La familia de la niña muerta por una peritonitis sin diagnosticar se querella contra los médicos que la atendieron

La familia de Emma Martínez Gascón, fallecida el pasado 6 de febrero a los 12 años en Valencia, ha presentado en el juzgado una querella en la que califican de “homicidio por imprudencia grave profesional” la falta de atención médica adecuada para su hija. La madre...

La familia de Emma Martínez Gascón, fallecida el pasado 6 de febrero a los 12 años en Valencia, ha presentado en el juzgado una querella en la que califican de “homicidio por imprudencia grave profesional” la falta de atención médica adecuada para su hija. La madre llevó a la menor dos veces al centro de salud de la población castellonense de Viver, el que le corresponde al residir en el vecino municipio de Jérica, y, posteriormente, el padre la trasladó al Hospital de Sagunto, ante el grave empeoramiento de su estado de salud.

Según la querella, no se cumplieron los protocolos ni se prescribieron ni se practicaron pruebas que podían haber dignosticado la grave dolencia. Murió ocho días después de notar los primeros síntomas en el Hospital Clínico de Valencia.

En el relato de los hechos se explica que el sábado 28 de enero Emma comenzó a sentir dolor abdominal por la tarde, acompañado de náuseas y vómitos. La madre decidió llevarla a Urgencias del Centro de Salud de Viver. Allí el médico la exploró y determinó que la menor tenía dolor en la fosa ilíaca derecha (FID)/ovárico derecho con náuseas y vómitos.

La madre de Emma le comunicó al doctor que su hijo mayor había sufrido apendicitis a la misma edad que la niña y que fue tratado mediante cirugía. Pese a ello, y los antecedentes narrados por la madre, el facultativo envió a la menor a casa tras administrarle Primperán intramuscular y pautarle paracetamol cada ocho horas.

El miércoles 1 de febrero, madre e hija acudieron de nuevo al Servicio Médico de Atención Continuada del Centro Sanitario de Viver, porque el dolor persistía y se incrementaba, con vómitos y diarrea, con imposibilidad “casi absoluta” de ingesta durante los 3 ó 4 días que ya duraba el proceso doloroso.

En esa ocasión el doctor “no se levantó de la silla” para explorar a la niña e incluso “recriminó” a la madre que hubiera acudido de nuevo a urgencias, pues “ya le habían indicado que la dolencia era consecuencia de un virus y que no debía precipitarse, pues supuestamente, esos procesos tardan en curar”, según la querella. Los padres han reiterado este relato de los hechos en una tragedia que ha consternado especialmente a la comarca del Alto Palancia de Castellón.

La madre le transmitió su gran preocupación porque la niña “apenas podía moverse” y llevaba desde el sábado prácticamente sin comer nada. El facultativo le dijo que la niña tenía que comer para mejorar y “sin observar ni explorarla” le diagnosticó “diarrea no especificada” y le dio el alta.

Ante este diagnóstico, la familia explica que la diarrea no fue el motivo de la consulta sino el “persistente y fuerte dolor abdominal con vómitos, diarrea y falta de ingesta”, por lo que el médico, apuntan, “no refirió en su informe lo realmente sucedido”, un trato, según el escrito de la querella, “totalmente inadecuado”.

Explican que si el doctor hubiera seguido las pautas que indica la doctrina científica ante “cuadros de abdomen agudo”, y si hubiera explorado a la menor, algo que “no hizo en absoluto”, habría remitido a la menor al Hospital de Sagunto para realizar allí las pruebas pertinentes que confirmaran o descartaran una apendicitis aguda.

Como el dolor, las náuseas, los vómitos y la casi absoluta falta de ingesta persistió y se incrementó y la niña se encontraba cada vez más débil, el sábado 4 de febrero, el padre, que hasta entonces estaba de viaje laboral, llevó a la niña al servicio de Urgencias del Hospital de Sagunto, donde un médico residente le prescribió paracetamol para lo que calificó de “dolor abdominal no especificado”.

Esta apreciación no se correspondía con la realidad, pues, según la exploración que realizó, presentaba “abdomen blando y depresible, doloroso a la palpación en hemiabdomen inferior”, lo que, según la querella, “son señal indicativa de irritación peritoneal” y son la “primera de las posibles causas de apendicitis”.

Por ello, “no resulta lógico, y supone una clara infracción de la práctica profesional médica, que se realizara un análisis de orina y no uno de sangre y que tampoco se realizara una prueba diagnóstica de imagen” para descartar o confirmar la apendicitis, que en ese momento “presumiblemente estaba ya a punto de la perforación intestinal, si no se había producido ya”.

Al día siguiente, el domingo 5 de febrero, la menor se desvaneció en casa sobre las 21.00 horas. Sus padres la llevaron a urgencias en Viver donde entró en parada cardiorespiratoria, e iniciaron las maniobras de reanimación. Los facultativos del SAMU consiguieron estabilizar a la menor y trasladarla al Hospital Clínico de Valencia donde ingresó intubada.

El equipo de el Clínico realizó una prueba que constató la existencia de una perforación intestinal, signo de peritonitis, e isquemia con “shock multiorgánico”. Entró en quirófano de urgencias y mientras se reanimaba “sin tregua” se la intervenía quirúrgicamente pero “el fallo multiorgánico con insuficiencia renal y hepática graves, así como acidosis metabólica, provocó la muerte de la menor dos horas más tarde”.

En el informe del centro se certifica la causa de la muerte como el shock séptico refractario cuya causa inicial o fundamental fue “abdomen agudo”. Los hechos relatados, según la querella, son constitutivos de un presunto delito de homicidio por imprudencia grave profesional, al no haber aplicado a la paciente las prácticas adecuadas ni prescribir ni practicar pruebas complementarias que hubiesen dado la oportunidad de realizar una “sencilla” intervención quirúrgica.

El consejero de Sanidad, Miguel Mínguez, se reunió con la familia la pasada semana para expresar sus condolencias y asegurar que se analizaría toda la actuación. El presidente valenciano, Ximo Puig, ha afirmado que los familiares tienen “todo el derecho a estar indignados”. “Alguna cosa no hemos hecho bien”, apostilló. En la querella, la Generalitat es la responsable civil subsidiaria.