El Consell encarga un informe sobre la tasa turística a la Universidad de Alicante para “ayudar a la toma de decisiones”

La Secretaría Autonómica de Turismo ha encargado un informe “con independencia absoluta y una opinión cualificada” sobre la tasa turística que mañana se llevará al pleno de las Cortes Valencianas para el inicio de la tramitación de la proposición de ley. La intención de este estudio, según declara a EL PAÍS el principal responsable autonómico del sector, Francesc Colomer, es que sirva para la “toma de decisiones” durante el periodo de alegaciones y la posterior redacción definitiva de la norma, y que cada uno forje “su o...

La Secretaría Autonómica de Turismo ha encargado un informe “con independencia absoluta y una opinión cualificada” sobre la tasa turística que mañana se llevará al pleno de las Cortes Valencianas para el inicio de la tramitación de la proposición de ley. La intención de este estudio, según declara a EL PAÍS el principal responsable autonómico del sector, Francesc Colomer, es que sirva para la “toma de decisiones” durante el periodo de alegaciones y la posterior redacción definitiva de la norma, y que cada uno forje “su opinión” a partir de un trabajo realizado “con solvencia académica”. Una vez evaluado y presentado, el informe se hará público y estará disponible en la web del Instituto Valenciano de Investigaciones Turísticas (Invat·tur), avanza Colomer.

Pese a que la normativa saldrá previsiblemente adelante para su tramitación—podría aprobarse a finales de año—, con el beneplácito del Botànic y pese al voto negativo de la derecha en pleno, la implantación de este gravamen a las pernoctaciones turísticas no consigue la unanimidad de los tres socios del gobierno autonómico. El PSOE ha anunciado que no es el momento de aplicarla pero este jueves apoyará en las Cortes la tramitación de la proposición de ley sobre la tasa turística, “sin renunciar a la capacidad de mejora durante el proceso”. Otros miembros del partido se han manifestado, generalmente, en contra de aplicarla. Entre ellos, varios alcaldes socialistas, el grupo municipal de Alicante, entre otros, y el propio Colomer, que no pierde ocasión de rechazar y descalificar el impuesto a las pernoctaciones. Los otros dos socios del Consell, Compromís y Unides Podem, sí defienden la tasa. Su argumento es que será voluntaria y que comenzará a aplicarse en 2024, tras una moratoria de un año posterior a su entrada en vigor. Es decir, cuando todo el planeta espera que se haya solucionado la crisis económica que ha explotado tras la pandemia y la guerra en Ucrania.

Joan Ribó, alcalde de Valencia, desplegó ayer el argumentario que utiliza su partido, Compromís, para defender el tributo, que considera “imprescindible”. A su juicio, la llegada masiva de turistas a la capital autonómica genera “un aumento de cargas” en “seguridad, limpieza y muchas otras cosas”, cuyo coste debería cargarse, en su opinión, “en los responsables de este aumento”. También la nueva vicepresidenta y portavoz del Consell, Aitana Mas, apuntaló la semana pasada la iniciativa, que ya ha pasado por dos acuerdos internos del Botànic. En el bando contrario, y desde la oposición que ejerce el Partido Popular en las Cortes valencianas, Toni Pérez, alcalde de Benidorm y secretario provincial del partido en Alicante. La capital turística alicantina no aplicará la tasa porque, sostiene Pérez, se convertiría en “un nuevo impuesto” que “penalizará” al sector. En el mismo sentido se ha pronunciado, en repetidas ocasiones, la patronal hotelera benidormí, Hosbec, y, en general, todos los sectores de la industria.

La tasa ya se ha puesto en marcha en Cataluña y Baleares, así como en grandes centros europeos de recepción de turistas como Roma, Florencia, Venecia, París, Amsterdam, Lisboa o Berlín. En la Comunidad Valenciana, según el borrador inicial, el coste oscilaría entre una horquilla que va de los 0,50 a los 2 euros, en función de la categoría del establecimiento elegido para alojarse, y contempla exenciones para diferentes colectivos, como los usuarios del Imserso, los deportistas profesionales o las personas con discapacidad. Según recalca el Botánic, su imposición será voluntaria y quedará en manos de los ayuntamientos.