La incertidumbre atenaza a los afectados por pobreza energética
La no renovación del convenio entre la Generalitat y Endesa, y la falta de acuerdo para el escudo social reducen las garantías para proteger a los colectivos vulnerables
Desde principios de año, los afectados por pobreza energética en Cataluña han visto aumentar su incertidumbre a unos niveles que no sentían desde antes de marzo de 2021. En ese momento la Generalitat firmó un convenio con Endesa —que tiene casi el monopolio de la distribución eléctrica en el territorio y algo menos de la mitad de la comercialización— que obligaba a la empresa a una serie de compromisos con las familias vulnerables. Este convenio caducó al finalizar el año pasado, y la Generalitat decidió no renovarlo, con el argumento de que la situación de los precios de la energía ya no es tan urgente, y de que ahora ya existe en un marco legal que protege a los afectados por pobreza energética, gracias a la ley catalana 24/2025 y al escudo social del Gobierno central. Esta semana, sin embargo, el Congreso, con los votos de PP, Vox y Junts, tumbó los dos decretos que prorrogan este escudo social. A la espera de saber si el Gobierno podrá encontrar la manera de aprobarlos, troceándolos o mediante otros mecanismos, los afectados lamentan que cada vez quedan menos mecanismos para protegerse ante cortes de luz o precios de la energía elevados que no pueden pagar.
El escudo social, además de impedir desahucios a familias vulnerables y otras medidas, fijaba unos descuentos de más del 40% en las facturas energéticas para estos hogares, y prohibía la interrupción de los suministros básicos en las familias que acreditasen estar en situación de vulnerabilidad. Todo esto ha decaído, aunque en Cataluña hay una ley, la 24/2015 de medidas urgentes en el ámbito de la pobreza energética y la vivienda —que se aprobó tras una iniciativa legislativa popular— que impide a las empresas cortar los suministros.
Sin embargo, pese a esta normativa, en Cataluña hoy hay menos medidas de protección que hace dos meses, porque no solo decaen las medidas del escudo social que no están cubiertas por la ley catalana, como el bono social eléctrico (que recibían 185.000 personas, un número todavía irrisorio frente a los 1,4 millones de personas que sufren pobreza energética en Cataluña) sino que todos los compromisos fijados en el convenio con Endesa están en el aire. Sobre todo, las familias muestran preocupación por dos medidas que cubría el convenio: la condonación de la deuda que las familias vulnerables han contraído por no poder pagar las facturas; y la instalación, por parte de Endesa, de contadores sociales en edificios ocupados con los que se evitaba que estas familias pinchasen la luz y se expusieran a riesgos como incendios o cortes de suministro.
Endesa y la Generalitat condonaron la deuda de unas 41.000 familias vulnerables acumulada entre 2015 y 2021, y se resolvió la condonación de la deuda acumulada entre 2022 y 2025, que todavía está en proceso. Si bien la Generalitat prevé crear un fondo de solidaridad para cubrir los impagos a partir de 2017, las entidades sociales alertan de que no hay ninguna herramienta para la deuda que se genere este 2026.
Encarna, una vecina de Gavà de 66 años, es una de las afectadas que temen por las consecuencias del fin del convenio. Víctima de una situación de violencia de género que le dejó sin la propiedad de su piso, vive con los 480 euros de una prestación, y explica que no podía pagar las facturas hasta que no obtuvo el bono social eléctrico, que ahora ha decaído, con el que pudo empezar a pagar algunos recibos. Aunque la ley 24/2015 le protege, su principal temor es que le corten la luz, porque es dependiente del suministro al tener que dormir con una máquina para prevenir apneas. Pero también le preocupa el tema de la deuda: “Con la condonación me salvaron la vida. Ahora estoy muy asustada porque todavía tengo recibos atrasados”, explica.
La de los contadores fue otra herramienta potente del convenio, aunque su despliegue fue muy lento y la empresa solo instaló 117. Tienen una vigencia de un año, así que cuando caduquen, si no hay alternativa, se desinstalarán y dejarán sin luz a las familias vulnerables que ocupan pisos y lograron estos contadores. En Sabadell, las 27 familias de un edificio que la PAH ocupó hace 10 años, el llamado bloque Guillem Agulló, consiguieron contadores sociales tras estar seis meses sin luz en 2023, y después de haber asumido entre todos un coste de 8.000 euros para instalar el cableado en el edificio. Sara, de 33 años, es una de las vecinas, y apunta que “lo importante es que haya luz”. “Todas las familias tienen certificado de vulnerabilidad, hay mucha incertidumbre. Ningún vecino se niega a pagar, pero nadie ofrece una solución”, dice.
“Será difícil que haya un nuevo convenio, porque la negativa de la empresa ha sido bastante rotunda. Pero hay margen de mejora, y apretamos para que haya acuerdos con la compañía para la deuda de 2026 y para los contadores sociales”, apunta Irene González, portavoz de la Aliança contra la Pobresa Energètica (APE). La entidad reclama que haya acuerdos específicos para superar las dificultades que ha dejado en el aire la no renovación del convenio, a la espera de que la Generalitat concrete las propuestas en las que asegura que está trabajando para proteger a los afectados por pobreza energética. Pero de momento, los presupuestos presentados el viernes tras un acuerdo con los comunes —quienes reclamaron renovar el convenio como condición para dar su apoyo a las cuentas— no incluyen ninguna medida específica. “La energía es un derecho, y en el caso de los contadores sociales, se trata de una cuestión de seguridad”, señala González, que reclama compromiso político para desbloquear la situación.