Feministas valencianas encaran otros seis juicios por los piquetes informativos del 8M
Las activistas, que se enfrentan a multas de 601 euros por alteración del orden público, niegan que causaran peligro alguno
Seis feministas que se enfrentan a multas de 601 euros por alteración del orden público al participar en piquetes informativos de la huelga del 8 de marzo de 2018 y 2019 niegan que causaran peligro alguno o que alteraran nada, y alertan de que estos procedimientos evidencian un “retroceso abismal en derechos fundamentales”. Así lo ha señalado este miércoles la abogada de Alerta Solidària Maria Josep Martínez tras el juicio a una de esas feministas, que fue identificada por agentes policiales ...
Seis feministas que se enfrentan a multas de 601 euros por alteración del orden público al participar en piquetes informativos de la huelga del 8 de marzo de 2018 y 2019 niegan que causaran peligro alguno o que alteraran nada, y alertan de que estos procedimientos evidencian un “retroceso abismal en derechos fundamentales”. Así lo ha señalado este miércoles la abogada de Alerta Solidària Maria Josep Martínez tras el juicio a una de esas feministas, que fue identificada por agentes policiales durante un piquete informativo el 8M de hace tres años y a la que se acusa de ocupar las vías del tranvía y causar con ello desorden público.
Martínez ha explicado que el único fundamento para la sanción es la denuncia de los agentes y la posterior ratificación de estos, en la que además hay “contradicciones graves”, pues en la primera hablan de las vías del metro y en la segunda de las vías del tranvía, cuando “es obvio que no es lo mismo” y “deja en evidencia la veracidad de los hechos”.
La defensora ha indicado que tampoco se explica en la denuncia “qué tipo de desorden” generaron, ni durante cuánto tiempo, ni qué peligro se causó para personas o bienes o qué alteración de la seguridad ciudadana se produjo, sino que los agentes “se limitan a decir que ocuparon las vías”, y según ese argumento la Delegación del Gobierno impuso una sanción que ratificó el Ministerio del Interior.
La abogada ha indicado que en un procedimiento administrativo hay presunción de inocencia y corresponde a la Administración probar que se produjo una alteración del orden público, pero aquí “solo se aporta” el acta de denuncia y la ratificación, sin, por ejemplo, un informe de Ferrocarrils de la Generalitat (FGV) que acredite una interrupción del servicio.
Martínez ha insistido en que una alteración del orden es “alterar la normalidad, pero es que en una jornada de huelga general la normalidad no es la misma que cualquier día”, y ha admitido que “un piquete de 60 personas por la calle puede generar alguna molestia”, si bien “eso entra dentro de la normalidad” de una jornada como esa.
“Aquí se está sancionando a un piquete informativo en la huelga feminista, que va por la calle explicando los motivos de la huelga y que en un momento dado cruza la calle y la Policía las para y las identifica”, ha lamentado la abogada, quien considera que, al final, “se está limitando el derecho de huelga, de reunión y de manifestación, y la libertad de expresión”. Ha insistido en que “no ocurrió nada”, pero la ley de Seguridad ciudadana, en su opinión, “viene a limitar la protesta y los derechos fundamentales” y “aquí cada vez se puede hacer menos”.
Fuera de la sala de vistas, a las puertas de la Ciudad de la Justicia, la Assemblea Feminista de València ha convocado en esta segunda tanda de juicios una concentración de protesta. Una portavoz del colectivo ha recordado que en total se impusieron 20 multas por valor de 11.000 euros, 11 por la huelga del 8M de 2018, ocho por la del año siguiente y una más por los actos del 25 de Noviembre de 2019, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Anteriormente, ya se habían celebrado tres vistas, que se saldaron con una absolución y dos condenas.
“Estamos aquí para apoyar a las compañeras porque la represión es a todo un movimiento pero quienes están siendo enjuiciadas son ellas y venir a los juzgados no es fácil. Estamos aquí para apoyarlas”, ha manifestado Mireia Biosca, portavoz de la Assemblea. “Pedimos que deroguen la ley mordaza, que surgió de un gobierno del PP para acallar los movimientos sociales y que sigue utilizando el PSOE, porque es injusta y antidemocrática”, ha reivindicado la activista.
Según Biosca, las multas se están pagando con una caja de resistencia “que hemos ido haciendo durante estos años gracias a la venta de camisetas, huchas en los comercios, y otros actos. Lo que queremos es que se anulen las sanciones y se derogue la ley”, concluye.