Los trabajadores ‘zombis’ cuentan su “pantomima”: contratos públicos para fines privados o del partido

El juicio por los 15 trabajadores zombis que habrían contratado empresas públicas de la Diputación de Valencia y la Generalitat en la época en la que estaban gobernadas por el Partido Popular pero que, según la Fiscalía, no habrían trabajado realmente para estas instituciones ha vivido este miércoles la declaración de los diez que, tras un pacto para devolver lo percibido y rebajar su p...

El juicio por los 15 trabajadores zombis que habrían contratado empresas públicas de la Diputación de Valencia y la Generalitat en la época en la que estaban gobernadas por el Partido Popular pero que, según la Fiscalía, no habrían trabajado realmente para estas instituciones ha vivido este miércoles la declaración de los diez que, tras un pacto para devolver lo percibido y rebajar su pena a catorce meses de cárcel, reconocen ahora los hechos que negaron inicialmente.

En su nueva versión, han apuntado al expresidente de la corporación provincial, el popular Alfonso Rus, que declarará este jueves, y a su entorno más cercano, incluido Marcos Benavent, el “Yonqui del dinero”, como responsables de sus contrataciones. “Una pantomima”, así ha calificado su contrato con la empresa pública el que fuera el testaferro de este último, José Estarlich.

Entre los conformados está el ex futbolista Miguel Ángel Mullor, que fichó por el Olímpic de Xàtiva, el club de fútbol de Rus, y que ha explicado que al poco de que éste fuera nombrado presidente de la Diputación, le contrató para la empresa pública de la corporación y dejó de cobrar de la entidad deportiva. “Tenía contrato con el club pero una vez fui contratado por Imelsa cobraba de Imelsa por jugar. Fui contratado para asesor a Isidro Prieto pero no lo hice. No lo conozco”, ha asegurado. Imelsa, de la Diputación, ya extinguida, se dedicaba a la promoción económica.

Otro de los acusados, Manuel Gómez, ha explicado que al encontrarse en paro a los sesenta años pidió trabajo y repartió su currículo a todos los que tenía a su alrededor “y también a Alfonso Rus”. Al poco tiempo le llamaron de la empresa que construía los colegios de la Generalitat. “Me puse a disposición de los consejeros de Ciegsa y asistí a alguna presentación a repartir propaganda pero donde realizaba mi trabajo era en la sede del PP”, ha afirmado.

El confeso testaferro de Benavent, José Estarlich, explicó que le contrató porque lo conocía y necesitaba “liquidez” y que trabajó cuatro meses a sueldo de Imelsa pero que fue “una pantomima”. “El contrato era para que tuviera más tiempo libre con el que hacer gestiones personales y para Benavent”. “Cobré unos 14.000 euros y los he devuelto”, ha dicho.

Esa fue la línea general. “Me contrato Emilio Llopis (jefe de gabinete de Rus) y me dijo que iba a ser su asesor pero nunca le asesoré”, apuntó Raúl Mateo. ha devuelto 67.000 euros. “No realicé ningún trabajo y cobré”, confirmó Eva Luis Sarrión.

Zombis socialistas

Aunque el relato de la fiscalía apunta a que 13 de esos 16 contratos tienen relación personal o profesional con el PP, también apunta a tres que la tenían con el PSPV. El exdiputado socialista Raúl Padrón ha reconocido que firmó dos certificados en los que aseguraba que Francisco Cañizares, cuyo juicio se celebrará de manera paralela y que eleva a 16 el número de ‘zombis’, era su asesor sin serlo porque, en realidad, según él mismo afirmó el lunes, trabajaba en la sede del partido en labores de mantenimiento.

“Me los hizo llegar un trabajador del grupo socialista y no los firmé porque no sabía que estaba adscrito a mí. Luego me dijeron que era del anterior diputado y que los tenía que firmar y ante la insistencia cometí el error de hacerlo”, ha señalado.

La declaración más desconcertante fue la de Antonio Gil, que tras confirmar el pacto de conformidad con el Fiscal ha asegurado que sí que trabajó realmente en CIEGSA… para volver a negarlo tras hablar con su abogada en un receso. “Lo he visto en un momento de obcecación y no he querido interrumpirle”, ha argumentado la letrada para pedir una segunda declaración. En ella su defendido ha señalado que tras un año y medio en la empresa pública pasó a trabajar “en la sede del PP” y afirmó que es algo que saben todos los que le conocen.

Nóminas privadas

Entre los zombis hay un caso especial, el de dos trabajadores de una empresa de comunicación, La Grafíca, cuyo dueño ha explicado que se pagaron sus nóminas desde Imelsa como compensación de una deuda. “Imelsa me enviaba una serie de trabajos para La Gráfica que no me pagó. A Marcos Benavent le pedí que me pagara esas facturas y lo que se me planteó fue que pagaran las nominas de dos trabajadores durante cuatro meses porque era más o menos esa cantidad”, ha recordado el empresario José Vedri.

Se trata del segundo juicio de la macrocausa de Imelsa, puesto que en mayo se juzgó la primera de ellas, la relativa a Thematica, con el Yonqui del dinero como principal acusado, quien ha sido condenado a siete años y 10 meses de prisión.

Alfonso Rus se enfrenta a una pena de 12 años de prisión, según se desprende de la calificación provisional del ministerio fiscal. Fiscalía atribuye a Rus los delitos de pertenencia a organización criminal, un delito continuado de malversación de caudales públicos, de prevaricación administrativa y de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público. Para el ex secretario autonómico de Educación del PP Máximo Caturla y el exjefe de gabinete de Rus, Emilio Llopis, reclama la misma pena que para el expresidente de la Diputación por idénticos delitos, además de multa e inhabilitación.

Al socialista Rafael Rubio se le acusa de un delito continuado de malversación de caudales públicos, de falsedad en documento oficial y un delito continuado de prevaricación administrativa.