La jueza tilda de “inexplicable” el retraso de la Generalitat en convocar el órgano de emergencias de la dana

La jueza de Catarroja (Valencia) que investiga penalmente la dana, Nuria Ruiz Tobarra, considera “inexplicable” que el Cecopi –el órgano de emergencias de la Generalitat Valenciana que coordinó la bíblica riada- iniciara la reunión más importante de su historia, la que gestionó la inundación que dejó 228 muertos el pasado 29 de octubre, a las 17.00 horas, cuando la situación era ya insostenible, según un auto notificado este lunes.

La cita del órgano de emergencias –en el que participaron representantes de 29 instituciones estatales, municipales y autonómicas- arrancó cuando la tragedia era inevitable. El 112 –la centralita telefónica de la Generalitat- recibía desde las 16.40 horas de la jornada decenas de llamadas desesperadas de auxilio sobre el desbordamiento del barranco del Poyo desde municipios como Chiva o Cheste, donde nace la rambla. Y las imágenes de rescates y coches anegados por las aguas rabiosas se sucedían en televisión.

La instructora considera que no se puede concebir que el Cecopi comenzara a las 17.00 horas, ya que la información sobre el riesgo de la dana fue reportada con mucha antelación por organismos como la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La institución vislumbró nueve días antes la tromba. Y el mismo 29 de octubre, a las 7.36 horas, emitió un aviso rojo, el máximo en la escala y que se aprueba ante una previsión de lluvias de más de 180 litros por metro cuadrado.

A juicio de la magistrada, también resultan incomprensibles los denominados “apagones” en línea del Cecopi. Se trata de periodos de tiempo en los que la Generalitat desconectó la reunión a los representantes de instituciones que asistían por videoconferencia como el representante de la Aemet o la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, la socialista Pilar Bernabé. Los fundidos a negro fueron aprovechados, supuestamente, para debatir sobre el envío de la alerta masiva a móviles, piedra angular de las pesquisas. La notificación llegó a los teléfonos a las 20.11 horas, cuando ya se acumulaban los fallecidos, desaparecidos y personas atrapadas en plantas bajas y garajes. Y, según la instructora, se envió tarde y mal, ya que no instaba a los vecinos a subir a las primeras plantas.

Junto a la tardanza del arranque del Cecopi, otro punto controvertido de la jornada fue la llegada del president Carlos Mazón a este dispositivo de emergencias. El jefe del Consell aterrizó en él a las 20.28, 17 minutos después del envío de la misiva a los celulares.

La magistrada se muestra así de contundente en un auto en el que se niega a imputar al jefe de Climatología de la Aemet en la Comunidad Valenciana, José Ángel Núñez. Un directivo que reconoció en el juzgado durante su declaración como testigo -una condición que le obliga a decir la verdad- que los primeros signos de la dana se advirtieron ocho días antes de la riada. Con su resolución de no investigar a Núñez, Ruiz Tobarra rechaza la petición de la acusación popular que ejerce el partido político Valores.

La jueza ha pedido también la llamada que acredita la movilización de los bomberos al barranco del Poyo el día de la tragedia. Su entonces jefe, José Miguel Basset, ya jubilado, justificó que los agentes se retiraron a las 15.00 horas “porque había ganas de comer”.

Antes de decidir si unifica las acusaciones, la magistrada ha pedido a las partes que indiquen si aprecian “indicios de responsabilidad penal” en los dos investigados que formaron parte del Ejecutivo de Carlos Mazón. Las pesquisas mantienen imputados a la que fuera consejera de Justicia e Interior durante la riada, Salomé Pradas, y a su segundo, el exsecretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso.