La Diputación de Valencia nombra gerente de Bomberos tras la dana a un condenado por estafa
El exconcejal del PP de Buñol se lucró entre 2009 y 2013 mediante una Fundación que justificaba con facturas falsas el cobro de subvenciones
La Diputación de Valencia eligió en noviembre a Marcial Díaz como gerente del Consorcio Provincial de Bomberos. No hace ni un año desde que la Audiencia de Valencia ratificase una condena contra él y otros tres condenados por lucrarse entre 2009 y 2013 de ayudas al campo mediante falsificación de facturas para justificar el destino de dichas subvenciones. El nombramiento se produce en un momento de reconstrucción de las zonas afectadas por la dana. Díaz y otros tres condenados evitaron penas de más de diez meses de cárcel a c...
La Diputación de Valencia eligió en noviembre a Marcial Díaz como gerente del Consorcio Provincial de Bomberos. No hace ni un año desde que la Audiencia de Valencia ratificase una condena contra él y otros tres condenados por lucrarse entre 2009 y 2013 de ayudas al campo mediante falsificación de facturas para justificar el destino de dichas subvenciones. El nombramiento se produce en un momento de reconstrucción de las zonas afectadas por la dana. Díaz y otros tres condenados evitaron penas de más de diez meses de cárcel a cambio de una multa que ya han pagado al llegar a un acuerdo con conformidad. La diputación, gobernada por Vicente Mompó, presidente del PP en la provincia de Valencia, incide en que su elección fue por concurso y que el caso está cerrado para la justicia.
Es actualmente subdirector general de Gestión del Institut Valencià de Cultura (IVC), cargo al que accedió en diciembre del año pasado tras ocupar el puesto de Jefe de Sección Administrativa y Régimen Jurídico en la misma entidad. Antes ejerció en la Generalitat Valenciana como director general de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial.
Los condenados —entre lo que están los exalcaldes del PP de Yátova, Rafael Lisarde, y Siete Aguas, Rafael Zahonero- consiguieron acceder en 2009 al programa de la Unión Europea RURALTER LEADER, mediante una mancomunidad del municipio de Chiva y la comarca de Hoya de Buñol, para supuestamente fomentar el desarrollo rural de la zona. Gracias al proyecto se beneficiaron de ayudas de la Conselleria de Agricultura y del fondo comunitario FEADER. A través de una asociación contrataron a una Fundación tras alegar que la mancomunidad no disponía de medios suficientes. Díaz, ex concejal del PP en Buñol, fue patrono de la Fundación Desarroya, la contrata, desde su fundación. Clave en la trama.
Otro punto clave es que la Asociación Llano de Chiva a la Plana de Utiel, presidida por varios de los condenados, se garantizó en parte el control en la gestión de las ayudas al convertirse en un GAL. En el programa de la RURALTER LEADER, los GAL (Grupo de Acción Local) eran, como explica la sentencia, “agrupaciones de agentes públicos y privados de un territorio rural y unido bajo el compromiso de aplicar una estrategia de desarrollo”. El fallo establece que “estos grupos podían participar activamente en la selección de los proyectos a subvencionar y hacer una primera revisión de los documentos presentados”.
La Asociación, la Fundación y la Mancomunidad, tenían la misma sede, los mismos medios y los mismos empleados. Pero las facturas presentadas para justificar el proyecto reflejaban gastos mucho mayores. “La Fundación Desarroya fue la beneficiaria real de los fondos destinados a sufragar los gastos de funcionamiento del GAL”, señala la sentencia. “Los miembros de la Fundación utilizaban su teléfono, ordenador, luz, agua, impresoras...la fundación y la mancomunidad eran lo mismo”, establece el fallo.
La sentencia explica que “los acusados, desde la Fundación Desarroya, elaboraban facturas ficticias para justificar gastos de funcionamientos de GAL inexistentes o inferiores a los solicitados, argumentando que no se disponía de los medios necesarios”. Un ejemplo son de la comisión del delito de falsedad documental es que para seleccionar proyectos y “dar apariencia de legalidad” simularon que el GAL (la Asociación) había pedido presupuestos a dos empresas Alba Cabedo S.L. y a Gestión y Desarrollo Sostenible. S.L, pero fueron los acusados los que prepararon las ofertas.
Marcial Díaz ha sido sido elegido por concurso. La Diputación de Valencia defiende el nombramiento en un comunicado y explica que “el órgano de selección conformado por el Consorcio, con un tribunal compuesto por personal técnico de prestigio, decidió que la suya era la mejor candidatura, por encima de los otros dos aspirantes a un proceso con todas las garantías”. La entidad aduce que “más allá de que ocurriera hace más de una década, está cerrado por la justicia, como demuestra el hecho de que Marcial Díaz se incorporó al Consorcio procedente de otra Administración, en la que ejercía también un cargo de responsabilidad como empleado público, en su calidad de funcionario de carrera”.
Tras hacerse pública la condena´, adelantada por Radio Valencia Cadena Ser, remarcan desde la Diputación que Marcial Díaz “en 2025 vivirá un año clave con el presupuesto más alto de su historia, en el que abordará aspectos tan relevantes como la construcción de nuevos parques de bomberos y bases de brigadas a lo largo de toda la provincia, la renovación de flotas de vehículos y vestuario de bomberos y brigadistas, o la implantación de nuevas soluciones tecnológicas para mejorar la gestión de las emergencias”.
Carlos Fernández Bielsa, portavoz del PSPV en la Diputación ha denunciado que “el nombramiento como gerente del Consorcio Provincial de Bomberos de una persona condenada por falsedad y estafa es el último hecho reprobable en la gestión del PP valenciano especialmente después de la Dana”. El portavoz exige al presidente de la Diputación, Vicent Mompó, que “modifique el perfil de la persona designada porque la Diputación tiene que ser muy escrupulosa”, ha remarcado.