92 familias afectadas por el incendio de Campanar en Valencia han abandonado los pisos cedidos por el Ayuntamiento
Quedan en el bloque unos 7 damnificados por el siniestro, por lo que el consistorio ha activado los protocolos de vivienda y servicios sociales para ayudarles
92 familias afectadas por el incendio del edificio de Campanar que arrasó el pasado febrero sus casas han abandonado el edificio cedido gratuitamente por el Ayuntamiento de Valencia en el barrio de Safranar para realojarlos como solución de urgencia. Cerca de un centenar de residentes afectados por el siniestro, a los que el fuego arrebató sus casas y pertenencias, solicitaron estas viviendas sociales, en las que han permanecido durante seis meses. Restan todavía 7 familias en el bloque de propiedad municipal y el consistorio ha anunciado que activarán los protocolos de vivienda y servicios sociales para atender sus necesidades.
El concejal de Urbanismo de Valencia, Juan Giner, ha insistido en que 92 de esas viviendas están ya disponibles para ser adjudicadas a los solicitantes de viviendas de alquiler municipal, al tiempo que ha agradecido a los antiguos moradores “el buen estado en el que han dejado los inmuebles”, lo que va a permitir una rápida ocupación a los nuevos beneficiarios”.
Giner ha insistido en que ha habido una coordinación integral de todos los departamentos públicos para ayudarles en estos seis primeros meses y a partir de ahora los afectados del incendio podrán beneficiarse de las ayudas al alquiler previstas por la Generalitat Valenciana, y que oscilan entre los 1.000 y los 1.500 euros mensuales.
Entre los que este lunes han dejado el edificio estaba José Antonio Olaizola, de 76 años, que ha agradecido al Ayuntamiento haberles cedido la vivienda durante seis meses y ha explicado a EFE TV que él y su mujer se van alquilados a un piso en Lloma Llarga (Paterna). También se ha ido del inmueble a su nuevo piso Ana Aguilar, una vecina de 88 años que se muda a otra vivienda en el mismo barrio de Campanar donde siguen sus amigas y donde ella se siente a gusto. Así lo ha comentado Julián García, el conserje del edificio incendiado mientras la ayudaba, junto a un hijo de la mujer, a cargar varias bolsas, un televisor y una mesa en una furgoneta para la mudanza. “Estoy muy contenta; quiero dar las gracias por todo, aquí se han quedado amigos y el piso está muy bien”, ha asegurado Ana.
Un centenar de familias solicitaron hace meses al Ayuntamiento reubicarse en el bloque de pisos de propiedad municipal del barrio de Zafranar, en el ditrito de Patraix. Un edificio que cuenta con 131 viviendas de nueva construcción repartidas en siete plantas, con entre dos y tres dormitorios y hasta 75 metros cuadrados. El inmueble está ubicado a dos kilómetros de Campanar.
El plazo previsto para la cesión gratuita de estos pisos públicos era inicialmente de tres meses, aunque al final se prorrogó hasta los seis en función de la situación de cada uno de ellos. Los técnicos municipales priorizaron a las familias con niños, personas con dependencia y mayores.
La mayoría de los afectados que lograron huir de las llamas abandonaron sus hogares con lo puesto. Quienes lo necesitaron se alojaron en un hotel de Valencia durante los primeros días hasta que el Ayuntamiento de Valencia recurrió al edificio de su propiedad cuyo destino es el alquiler social. “La idea es que las familias puedan reanudar, en la medida de lo posible, su vida y puedan dejar el hotel que les brindó una primera acogida, para recuperar un espacio en el que retomar sus rutinas, un lugar donde estas familias puedan sentirse a gusto”, manifestó entonces la alcaldesa de Valencia, María José Catalá.
Ahora, pasados seis meses del trágico suceso, en el que 10 vecinos perdieron la vida, un gran esqueleto negruzco da idea del horror vivido la tarde y noche del pasado 22 de febrero. “Es como volver a empezar de cero”, apuntaba la semana pasada Enrique Salvador, propietario de uno de los pisos calcinados y presidente de la Asociación de Propietarios Afectados por el Incendio de Campanar (Aproicam), que reúne al 99% de los dueños de los inmuebles siniestrados. Sus esperanzas están puestas en la investigación judicial del suceso: saber qué ocurrió, por qué y que se depuren si hay responsabilidades; y en la rehabilitación del complejo de viviendas que el fuego redujo a cenizas.