La ley de simplificación de Mazón abre la puerta a la privatización de los servicios sociales, según UGT

La federación UGT Serveis Públics del País Valencià ha denunciado este jueves que el Consell presidido por Carlos Mazón (PP) ha aprovechado la tramitación parlamentaria de la ley de Simplificación Administrativa, en vigor desde el pasado martes, para “dinamitar la normativa de servicios sociales”, lo que supone “graves recortes de personal”, además de “abrir la puerta a las privatizaciones porque elimina que la gestión directa sea la fórmula preferente. La directora general de Personas Mayores de la Generalitat, Beatriz Simón, ha replicado que el Ejecutivo plantea un nuevo escenario para hacer realidad la creación de residencias e incentivar nuevas plazas “para ponernos a la cabeza de plazas por persona en España”. Y ha insistido en que la capacidad de una residencia es independiente de la atención porque se organizan por unidades de convivencia.

Según la organización sindical, los cambios legales introducidos duplican la capacidad máxima permitida de las residencias de personas mayores, al pasar de 75 a 150 plazas para las nuevas residencias, y rebajan la plantilla, reduciendo una tercera parte las ratios de personal que atienden a los mayores, lo que, según UGT, puede provocar “una masificación de los centros y el deterioro de la calidad asistencial”.

Además, favorecen la privatización de los Servicios Sociales al eliminar de la ley la prevalencia de las administraciones públicas para la gestión directa de los centros, incluso el mantenimiento de los mismos, al tiempo que se recortan los derechos laborales ya que se elimina la obligación de las empresas privadas a que la plantilla mínima tenga contratos indefinidos.

UGT entiende, además, que abre el camino a la privatización de los equipos de servicios sociales municipales, ya que elimina la reserva legal para que los servicios de atención primaria básica y los específicos, así como la prescripción de las prestaciones, sean desempeñadas por personal de los ayuntamientos y mancomunidades.

Estas modificaciones fueron introducidas a través de enmiendas respaldadas por los grupos PP y Vox en las Cortes Valencianas y han supuesto alteraciones de calado tanto en la Ley de Servicios Sociales vigente desde 2019 como en su desarrollo normativo, especialmente en el conocido como decreto de tipologías de 2023, que establece la calidad de los servicios sociales mediante la regulación de plantillas de personal, número de usuarios atendidos y espacios donde se les atiende. Estas cuestiones, remarca el sindicato, no figuraban inicialmente en el decreto-ley de simplificación, que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, presentó en mayo pasado y se aprobó a principios de julio. Se introdujeron vía enmienda en la primera quincena de octubre.

Sin embargo, “el Gobierno valenciano, a través de sus apoyos parlamentarios, ha aprovechado para unos cambios que suponen un desmantelamiento de toda la arquitectura normativa establecida en los últimos ocho años, de manera que la atención a la persona deja de ser el centro desde el cual se construyen los servicios sociales, para favorecer los intereses del empresariado”, interpreta UGT-PV.

En el año 2005, el Consell, entonces del PP, aprobó, sin previa negociación con los sindicatos ni las organizaciones representativas del sector, una orden que regulaba los centros de servicios sociales de personas mayores. Esta orden fijó la capacidad máxima de las residencias en 150 plazas. En la legislatura anterior, en la etapa del Gobierno del Botànic, la capacidad máxima se rebajó a 120 plazas; 75 si estaban en zonas rurales o zonas con riesgo de despoblamiento; y 90 plazas si se situaban en localidades o zonas de densidad mediana.

Ahora, con la ley de Simplificación se vuelve a un máximo de 150 plazas “sin tener en cuenta la zona donde se ubique. Con lo cual, “este Consell ha retrocedido 20 años en el aspecto normativo”.

El Gobierno del Botànic aprobó unas ratios más elevadas, que quedaron incluidas en el decreto de 2023, que debía aplicarse en marzo de 2024, salvo en las residencias privadas de personas mayores, donde estaba previsto que se aplicase de forma progresiva entre 2025 y 2027. Con este escenario todavía en vigor, el Consell del PP y Vox ya alargó este plazo transitorio hasta diciembre de 2029 nada más comenzar la legislatura . Y ahora, ha aprovechado la ley de simplificación “para colar un recorte muy por debajo de las ratios previstas”.

Así, con esta ley de simplificación administrativa en las residencias radicadas en la Comunidad Valenciana se exigirá en 2026 una ratio de 32 auxiliares de enfermería por cada 100 residentes, muy por debajo de lo inicialmente previsto en el decreto de tipologías —que preveía 44 auxiliares cada 100 residentes—, y de lo previsto a nivel estatal —43 auxiliares—.

UGT Serveis Públics denuncia que “el Consell no esté buscando el bienestar de la ciudadanía, sino sólo facilitar los beneficios económicos de las residencias, que gracias a estos cambios normativos no se verán obligadas a contratar más personal y aumentarán sus ingresos al albergar a más personas usuarias”.

Lamentan que los cambios introducidos vía enmienda en las Cortes hayan salido adelante sin ningún tipo de negociación con las organizaciones sindicales, pues suponen “una merma considerable de los derechos laborales ya que se elimina un apartado del decreto de tipologías que define la plantilla mínima estable de los centros y que este personal, mayoritariamente trabajadoras, tengan un contrato fijo”.

La responsable de Política Social de UGT Serveis Públics PV, María Navarro, ha lamentado que estos cambios “se han hecho por la puerta de atrás y suponen desmantelar el modelo de servicios sociales que ponía a las personas en el centro y desandar años de trabajo, de diálogo y de mejoras en la atención a la ciudadanía”. Según Navarro, el sindicato estudia acciones tanto jurídicas como posibles movilizaciones para articular una respuesta de rechazo a los cambios aprobados.

“Las plazas son independientes de la atención”, replica el Consell

El Gobierno ha reaccionado a la denuncia de UGT. La directora general de Personas Mayores de la Generalitat, Beatriz Simón, ha resaltado que el Ejecutivo plantea un nuevo escenario para hacer realidad la creación de residencias e incentivar nuevas plazas “para ponernos a la cabeza de plazas por persona en España”.

Simón ha indicado que la capacidad de una residencia es independiente de la atención porque se organizan por unidades de convivencia y ha explicado en este punto que la nueva fórmula “mantiene inamovible el módulo de unidades de convivencia, establecido en 25 personas, que es por lo que realmente se mide el cuidado y la atención personalizada e integral, que es prioritario para el Consell”.

La directora general también se ha referido a las ratios de profesionales en residencias, y ha explicado que partíamos de una ratio de 0,40 profesionales por usuario y la Consejería ha aprobado un nuevo parámetro que alcanzará el 0,45 en las licitaciones realizadas a partir de marzo de 2025 y 0,50 desde marzo de 2026. “Esto contrasta con la gestión del anterior Gobierno, que “vendía un aumento de la ratio, pero su última licitación en 2022 fue al 0,40, y resultó que el 16% de las plazas quedaron desiertas”.

Ha explicado que la nueva medida permitirá crear plazas residenciales para mayores para cubrir el déficit que generó el Botánic, con 25.000 personas en lista de espera al no crear ni una plaza pública en ocho años. Durante su gestión, el Gobierno del Botánic cerró nueve residencias, generó un déficit de 25.000 plazas, lo que significa 3.000 al año, redujo un 5% las plazas públicas y aumentaron en cerca de 3.000 las plazas privadas.