Valencia renuncia a la compra de ocho edificios para el parque público de vivienda pese a su derecho preferente

El Ayuntamiento de Valencia, que gobierna PP y Vox, ha renunciado en los últimos meses a la compra de ocho edificios, con 435 viviendas, en diferentes barrios de la capital pese a su derecho prioritario al tanteo y retracto en un momento de escasez de pisos y de altos precios, tanto en la compra como el alquiler, ha denunciado este miércoles el portavoz socialista Borja Sanjuán. El gobierno que preside María José Catalá desechó adquirir a través de esta fórmula, a la que tienen derecho las Administraciones públicas, 265 viviendas en la capital solo siete días después de la dana del pasado 29 de octubre cuando había damnificados necesitados de residencia, ha hecho hincapié el grupo de la oposición. El gobierno local asegura que no se han adquirido por criterios técnicos y que su coste hubiera superado los 98 millones de euros.

El gobierno local ha rechazado en los últimos meses la compra de hasta ocho edificios, con 434 viviendas —255 situadas en la avenida de Francia, 60 en Juan Verdeguer, 46 en San Pascual o 16 en la calle Turia— al fijar unos topes de precios “irreal”, por debajo incluso de los de protección pública, denuncian los socialistas. “La legislatura pasada se aprobó el derecho al tanteo y retracto que, básicamente, permite a las administraciones, a los ayuntamientos, intervenir en operaciones que están hechas por sociedades, cuando van a comprar un inmueble que puede ser interesante para el patrimonio público”, ha expuesto Sanjuán, que ha recordado que el PP siempre estuvo contra esta figura porque la recurrió en 2020 aunque el Tribunal Constitucional la avaló en 2023.

Sanjuán ha puesto un ejemplo. El Ayuntamiento de Valencia ha renunciado a comprar pisos a 2.484 euros el metro cuadrado en la avenida de Francia, porque ha puesto un tope de 1.580 euros el metro en esa zona de la ciudad. “Es decir, aspira a poder comprar pisos en la avenida de Francia de 100 metros cuadrados a 150.000 euros, algo que evidentemente no existe actualmente en el mercado inmobiliario. Es una manera de vestir de neutro una decisión que es política y una manera de justificar con falsos motivos económicos que lo que no quieren es comprar viviendas”, ha incidido el portavoz.

De acuerdo a este criterio, el consistorio no compró 265 pisos siete días después de la dana del 29 de octubre “cuando había muchas familias que necesitaban una”, ha criticado el concejal. Ha recordado que tras el incendio del edificio de Campanar, en febrero del año pasado, muchas de las familias que se quedaron sin casa fueron realojadas gracias a la compra de un edificio en el barrio de Safranar por tanteo y retracto. “Está demostrado que cuanto más grande es el parque público de vivienda en una ciudad más difícil es especular con el precio del alquiler”, han añadido. Y ha recordado, por contextualizar la cifra, que la empresa municipal de vivienda de Valencia, Aumsa, dispone de unos 600 pisos.

“Prefieren seguir favoreciendo el mercado especulativo en la ciudad de Valencia. Si las hubiera comprado hoy habría 434 familias que podrían estar viviendo en una vivienda pública y no lo están haciendo porque la alcaldesa ha preferido no intervenir en el precio del mercado de la vivienda de Valencia”, ha enfatizado Sanjuán. Los socialistas insisten en que las Administraciones públicas están obligada a actuar ante el incremento de los precios de los pisos " por este tipo de cosas es que la señora Catalá no quiere comparecer para dar explicaciones sobre lo hecho durante la dana y después”.

En la revisión de los expedientes a los que han podido acceder, el PSPV se ha encontrado también con otras dos operaciones en la calle Turia, donde el precio que se anuncia es de 6.853 euros el metro cuadrado, “muy por encima, no solo de lo que está dispuesto a pagar el Ayuntamiento, sino del mercado”. La oposición ha pedido acceso a más documentación pero advierte de que “la falta de trasparencia en la gestión de Catalá dificulta que podamos tener acceso a la misma”.

“No es solamente que no aplique la ley de vivienda, no es solamente que no actúen contra los apartamentos turísticos y se negaran en el pleno de este martes a aplicar una moratoria para las zonas afectadas por la dana cuando sabes que los fondos buitre están comprando viviendas allí, sino que además con los instrumentos que están vigentes se niega a aplicarlos”, ha lamentado.

Normativa del Botànic

El Gobierno local ha contestado que todas las valoraciones con opción al derecho de tanteo y retracto se basan en criterios y parámetros técnicos establecidos desde el año 2022 en el Ayuntamiento de Valencia por un convenio con la Generalitat de 2021, “por tanto, se está aplicando la normativa que estableció la izquierda y que ahora no le parece correcto”.

El consistorio asegura que si no se han aceptado los ocho edificios a los que aluden los socialistas ha sido por criterios técnicos y por eso mismo se aceptó ejercer el derecho de tanteo y retracto en el edificio de Safranar, con 131 viviendas que costaron a las arcas públicas 20.884.000 euros lo que supone que cada vivienda tuvo un valor 159.424 euros.

Según fuentes del gobierno municipal, las viviendas a las que se refieren los socialistas le hubieran costado 98 millones de euros, lo que supone que cada vivienda hubiera valido 242.084 euros, 100.000 euros más que los pisos de Safranar. “¿Quiere el PSPV jugar a la especulación urbanística con el dinero de los valencianos?”, concluyen.