El expresidente de la Diputación de Valencia apunta como impulsor de los contratos del ‘caso Alqueria’ a un acusado en ‘Azud’

El expresidente de la Diputación de Valencia, el entonces socialista Jorge Rodríguez, ha declarado este lunes en el juicio del caso Alqueria y ha señalado a José Luis Vera, abogado próximo al PSPV-PSOE, que era el responsable de los servicios jurídicos de la misma, como ideólogo y aval de los contratos de alta dirección ...

El expresidente de la Diputación de Valencia, el entonces socialista Jorge Rodríguez, ha declarado este lunes en el juicio del caso Alqueria y ha señalado a José Luis Vera, abogado próximo al PSPV-PSOE, que era el responsable de los servicios jurídicos de la misma, como ideólogo y aval de los contratos de alta dirección en la empresa pública Divalterra (antes Imelsa) que le han llevado al banquillo junto con otras trece personas. Además, Rodríguez ha recalcado que nadie, tampoco la oposición, los cuestionó cuando los realizaron al poco de acceder al cargo en 2015 tras realizar una reordenación de un ente que había sido uno de los focos de corrupción en la época del PP.

La tesis del juez instructor, de la Fiscalía y de las acusaciones es que Rodríguez y los suyos crearon siete contratos de alta dirección paralelos a otros ya existentes para beneficiar a miembros y simpatizantes de su partido y de Compromís, con quien gobernaban la Diputación. Se les acusa de malversación y prevaricación.

El actual alcalde de Ontinyent, que se salió del PSPV-PSOE tras no poder presentarse a la reelección al cargo en 2019, sólo ha contestado a preguntas de las defensas y del tribunal y ha remarcado que suprimió una decena de contratos de asesor en esa misma empresa pública (sobre un total de 45), de los que podría haber dispuesto libremente si “su intención hubiese sido colocar a alguien”. Esa decisión, ha asegurado, supuso un ahorro en tres años de 1,2 millones, cifra muy parecida a la que se les acusa de malversar.

El controvertido Vera

Citado a declarar como testigo dentro de unas jornadas, Vera es un veterano abogado vinculado históricamente al PSPV-PSOE y que hace unos meses apareció implicado en el caso Azud. Ese caso investiga presuntas adjudicaciones irregulares en el Ayuntamiento de València en la época de Rita Barberá con su cuñado José María Corbín y el exvicealcalde Alfonso Grau como posibles comisionistas, pero también apunta a que el cabecilla, el empresario Jaime Febrer, habría usado los servicios de Vera (que se habría embolsado según el sumario 1,3 millones de euros) para amañar adjudicaciones en otros ayuntamientos gobernados por el PSPV-PSOE.

Rodríguez ha detallado que le recomendó la contratación de Vera su entonces jefe de gabinete, José Manuel Orengo, exalcalde de Gandia, que después fue asesor del presidente, Ximo Puig, y que declarará también como testigo. “Me recomendó su contratación, yo no le conocía de nada. Habían trabajado juntos en Gandia, me dijo que Vera había sido magistrado sustituto de la Audiencia Provincial, que había trabajado en causas importantes de corrupción, que daba clases en la UV, que conocía las empresas públicas, que había sido director general...”, ha reseñado.

Además, ha recordado que le dijo que tenía buena relación con el fiscal del caso Imelsa una trama de corrupción ligada principalmente al PP y con Marcos Benavent, el yonki del dinero como protagonista. Se trata de Pablo Ponce, que también ejerce de fiscal en esa causa. “Me lo dijo en un correo electrónico de octubre de 2016 que sorprendentemente no ha sido seleccionado por la UDEF”, ha deslizado.

Los contratos

Rodríguez ha asegurado que fue Vera quien le habló por primera vez de los contratos de alta dirección como posibilidad y que le aseguró que se les hacía un “flaco favor” a los elegidos para dirigir las siete áreas de gestión que se crearon. Tenían por tanto su visto bueno como responsable jurídico, ha insistido. El expresidente de la Diputación sí que ha reconocido que había otras opciones contractuales pero ha contado que se le pidió al catedrático Alfonso Mellado un informe que avalara la regularidad de los mismos y que no vio inconveniente.

Rodríguez, que ha destacado que sólo conocía personalmente a dos de los siete contratados, ha dicho que tampoco conocía antes de acceder al cargo a los denunciantes del caso Alquería, José Luis Pellicer y José Luis Castellote. Ha narrado que les vio en los consejos de administración de Divalterra y que “al leer el sumario del caso Imelsa” supieron “que habían sido beneficiarios de nóminas VIP en las que cobraban productividades sin control, entre 6.000 y 8.000 euros”.

Reveses previos

La declaración del expresidente de la Diputación de Valencia, que ha sido el primero de los acusados en hacerlo, ha llegado tras resolver el tribunal las cuestiones previas que plantearon las partes y descartar trasladar estas comparecencias al final del proceso. Igualmente se ha denegado la petición de nulidad y de devolver el caso a su fase de instrucción, algo que se reclamaba por entender que habían sido conculcados los derechos de defensa.

Además, la sección primera de la Audiencia Provincial de Valencia ha acordado permitir que se mantengan en la causa las acusaciones populares que ejercen Acción Cívica y el PP de la Diputación valenciana, aunque en el caso de los populares se les conmina a “subsanar los defectos” que se han detectado en su legitimidad y se les ha advertido que en caso de no hacerlo serán expulsados más adelante.

Entre las pocas cuestiones previas presentadas por las defensas y atendidas por el tribunal está la de permitir a los acusados que se sienten junto a sus abogados y la citación como testigos del actual presidente de la corporación provincial, Toni Gaspar, del citado Orengo, así como la de algunos exdiputados como la actual consejera de Participación, Rosa Pérez Garijo. En cambio, la de la actual ministra de Ciencia Diana Morant, que también formaba parte entonces de la Diputación como alcaldesa de Gandia, ha sido descartada.

Finalmente, la decisión sobre la petición de Rodríguez de que quedara registrado que se vulneraron sus derechos fundamentales en la detención (algo que requirió con la idea de una posterior denuncia a los responsables de la misma) ha quedado aplazada al momento de la sentencia.