra angular de las pesquisas porque el texto de alerta se remitió tarde, a las 20.11 horas, cuando ya se amontonaban fallecidos y personas atrapadas en plantas bajas y garajes.
La magistrada Nuria Ruiz Tobarra ha solicitado a la Agencia Valenciana de Emergencias (AVSRE), que depende de la Administración autonómica, la instrucción técnica de este sistema. Y también le ha requerido el texto de las alertas remitidas en la Comunidad Valenciana desde la víspera de la tragedia, según un auto notificado este lunes.
En su nueva batería de peticiones, la jueza reclama a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y a la Agencia Española de Meteorología (Aemet), que dependen del Ministerio para la Transición Ecológica, datos de las lluvias en el entorno del barranco del Poyo, epicentro de la tragedia tras su desbordamiento por arrollar municipios como Catarroja, donde perdieron la vida cinco personas.
La magistrada solicita a ambos organismos estatales la información desde la semana previa a la gota fría hasta el día de los hechos. Y quiere saber si estos indicadores eran de acceso público y pudieron ser consultados por el 112, la centralita telefónica de la Generalitat que gestionó las llamadas de la dana.
El movimiento de la jueza pretende analizar el flujo de información que circuló entre el Gobierno central y el Ejecutivo de Mazón. En consonancia con el PP, el argumentario de esta última administración sostiene desde hace meses que, si el Consell no reaccionó con presteza, fue porque no fue avisado con antelación por organismos como la CHJ o la Aemet.
En su batería de pesquisas, la instructora pide también a la empresa pública estatal Tragsa un informe sobre el cumplimiento del requerimiento que le hizo la AVSRE a las 16.24 horas del día de la tragedia. Y requiere a Iberdrola documentación que le llevó a establecer la víspera de la dana “una situación de alerta”. Pregunta también la magistrada a esta compañía si “aportaron la documentación acreditativa de haber puesto dicha circunstancia en conocimiento de la Generalitat”.