Economía tiende la mano a las concesionarias para una reversión consensuada de las ITV

La reversión de los servicios de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) al sector público, anunciada por el Gobierno valenciano el pasado septiembre, se llevará a cabo a través de una comisión de trabajo donde estarán representantes de la Generalitat y de las actuales concesionarias del servicio. Es el acuerdo al que han llegado este miércoles la Asociación de Entidades Concesionarias de la Comunidad Valenciana de ITV (Aecova) y la consejería de Economía Sostenible, dirigida por R...

La reversión de los servicios de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) al sector público, anunciada por el Gobierno valenciano el pasado septiembre, se llevará a cabo a través de una comisión de trabajo donde estarán representantes de la Generalitat y de las actuales concesionarias del servicio. Es el acuerdo al que han llegado este miércoles la Asociación de Entidades Concesionarias de la Comunidad Valenciana de ITV (Aecova) y la consejería de Economía Sostenible, dirigida por Rafael Climent, solo un día después del agrio cruce de acusaciones que sostuvieron ambas por la rebaja de tarifas que la Generalitat impuso hace cuatro años.

Las empresas concesionarias persiguen una prórroga de los contratos, cuyo periodo de gestión privada finalizará en 2023, en compensación por las incidencias que se han derivado de la covid. Climent se regirá por lo que recomienden los informes técnicos y jurídicos, ha subrayado. “Con toda la documentación presentada se va a generar una serie de informes técnicos y jurídicos que serán los que digan si hay o no prórroga. La resolución ha de ser, en todo caso, vía informe técnico”, ha especificado Climent.

En un tono muy distinto al del encuentro de hoy miércoles, los portavoces de AECOVA-ITV, Manuel Trigo y Paco Llopis, amenazaron el martes con emprender acciones penales por lo que calificaban de “falsedad documental” [en alusión a los informes en poder de la Generalitat], y reclamaban una compensación a la Administración de más de 130 millones de euros por lo que ellos consideran “tarifas ilegales”. Pero Economía Sostenible responde que son ya tres las sentencias judiciales a su favor.

El consejero ha remarcado que en la memoria económica y administrativa, que se aprobó para constituir la Societat Valenciana d’ITV, basada en el registro mercantil y en los datos aportados por las empresas, corroboró un mínimo de 30 millones de euros de beneficio con la explotación pública. “Por tanto, no sé muy bien a qué se refieren o si quieren poner en entredicho el rigor con el que trabaja la consejería. Creemos que se equivocan de la misma forma que creemos que se equivocaron en el tono que mantuvieron en la rueda de prensa de ayer y así se lo hemos hecho saber”, ha dicho el consejero.

Desde este departamento niegan también que las subrogaciones de los empleados de las ITV vayan a ocasionar grandes problemas y afirman que no quieren “que ningún trabajador salga perdiendo”. Este, manifiestan, será un proceso largo en el que se habrá de pactar con los sindicatos. “Hemos de armonizar todos los salarios en función de las categorías que tengan y eso lo tenemos que hacer de forma dialogada”, ha continuado el consejero.

Con respecto a la polémica por el aumento de personal en las ITV, que análisis preliminares de la recién nacida Societat Valenciana d’ITV sitúan en hasta un 47%, Climent ha explicado que el propio contrato de concesión estipula que, durante los tres años previos a su finalización, es la Consejería la que ha de dar el visto bueno a las contrataciones. Solo entrarán en la subrogación las que se hayan llevado a cabo con la aprobación de la Administración.

Climent se ha reafirmado en que llevar a cabo la reversión de las ITV tan sólo supone cumplir con los acuerdos del pacto del Botànic y añade que la decisión no es algo “que los concesionarios no supieran desde hace 25 años”. El consejero también ha insistido en que la no renovación de los contratos ya se notificó a las concesionarias en septiembre del año pasado, las cuales recurrieron el anuncio ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Sección 5ª. Dicha sala ha tumbado recientemente la petición de medidas cautelares que las concesionarias pidieron junto al recurso.

“Para nosotros la seguridad vial es un servicio básico que podríamos equiparar con la Sanidad, la Educación o la Seguridad Social. Tenemos que ser muy rigurosos porque salvamos vidas y por eso ha de ser un servicio mejor incluso que el de ahora. Ese es el objetivo, ganar en eficiencia en la gestión y en la economía de cara a la ciudadanía”, ha declarado Climent.