Iberdrola envió su mensaje de “emergencia” el día de la dana a las 16.30, casi cuatro horas antes que la Generalitat

El mensaje de “situación de alerta” se declaró a las 13.40 el 28 de octubre, el día antes de la dana en la Comunidad Valenciana, por previsión de tormentas. De esta manera, el centro de control de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes advertía a sus trabajadores de lo que podía pasar en función del pronóstico meteorológico. Al día siguiente, esta empresa de distribución eléctrica del grupo Iberdrola envió otro mensaje en el que ya declaraba la “situación de emergencia” a las 16.30 horas por la “precariedad en la red”, lo que supuso activar un plan que movilizó a 40 brigadas de otras comunidades autónomas.

La Generalitat no envió el mensaje de alarma (Es-Alert) a los móviles de la ciudadanía hasta las 20.11 horas de ese día, una alerta muy tardía que centra buena parte del debate político y las pesquisas de la jueza de Catarroja que instruye la causa sobre la gestión de la emergencia por las históricas inundaciones que se llevaron las vidas de 227 personas en la provincia de Valencia. El Gobierno valenciano, presidido por Carlos Mazón, del PP, defiende que si no envió la alerta con anterioridad fue por falta de información sobre la gravedad de la situación.

La sucesión de esos mensajes y de otros, remitidos por la empresa entre el 28 y 29 de octubre, fue expuesta este lunes por Francisco Ferrandis, ingeniero y jefe de sector Valencia Capital en I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, en la jornada Dana 2024: la ingeniería y la dana puestas al límite, organizada por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en Valencia. Ferrandis explicó cómo actuó la compañía para recuperar el suministro eléctrico de sus 180.000 clientes de la zona afectada y subrayó la gran importancia “de la anticipación y de la planificación” en una situación de emergencia. El ingeniero industrial descendió al detalle de lo que ya reveló en enero el Ceo de Iberdrola en España, Mario Ruiz-Tagle en una visita a Valencia, e incidió en que la pronta movilización y el cumplimiento del protocolo de emergencias de la empresa les permitió actuar con mayor celeridad.

En el foro participaron numerosos ingenieros de distintas especialidades, representantes de colegios profesionales, empresas privadas y de las distintas administraciones públicas, como la Generalitat, el Gobierno y la Diputación de Valencia. Entre ellos mostraron complicidad, pusieron de manifiesto el conocimiento de los trabajos de cada uno e hicieron lecturas muy similares sobre los problemas y los ingentes trabajos de recuperación de las muy dañadas infraestructuras ferroviarias, por ejemplo, de Cercanías o de MetroValencia, o de las autovías y las carreteras de titularidad nacional, autonómica o provincial.

Ponderaron la importancia de los contratos de emergencia y la disposición de las empresas para poder acometer con urgencia las obras. También coincidieron en las dificultades de poder acceder a los lugares afectados para poder evaluar los daños y actuar de manera urgente, por lo que reclamaron la capacitación como servicios de emergencias. E incidieron en la necesidad de emprender obras hidráulicas que hubieran paliado los efectos de la dana y salvado “vidas”, según afirmó el presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Miguel Ángel Carrillo. El presidente del Colegio de Arquitectos de la Comunidad Valenciana, Salvador Lara, recordó, no obstante, que la magnitud de “lo que ha pasado es inaudita y era imprevisible”.

En este sentido, Carrillo abogó por alcanzar en España un consenso sobre el agua y establecer un pacto de Estado entre todas las administraciones en esta materia es “inaplazable”, al tiempo que ha remarcado que, como se ha constatado tras la trágica dana, “las infraestructuras hidráulicas salvan vidas y bienes”. Hay que hacer “un análisis con luces largas y prevención estratégica ante nuevas riadas”, ya que “en pleno siglo XXI, en un país desarrollado como España y de referencia en Europa en muchos ámbitos, no podemos aceptar que no se tengan en consideración las indicaciones técnicas y que, como consecuencia de no llevarlas adelante, se pueda producir una tragedia humana y material de la magnitud que ha tenido” la barrancada del 29 de octubre. “Las consecuencias humanas y materiales de esta trágica dana podrían haberse reducido si se hubieran construido las infraestructuras hidráulicas que estaban proyectadas”.

Si un cauce, barranco o rambla tiene la capacidad de desaguar un caudal máximo determinado, explicó, “la única manera de evitar inundaciones ante una gran riada es construir infraestructuras hidráulicas como las presas y azudes para laminarla, es decir, para que a ese cauce le llegue menos agua de manera instantánea y en los casos necesarios, cuando el agua que después llega al cauce sea superior al que pueda desaguar, también deberíamos disponer de cauces artificiales que canalicen ese agua excedentaria”.

Obras hidráulicas

En este sentido, aludió a que Seopan (la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras de España) elaboró una estimación presupuestaria -que apoya el colegio- y que indica que todas las obras planificadas entre 2022 y 2027 en la cuenca del Júcar requieren una inversión de 3.170 millones de euros. Comentó que la gestión realizada sobre los cauces se ha podido ver “lastrada” por la imposición de unas consideraciones derivadas de una interpretación de la Directiva 2007-60 de la Comunidad Europea, con la que se han priorizado estrategias de prevención y restauración ambiental, dejando en un segundo plano medidas estructurales que sí consideraban los aspectos hidráulicos.

Además, consideró necesario revisar los sistemas automáticos de información hidrológica del Júcar y apuestan por una revisión del protocolo actual que determine la activación de la emergencia nacional a través de parámetros específicos y objetivos. “Es necesario tecnificar, al máximo nivel, los riesgos y los sistemas de alerta”, mantuvo Carrillo, que calificó de “imprescindible mejorar el control entre los sistemas de alerta, la comunicación entre administraciones y técnicos, la toma de decisión ante actuaciones de emergencia y el aviso a la población, teniendo en cuenta que más de la mitad de las personas fallecidas, en este caso, superaban los 70 años de edad”.

Abrió la intensa jornada el comisionado del Gobierno para la recuperación tras la dana, José María Ángel, en ausencia del vicepresidente para la dana del Consell, Francisco José Gan Pampols, que no acudió a la cita por una cita médica, según transmitió a la organización. Ángel destacó que el Ejecutivo central “ha inyectado 1.746 millones de euros que ya han cobrado los ayuntamientos”, desde los 201 millones de Paiporta hasta el medio millón de euros de Benifaió” y recordó los 500 millones del Ministerio para la Transición Ecológica para el ciclo integral del agua de las poblaciones afectadas.