La burocracia fracasó y Juana murió sin la compañía de sus hijas: “Voy a resistir, traten de llegar”

Una inmigrante con cáncer terminal en Valencia no logró el visado de urgencia para su familia, que vive en Bolivia, tras los cinco meses de “calvario” de trámites, según explica el amigo que la ayudó

Juana Armella y sus hijas Priscila y Daniela, en una imagen cedida por la familia de hace 20 años.

Juana Armella se dedicaba a cuidar personas mayores, como otras muchas inmigrantes que han de buscarse la vida fuera de su país. Llegó a España en 2005 y su familia se quedó a 9.000 kilómetros de distancia, en Bolivia. Se abrió camino, consiguió la nacionalidad española y logró enviar dinero de manera regular a su país para sus tres hijos adolescentes. En 2015 le detectaron un tum...

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Juana Armella se dedicaba a cuidar personas mayores, como otras muchas inmigrantes que han de buscarse la vida fuera de su país. Llegó a España en 2005 y su familia se quedó a 9.000 kilómetros de distancia, en Bolivia. Se abrió camino, consiguió la nacionalidad española y logró enviar dinero de manera regular a su país para sus tres hijos adolescentes. En 2015 le detectaron un tumor y su salud no dejó de complicarse desde entonces. Finalmente, le diagnosticaron un cáncer terminal. Juana era muy consciente y tan solo expresó un deseo: pasar sus últimos días al lado de su familia. Se había pasado la vida cuidando de los demás y ahora necesitaba que la cuidaran, estar junto a los suyos, despedirse. No fue posible. La burocracia lo impidió.

Juana murió sola el pasado 19 de marzo en el hospital de la localidad valenciana de Manises. Tenía 55 años. Cinco meses antes, desesperada, había llamado a Joan Marí para contarle su situación y pedirle ayuda. “Yo no sabía nada de ella desde que murió mi madre, y de eso hace ahora ocho años. Juana la cuidaba. Era muy cariñosa, la manejaba muy bien. Tenía mucha paciencia. En fin, yo estaba muy agradecido”, explica Joan. “Me pidió ayuda porque estaba sola, desamparada y muy enferma de cáncer. Lo único que quería era que viniera una de sus dos hijas desde Bolivia para cuidarla y poder despedirse de su familia. Pero los bolivianos, a diferencia de otras nacionalidades latinoamericanas, necesitan un visado para poder viajar a España. Le dije que lo intentaría”, recuerda este ingeniero jubilado que también trabajó un decenio como funcionario.

Joan Marí, que intentó ayudar hasta el final a Juana, en su casa en Valencia.MONICA TORRES

Joan se volcó y pasó por un “calvario burocrático” mientras la vida de Juana se extinguía. Pasado el tiempo, no deja de pensar en ello. Le entristece e indigna “la deshumanización” de la administración, de las normas, de alguna funcionaria... Por eso quiere contar y documentar el caso de Juana, que solía esconder a sus hijos la gravedad de su enfermedad cuando hablaba con ellos por teléfono, cuando les escribía por WhatsApp... “Siempre se callaba las cosas para que nosotras no nos angustiáramos. Pero al final de cuentas las cosas salen a la luz. Un matrimonio mayor, al que le estamos muy agradecidas, nos mantenía informadas. La ayudó mucho, al igual que Joan, un ser de luz. Mi mami jamás dejó de ayudarnos, de enviar dinero, de velar por nosotros, siempre estaba pendiente”, recuerda Priscila, de 31 años, hija de Juana, en conversación telefónica desde Bolivia.

Unos años antes, Juana había iniciado un procedimiento de reagrupación familiar para que una de sus hijas viviese con ella en España. La Administración se lo denegó. El visado para estancias cortas, de un máximo de 90 días, pensado para los turistas, es un procedimiento complicado para las familias de escasos recursos porque, entre otras cosas, tienen que acreditar una disponibilidad de medios económicos.

