Las concesionarias de ITV declaran la guerra a la Generalitat valenciana por la reversión pública de su explotación

Las siete empresas concesionarias de las ITV en la Comunidad Valenciana están en pie de guerra contra la Generalitat por sus planes de revertir el servicio a la gestión pública. El Consell, presidido por el socialista Ximo Puig, que gobierna en coalición con Compromís y Unides Podem, notificó el pasado mes de septiembre la no renovación, una vez finalizada su vigencia, de los contratos de privatización de los servicios de ...

Las siete empresas concesionarias de las ITV en la Comunidad Valenciana están en pie de guerra contra la Generalitat por sus planes de revertir el servicio a la gestión pública. El Consell, presidido por el socialista Ximo Puig, que gobierna en coalición con Compromís y Unides Podem, notificó el pasado mes de septiembre la no renovación, una vez finalizada su vigencia, de los contratos de privatización de los servicios de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) que hace 25 años firmó el expresidente Eduardo Zaplana, del PP.

Paco Llopis y Manuel Trigo, representantes de la Asociación de Entidades Concesionarias de la Comunidad Valenciana para la Inspección Técnica de Vehículos (AECOVA-ITV), han anunciado esta mañana en Valencia que reclamarán una compensación a la Administración de más de 130 millones de euros por lo que ellos consideran “tarifas ilegales”. La Generalitat impuso hace cuatro años una bajada del coste de las inspecciones que están obligados a pasar todos los vehículos a motor con una periodicidad que depende de su antigüedad. Esa obligatoriedad garantiza los ingresos y, por tanto, el negocio. Las competencias en las ITV están transferidas a las comunidades autónomas. En la valenciana hay 25 estaciones fijas y seis móviles de ITV actualmente operativas y una docena previstas próximamente.

Con la aprobación el pasado viernes de un decreto ley que autoriza la creación de la mercantil pública Societat Valenciana d’ITV, que gestionará las inspecciones y absorberá los 1.200 trabajadores del sector, la Generalitat pone en marcha una reversión que se materializará a partir de 2023, lo que ha provocado el recrudecimiento del enfrentamiento entre las firmas y la Administración. Las empresas auguran un largo litigio con amenazas de acciones penales e informes contrarios a los de la Administración. Consideran que se trata de una “reversión ideológica”.

El Tribunal Supremo rechazó el pasado enero el recurso de casación de la Generalitat contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJV) que tumbaba la bajada de tarifas aprobada por el Consell y que fue recurrida por las concesionarias. Esta reducción es el motivo por el que las concesionarias ahora reclaman más de 130 millones de euros a la Administración, más un aumento del 3,7% anual por los intereses, que repercutirían en el bolsillo de los contribuyentes.

Desde las empresas apuntan que “la falsedad documental” del Consell ha pretendido “influir” al juez sobre sus reclamaciones y afirman que alguna de las entidades está barajando presentar acciones penales y recuerdan que con cada día aumenta el total de la indemnización que piensan reclamar debido a los intereses, los cuales cifran ya en 50 millones de euros. “Tenemos la esperanza de obtener la indemnización que por derecho nos corresponde. Ahora nos ha sido negada por defecto de forma, que no de fondo, y todavía nos queda otra reclamación que presentaremos en las próximas semanas, afirma Trigo.

Fuentes de la consejería de Economía Sostenible, dirigida por Rafael Climent, de Compromís, recuerdan que ya existen tres sentencias, de las siete reclamaciones presentadas por cada una de las concesionarias, que desestiman dichas pretensiones de indemnización. A esto hay que añadir una nueva sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Sección 5ª, la cual ha tumbado la petición de medidas cautelares que las empresas pidieron al recurrir la comunicación del fin de contrato.

En el auto los magistrados afirman que la no prórroga de la concesión es algo previsible de acuerdo con los términos pactados en el contrato y no algo “extraño que ocurra”, por lo que los concesionarios “deben estar preparado para tal evento”. Además, sentencian que debe prevalecer la inmediata ejecutividad del acto administrativo y su presunción de validez.

Además, los empresarios han rechazado los análisis preliminares de la recién nacida Societat Valenciana d’ITV, que apuntan a una reducción de rentabilidad de las concesiones debido a un aumento constante de los gastos de personal que cifran hasta en un 47% en los últimos años. Los concesionarios han negado las acusaciones de un aumento del gasto en plantilla y achacan dicho crecimiento estructural a un cambio de la legislación y a la necesidad de responder a los efectos de la pandemia.

