El malestar que no cesa en la educación pública valenciana

El sector educativo no universitario en la Comunidad Valenciana está en pie de guerra. El sindicato mayoritario de la enseñanza, el STEPV, junto con CC OO y UGT y asociaciones de directores y padres y madres han organizado diversas movilizaciones para la próxima semana. Y no se descarta convocar una nueva huelga general tras la del pasado 23 de mayo por la llamada Ley de Libertad Educativa, que aprobaron el PP y Vox antes de que la formación ultra abandonara la Generalitat. La educación aglutina en estos niveles a cerca de 68.000 docentes y 802.000 estudiantes. Cunde el malestar entre los profesionales y los padres.

Tres son los principales frentes abiertos ante la consejería de Educación, dirigida por el popular José Antonio Rovira, y uno de ellos deriva directamente de la aplicación de la controvertida ley: la elección de la lengua base de los alumnos para el próximo curso a través de una votación a la que están llamados las familias entre el 26 de noviembre y el 4 de diciembre. Los otros dos son la falta de contratación del profesorado que cubra las bajas (en torno a 80 centros padecen esta carencia, según cifras de los sindicatos) y, sobre todo, el incumplimiento del acuerdo de plantillas acordado con el anterior gobierno de izquierdas, que estaba en funciones, firmado el pasado año con todos los sindicatos, en virtud del cual la Generalitat iba a contratar a 3.200 docentes para el curso 2023-24 y unos 1.900 para el 2024-25.

El próximo martes, los citados sindicatos han convocado una concentración frente a la Consejería de Hacienda para protestar por la falta de personal y reclamar agilidad para las sustituciones de personal docente, del apoyo educativo y del área administrativa. El día siguiente, hay otra concentración ante la consejería por la “aplicación inmediata de los acuerdos de plantillas y la adjudicación de todas las sustituciones”. Por último, la Plataforma en Defensa de l’Ensenyament Públic, integrada por sindicatos y numerosas asociaciones de izquierdas, llama a manifestarse en Castelló, Valencia y Alicante el sábado 16 de noviembre en defensa de la escuela pública, para rechazar a la consulta y pedir mejores infraestructuras y más profesorado.

Los tres sindicatos y la oposición, formada por el PSPV-PSOE y Compromís, sostienen que, bajo estos problemas, subyace la voluntad del PP de reducir la enseñanza del valenciano y los recursos económicos destinados a la educación pública a través de medidas que frenan o retrasan la contratación de personal conforme el curso avanza, mientras aumentan los fondos a la concertada, cuya partida destinada a otros gastos, por ejemplo, lleva congelada desde hace 10 años, según indicó el propio Rovira este verano.

Fuentes oficiales de Educación negaron el viernes a este periódico la tesis que la izquierda atribuye a la habitual política educativa del PP de detraer fondos de la pública: “Este curso ha comenzado con 82.180 docentes [se incluye a los de la concertada], lo que supone un incremento de 533 docentes en la pública respecto al curso pasado. Se han bajado las ratios en 69 municipios, con especial atención a las zonas despobladas, donde la ratio se ha bajado de 6 a 4 alumnos para poder mantener centros abiertos. Y en cuanto al arreglo escolar no solo se han recuperado las 69 unidades que eliminó el Botànic en su último año, sino que se han creado 35 más”.

Un día después de la huelga de mayo, la consejería anunció que denunciaba el acuerdo de plantillas y, por tanto, la contratación de la segunda tanda de docentes. El STEPV y CC OO llevaron el incumplimiento al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que les dio la razón. Dictaminó y luego confirmó la suspensión cautelar de la denuncia de la Generalitat. Educación ha pedido al tribunal aclaración sobre cómo ejecutar sus resoluciones.

Este revés para la consejería se conoció poco antes de los ceses a petición propia de la directora general de Personal Docente, Sonia Sancho, y del subdirector de este área, José Pascual. El consejero desvinculó las renuncias al auto judicial, señaló que estaban previstas con anterioridad y recordó que ambos responsables tuvieron el año pasado un inicio de curso “con muchos problemas”, a causa de las incidencias en el proceso de adjudicaciones, que atribuyó a la “herencia” del Botànic. Los sindicatos de clase y la oposición coinciden en considerar que los dos ceses representan el “desastre” de la política educativa del PP.

Educación planteó esta pasada semana a los sindicatos de la Mesa Sectorial un nuevo acuerdo de plantillas. Marc Candela, del STEPV, señaló el jueves que la Consejería había “amenazado” con que, si piden la aplicación de los autos, “los 3.200 puestos de trabajo que se aplicaron en el curso 2023-24 no tienen por qué mantenerse en la nueva orden de plantillas que está preparando para el curso que viene”. “No vamos a aceptar amenazas”, aseguró, tras anunciar que el sindicato ya ha pedido esa ejecución para “aplicar la parte que faltaba de los acuerdos, que eran esos 1.900 docentes”. El sindicato no se cierra y entiende que esta cifra podría ajustarse a la baja, hasta cerca de un millar, pero insiste en que se ha de cumplir el acuerdo.

Negociación

Este viernes, la consejería insistía en su argumento original para denunciar los acuerdos de plantillas: “El acuerdo del Botànic fue firmado estando en funciones y la Abogacía de la Generalitat consideró que era nulo. Este Consell ya ha aplicado ese acuerdo en un 80% y ha mostrado su voluntad de establecer una negociación con los sindicatos para un acuerdo de plantillas estable y duradero”.

En este sentido, el exsecretario autonómico de Educación de la Generalitat, Miguel Soler, recuerda que cuando el gobierno de izquierdas llegó el poder en 2015, el mismo día en que Ximo Puig tomó posesión del cargo de presidente, se publicó en el DOGV el acuerdo de plantilla del profesorado que firmó con los sindicatos la entonces consejera de Educación del PP, María José Catalá, hoy alcaldesa de Valencia. “Siempre las regulaciones de plantilla comprometen al gobierno siguiente”, afirma.

Por su parte, la Confederación de AMPA Gonzalo Anaya y la Associació de Direccions d’Infantil i Primària de l’Escola Pública del País València (ADEP-PV) han solicitado la retirada de la consulta a las familias sobre la lengua base por “no garantizar plaza en la opción escogida” debido a que cuando se cubra la demanda en una unidad se trasladará al alumnado a otra aunque no se imparta en la lengua escogida, y porque “alteraría el proceso de aprendizaje y adaptación del alumnado” al poder modificarse la lengua vehicular de un curso a otro. Ambos coinciden también en criticar la “carga organizativa y burocrática inalcanzable”, para un personal administrativo insuficiente “para gestionar este tipo de procedimientos”, arguyen los directores.

La consejería reitera su posición: “Este Gobierno está haciendo lo que prometió en su programa electoral: dar libertad de elección a las familias, y eso se está cumpliendo. Las garantías son totales y las plazas en castellano o valenciano saldrán de lo que elijan las familias”.