Joan se puso en contacto con la abogada de Extranjería que ayudaba a Juana y esta, ante la necesidad de lograr un visado de urgencia, le sugirió que, en algunos casos extremos, los Servicios Sociales municipales pueden elaborar informes sobre el historial clínico de la persona afectada y sobre su situación de gravedad, desamparo y dependencia.

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Joan se dirigió entonces al Ayuntamiento del municipio valenciano de Mislata, donde residía Juana, para iniciar los trámites. Se encontró con la empatía y la atención de una funcionaria que enseguida se mostró dispuesta a tramitar la ayuda a domicilio y la dependencia para Juana y la actitud, no solo refractaria sino hostil, de otra que se negaba a elaborar el informe, según comenta indignado. “La ayuda de la dependencia estaba bien, pero yo buscaba el visado. Pidieron un requerimiento judicial para elaborar el informe, pero la abogada lo desestimó porque los informes clínicos son concluyentes y suficientes. No podíamos perder tiempo. Insistí”.

Ante la negativa a redactar el informe, Joan presentó el 16 de enero una “reclamación por registro, en representación de Juana” para confirmar si esa era la posición oficial de los Servicios Sociales. Aportó los informes y certificados de los dos hospitales que trataron a Juana. Para conseguirlos tuvo que esperar “un mes y medio”, se lamenta. En febrero, como no obtenía respuesta del Ayuntamiento, se dirigió a una amiga que conocía al alcalde, Carlos Fernández Bielsa. Este se interesó por el asunto que se empezó a agilizar, sostiene Joan. “Servicios Sociales dijo que faltaba un papel, una autorización firmada por Juana para mi representación. ¡Ya me lo podían haber dicho antes! La presenté”, señala.

Juana Armella, en una imagen cedida por la familia.

“Por fin, el 3 de marzo me dijeron que ya estaba el informe y que lo habían enviado por correo a casa de Juana. No llegó. Juana no podía ni moverse ni por supuesto ir a las oficinas a recogerlo, como me pidieron entonces. Era el colmo. Más protestas por mi parte y al fin cedieron para recogerlo yo, pero con una nueva autorización firmada, la misma que me exigieron casi un mes antes. La conseguí, fui y por fin el 10 de marzo tuve el informe”, relata Joan.

El relato de Servicios Sociales de Mislata es diferente. “Desde el 28 de diciembre, lo que se empieza a hacer desde Servicios Sociales es la valoración y tramitación de dependencia” que era lo que se pedía, según señalan a este periódico fuentes del gabinete de Comunicación del Ayuntamiento. “Y se logra hacer en menos de dos meses” por la urgencia del caso, además de informarle y proporcionarle ayudas sociales, añaden las mismas fuentes. Estas inciden en que si se retrasó el informe es porque el interesado no presentó hasta el 10 de marzo la autorización de la mujer para su representación, lo que es “preceptivo si no eres tú directamente el afectado, ya que se facilitan datos personales”.

En cuanto pudo, Joan envió el informe por correo electrónico a las hijas de Juana. “En el consulado de La Paz [capital de Bolivia] nos dijeron que con el visado humanitario era suficiente y nos dieron esperanzas, pero que nos correspondía ir al consulado de Santa Cruz [capital comercial del país]”, explica Priscila. “Fuimos allí, mi hermana, tras 10 horas de viaje en autobús, pero no nos atendieron. Era viernes. Nos dijeron que volviéramos el lunes. Y el lunes, que lo tramitáramos a través del BLS [centros de solicitud de visa de España]. Lo intentamos por todos los medios esa semana. El sábado pudimos hablar con mi mami, aunque apenas podía hablar por la tos. Había empeorado mucho. Para calmarla le dijimos que ya nos citaban por ir allá. ‘Voy a resistir, traten de llegar’, nos dijo. Al día siguiente murió. Ni pudimos estar a su lado, ni despedirnos. Ni podemos llorar su cuerpo. No dejo de pensar en ello”, concluye.

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