“Hemos tenido que paliar la cantidad de trabajo acumulado por el tiempo de cierre debido a la pandemia. Entendemos que primero está el atender bien a los valencianos, que no se provoquen colas. Ese buen servicio es lo que ha motivado el aumento de plantilla”, ha afirmado Llopis. Desde AECOVA-ITV tildan los informes presentados por la consejería de Industria de “delirios y falsedades”

Las concesionarias, explica Trigo, no han tenido prácticamente beneficio durante los últimos cinco años debido a “que nos han obligado a aplicar unas tarifas ilegales”. A pesar de ello, ponen en valor los datos que recogen en un informe propio y que contraponen a los de Industria. Durante los 25 años de funcionamiento privado, las concesionarias habrían aportado 750 millones de euros a la Administración. Dinero que, según manifiestan, se corresponden con gastos que la Administración no tiene. Los empresarios han declinado cifrar sus ganancias totales durante los años de concesión del negocio.

Una de las principales acusaciones lanzadas por AECOVA-ITV a los informes aportados por Industria consiste en la inviabilidad del modelo presentado por la Generalitat, el cual califican de ineficaz. Con la reversión pública de la explotación de las ITV, la Comunidad Valenciana pasaría a ser la cuarta comunidad autónoma de España, tras Asturias, Andalucía y Baleares, en manos de los Consells insulares, en gestionar la inspección de vehículos.

“No puedes construir un proyecto futuro en base a unos datos que son delirios. Queda precioso, pero es un informe político que consideramos inconsistente y vamos a pedirle al consejero que se explique. El informe ignora las condiciones laborales que tendrán que asumir. El día dos de enero todos los trabajadores tendrán el mismo patrón y, por tanto, el derecho a cobrar lo mismo. 1200 personas van a reclamar el salario más alto y eso equivale a sobrecostes para el ciudadano”, asegura Trigo.

No obstante, fuentes de la consejería de Economía Sostenible aducen que el objetivo de la creación de una nueva entidad es mejorar la calidad de los servicios y reducir la tarifa que soportan los usuarios, y no tanto aumentar los beneficios año a año. La reversión, explican, también servirá para unificar los servicios y adaptar las plantillas a las necesidades de cada zona.

En un informe de Industria, dado a conocer el pasado año, la Generalitat obtendría desde el primer año de reversión un resultado de explotación cercano a los 40 millones de euros frente a los siete millones que ingresaría en concepto de cánones si se prorrogasen las concesiones actuales. Los beneficios equivalen al 30% de los ingresos totales.

Ya en 2017 la Sindicatura de Comptes de la Comunidad Valenciana, el órgano al que corresponde el control externo económico y presupuestario de la actividad financiera del sector público valenciano, concluía en una auditoría acerca de la explotación de las ITV por parte de las empresas que los beneficios de estas eran “significativos”. En el caso de cuatro de los lotes analizados por la Sindicatura, los concesionarios tuvieron unos resultados positivos que oscilaron entre el 13% y el 43,9% de los ingresos totales del ejercicio. Sólo una de las cinco concesionarias a cuya información tuvo acceso la Sindicatura presentó un balance negativo.

La auditoría destaca también la falta de estudios o informes pertinentes que avalasen la decisión del Gobierno de Zaplana de privatizar la gestión de las ITV. De igual forma señala la falta de criterios e indicadores objetivos de resultados en el contrato de concesión, lo cual dificulta el análisis y seguimiento permanente de la ejecución del servicio que prestan.

La huella de la corrupción

El retorno a lo público de ciertos servicios considerados de gran repercusión para la población, como la concesiones sanitarias y hospitalarias ya las gestión privada, es uno de acuerdos del llamado Gobierno del Botànic, entre el PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem. Además, las concesiones de las ITV aparecen vinculadas a varios casos de corrupción. En la actualidad, en el marco del “caso Erial”, Eduardo Zaplana está siendo investigado por los supuestos cobros de comisiones por la concesión de cinco licencias de privatización de las ITV en 1997.

Una de las empresas que consiguió la adjudicación de un lote fue Asedes, propiedad de la familia Cotino, la cual lo revendió por 43 millones de euros. En la investigación también aparecen como adjudicatarios de las concesiones empresarios relacionados con la trama Gürtel y los papeles de Bárcenas. En Cataluña, Oriol Pujol, hijo del expresidente catalán Jordi Pujol, fue condenado a dos años y medio de prisión por el “caso ITV” por tráficos de influencias, cohecho y falsedad. Pujol admitió haber recibido comisiones ilegales para favorecer a empresarios y amigos suyos del sector de la inspección técnica de vehículos (ITV).