Y encima, quieren un sueldo
La extrema derecha no tiene interés en hablar de los pros y contras de la regularización de inmigrantes, ni del fondo de la cuestión: trabajadores que no están amparados por el marco legal que sí cobija a los registrados
Es increíble la habilidad de la extrema derecha para desviar o llevarse a su terreno las discusiones que deberían incorporar a toda la sociedad, puesto que son determinantes para saber qué tipo de sociedad queremos construir, en qué mundo queremos vivir y, en definitiva, qué es lo que los di...
Es increíble la habilidad de la extrema derecha para desviar o llevarse a su terreno las discusiones que deberían incorporar a toda la sociedad, puesto que son determinantes para saber qué tipo de sociedad queremos construir, en qué mundo queremos vivir y, en definitiva, qué es lo que los diferentes partidos políticos nos proponen a nosotros, los ciudadanos, para que luego, haciendo uso de nuestro derecho al sufragio, decidamos a cuál otorgamos nuestra confianza.
Esto, a cuenta de la propuesta de regularización de medio millón de personas que viven en el país, pero que, a ojos de las administraciones, no existen. Con su pericia habitual, Vox, y a su estela el PP, ha enmarcado el debate en términos estrictamente político-electorales: papeles por papeletas. La regularización, así, se reduce a un episodio más de la batalla política, despojándola de cualquier posibilidad de debate más amplio. Sánchez propone la regularización para “desvirtuar” el censo, para “comprarse” las elecciones. Y así se impide el debate, comprimiéndolo, reduciéndolo, jibarizándolo.
La extrema derecha no tiene ningún interés en que se discuta abiertamente de los pros y contras de una posible regularización de parte de la población extranjera que vive en España, de manera que, o bien lo presenta como una jugada de trilero del presidente, o bien como un peligro existencial para la supervivencia de España. Cortinas de humo para no afrontar el fondo del debate, que no es otro que la economía, o los privilegios que otorga a según qué actores económicos el hecho de poder disponer de una ingente cantidad de trabajadores sin ningún derecho. Es decir, trabajadores que no están amparados por el marco legal que sí ampara a los que están “registrados”.
De la misma manera que esta situación comporta una serie de perjuicios, también comporta privilegios. Privilegios de aquellos que se benefician de la situación de desamparo en forma de cotizaciones ahorradas, de horarios no regulados, de sueldos de miseria. La economía sumergida tiene sus beneficiarios, y estos no quieren dejar escapar sus beneficios. Y ahí es donde la extrema derecha les ayuda, solícita, echando mano de su repertorio de trucos para que no se hable del fondo del asunto: quién se beneficia de que haya más de medio millón de personas trabajando en negro, sin papeles, pero trabajando. Trabajando para alguien.
El debate ha coincidido con el encuentro de un selecto grupo de empresarios del país con la líder de un partido que cuenta con dos diputados en el Parlament. La cita tuvo lugar en el club de golf propiedad del convocante, a la sazón presidente de honor de uno de los bufetes de abogados más importantes del país, donde la dirigente xenófoba pudo explicar su ideario a la concurrencia, que seguramente la escuchó con mucha atención e interés. La estampa recuerda a aquella escena que retrata Éric Vuillard en su libro El orden del día. La trampa reaccionaria: aparecer como una fuerza antisistema con el objetivo de preservar a los privilegiados del sistema.