El juez procesa al presunto asesino de Marta Calvo y de otras dos jóvenes
La vista oral se celebrará en la Audiencia de Valencia y el acusado deberá depositar una fianza de 350.000 euros para posibles responsabilidades civiles
Jorge Ignacio Palma, presunto autor de la muerte de Marta Calvo, Arliene Ramos y Lady Marcela y de abusar sexualmente de otras ocho mujeres, mediante la práctica conocida como fiesta blanca —introducir piedras o bolas de cocaína en los genitales femeninos—, será enjuiciado por un jurado popular en la Audiencia Provincial de Valencia en una fecha todavía por determinar.
El juzgado de Instrucción número 20 de Valencia ha dictado este martes un auto de procesamiento contra Palma, a...
Jorge Ignacio Palma, presunto autor de la muerte de Marta Calvo, Arliene Ramos y Lady Marcela y de abusar sexualmente de otras ocho mujeres, mediante la práctica conocida como fiesta blanca —introducir piedras o bolas de cocaína en los genitales femeninos—, será enjuiciado por un jurado popular en la Audiencia Provincial de Valencia en una fecha todavía por determinar.
El juzgado de Instrucción número 20 de Valencia ha dictado este martes un auto de procesamiento contra Palma, al que exige una fianza de 350.000 euros para indemnizar a las familias de las víctimas y acuerda mantener su situación de prisión provisional, según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).
De la investigación se desprenden indicios que apuntan a que el procesado introdujo presuntamente, sin contar con su consentimiento, cocaína en los genitales de las mujeres cuyos servicios sexuales había contratado, lo que provocó a muchas de ellas la “pérdida de conocimiento” o “diversas alteraciones psíquicas o físicas”.
“El investigado reiteró esas prácticas sexuales conociendo sus consecuencias letales y asumiendo el posible fatal resultado que derivó en el fallecimiento de tres de sus víctimas”, recoge la resolución judicial.
Estos encuentros se produjeron entre el verano de 2018 y el 7 de noviembre de 2019, fecha en la que se perdió el rastro de Marta Calvo —la última de las fallecidas—, después de una noche de sexo con el acusado en una vivienda que el acusado tenía alquilada en la localidad valenciana de Manuel.
La Fiscalía y las acusaciones personadas en la causa sostienen que los hechos pueden ser constitutivos de tres delitos de homicidio o asesinato, así como de diferentes delitos de lesiones o asesinato en grado de tentativa, contra la salud pública, abuso o agresión sexual y contra la integridad moral. Pide penas que suman 130 años de prisión para Palma. Las acusaciones particulares han elevado la consideración de lo sucedido a tres delitos de asesinato y han reclamado para el procesado prisión permanente revisable.
La abogada que defiende a Jorge Ignacio Palma expone que su defendido es “consumidor de sustancias estupefacientes y tóxicas”, por lo que considera que concurre en su representado la circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal de toxicomanía y pide su libre absolución.
Jorge Ignacio Palma se entregó en diciembre de 2019 a la Guardia Civil, que lo buscaba desde hacía un mes tras la desaparición de la joven, y confesó que Marta Calvo había fallecido de forma accidental. El detenido, de 38 años, declaró en un primer momento que la joven de 25 años con la que se citó el 7 de noviembre a través de Internet murió tras consumir cocaína mientras mantenía relaciones sexuales con él en una práctica de alto riesgo llamada “fiesta blanca”.
Palma aseguró que Calvo tuvo una reacción inesperada, como un ataque cardiaco, y murió. Con varios antecedentes policiales, el procesado, que ya estuvo preso en Italia por tráfico de cocaína en 2008, declaró que se atemorizó y decidió deshacerse del cadáver. Aseguró entonces que descuartizó y arrojó los restos de la joven en diversos vertederos de la población valenciana de Manuel y de los alrededores. Aunque la Guardia Civil ha buscado durante meses los restos de la joven sin éxito.
Marisol Burón, madre de Marta Calvo, registró a finales del año pasado en el Congreso de los Diputados una iniciativa legislativa popular cuyo objetivo es que se tipifique como delito autónomo la ocultación intencionada del cadáver tras un homicidio o asesinato.