PSPV exige al Consell que asegure el pago al personal de limpieza de 70 centros escolares

La portavoz de Empleo del PSPV-PSOE en las Cortes Valencianas, Yaissel Sánchez, ha exigido este miércoles al Consell que asegure los salarios impagados del personal de limpieza de 70 centros docentes públicos antes de que inicie el curso escolar y también que garantice el servicio en todas las instalaciones afectadas, aunque desde Educación han indicado que “están al día en los pagos”.

Sánchez ha explicado que la situación de estos profesionales contratados por Costa Azahar Més Net SL. incumple la normativa laboral: “Los casi 300 trabajadores no han cobrado el 70% de la nómina del mes de junio, tampoco la paga extra o la liquidación correspondiente al personal fijo discontinuo, que representa en torno al 90 % de la plantilla”.

Desde la Consejería de Educación han asegurado “hay una situación puntual respecto a una de las adjudicatarias en el pago de las nóminas a sus trabajadores” pero es “ajena” a la Consejería que “está al corriente de los pagos” a las empresas de limpieza que prestan servicio en colegios e institutos.

Las mismas fuentes han explicado que “es la empresa la que tiene la responsabilidad de abonar las nóminas a sus trabajadores, así como los costes de Seguridad Social” y han añadido que “el contrato con esta empresa (Costa Azahar-Més Net) fue licitado por el anterior Gobierno autonómico de PSPV y Compromís”.

Para el PSPV, el silencio del consejero de Educación, José Antonio Rovira, a pocos días del retorno a las aulas “denota su dejadez y fomenta situaciones de precariedad en relación a las adjudicaciones de los servicios públicos valencianos”.

“El Consell de Mazón debe velar y controlar que los servicios externalizados sean adecuados, así como las condiciones de los profesionales que los ejecutan”, ha añadido Sánchez, al tiempo que ha señalado que “los informes de inspección de trabajo se han trasladado al consejero de Educación, por lo que está al corriente de la irregularidad que sufren estos 300 trabajadores y trabajadoras”.

Por todo ello, la diputada socialista ha recalcado que, si el Consell no soluciona esta irregularidad, “también abandona al profesorado y al alumnado de las instalaciones docentes afectadas por los incumplimientos de la empresa adjudicataria”.

Además, ha recordado que esta coyuntura puede provocar que los centros educativos se encuentren “sin higienizar y sin condiciones óptimas de limpieza” al inicio del curso.

En ese sentido, la diputada socialista ha explicado que se han visto implicados hasta 70 centros educativos de las provincias de Alicante y Valencia, siendo las comarcas del Vinalopó y L’Alcoià las más perjudicadas.

“Esta situación de irregularidad se viene produciendo desde diciembre de 2023 y el consejero Rovira es conocedor de la situación”, ha detallado Sánchez, quien ha explicado que “en febrero y julio ya se produjeron concentraciones frente a la Consejería, pero la situación sigue sin solucionarse”.

“Si la empresa ya ha comunicado a la administración su insostenibilidad financiera para hacer frente a su obligación con las trabajadoras y los trabajadores, la Consejería tiene el deber de actuar de forma ágil para buscar alternativas viables que resuelvan la situación”, ha indicado la diputada.

De lo contrario, ha agregado, “no solo se pone en riesgo un servicio de atención a los centros educativos, sino también se mantiene a tres centenares de trabajadores en una situación de alarmismo y de incertidumbre debido a que se encuentran sin cobrar salarios correspondientes al curso anterior a escasos días de su incorporación”.

Desde la Consejería han explicado que en el contrato licitado por el anterior ejecutivo de PSPV y Compromís la empresa presentó una oferta con una baja de casi el 30% del presupuesto de licitación y de conformidad con la Ley de Contratos resultó adjudicataria de tres lotes.

La empresa, han agregado en este sentido, “ha pedido el incremento de precio por hora debido al incremento del SMI, pero la Ley de contratos del sector público no permite la revisión de precios en los contratos de prestación de servicios”. No obstante, y “fruto de la voluntad de diálogo de la Consejería”, se han mantenido diversas reuniones con la empresa y se solicitó informe al CJC sobre la petición del incremento del SMI y el CJC informó de forma desfavorable. Por ello, explican desde Educación, “se está trabajando en una solución urgente que permita que se normalice lo más rápidamente posible la prestación del servicio de limpieza en los centros, que es una prioridad”.

“Inviable la gestión del servicio”

La empresa gestora de los 70 centros precisa en un comunicado que ya ha pedido a Educación la rescisión del contrato del servicio en los citados centros. Y añade que desde febrero de 2023 han informado a la Consejería de Educación de las pérdidas “que se estaban produciendo en los balances contables de los lotes, que hacían inviable la gestión del servicio”. Según la pyme valenciana, la subida del SMI decretado en su día por el Gobierno de España ha supuesto un aumento, tanto de los costes laborales, como de las propias cláusulas de los convenios colectivos, negociados a posteriori y muy por encima de las estimaciones recogidas en los propios pliegos de la licitación.

“El elevado incremento del IPC ha incidido también directamente en los convenios colectivos de Alicante y Valencia, con alzas muy por encima de lo estimado en los pliegos por parte de la Administración”. Y todo ello ha supuesto un aumento de los costes en un 17% aproximadamente sin que, a pesar de ello, “hayamos conseguido una revisión al alza de los contratos”, añade. Según figuraba en el pliego de los lotes, la previsión de los técnicos de la Consejería era un beneficio industrial del contrato de un 6% como máximo, con lo que el desfase resulta “insoportable para nuestras finanzas”, apunta la firma. El retraso, además, en los pagos de algunas facturas por parte de la Generalitat no ha hecho más que empeorar la situación.

El grupo socialista ha presentado una proposición no de ley para incrementar el control sobre las adjudicatarias de servicios y evitar que estas situaciones se repitan. Entre las medidas que se insta al Consell para que adopte se incluye la necesidad de establecer un procedimiento ágil de rescisión de contrato cuando se vulneren los derechos sociales y cualquier otro tipo de cláusulas administrativas que perjudiquen a los y las trabajadoras.