El Govern adquiere 170 viviendas de Inmocaixa por valor de 15 millones de euros

El Govern ha dado este lunes un paso más en su política en materia de vivienda, la prioridad de su mandato. El president Salvador Illa ha anunciado, en el programa Cafè d’Idees, de La 2Cat, la compra de 170 viviendas por 15 millones de euros en Banyoles, Lleida y Mollet del Vallès, propiedad de InmoCaixa. Esta será la tercera vez que el Ejecutivo adquiere pisos a la inmobiliaria de La Caixa con un balance de casi 900 viviendas y un desembolso de unos 60 millones de euros. El Sindicato de Inquilinas ha reaccionado celebrando la compra como una primera victoria de la huelga de alquileres, la medida de presión que está ejerciendo contra La Caixa de no pagar la mensualidad e ingresarla en un depósito hasta no alcanzar un acuerdo. La Fundación La Caixa construyó esos pisos con dinero público como protegidos durante 20 años y, pasado ese periodo, dice el Sindicato, estaba expulsando a los vecinos y aplicando cláusulas abusivas y precios inflados.

En sus declaraciones, Illa ha añadido que el Govern está negociando con InmoCaixa la adquisición de 1.107 pisos más. “Estamos trabajando en la construcción de 50.000 pisos, en desarrollar suelo para construir otros 214.000 más y aplicamos medidas de intervención de mercado para poder controlar los precios”, ha afirmado. “Nadie hace más que nosotros”. Con todo, los comunes, sus socios parlamentarios, llevan meses recriminado a Illa incumplimientos en vivienda que han acabado por congelar la negociación de los futuros presupuestos. En el último debate de política general en el Parlament, Illa anunció el plan de los 214.000, pero ERC y Comuns lo tumbaron. Pese a ello, el Govern está decidido a activar ese programa. Esta tarde, formalizará con los comunes varios acuerdos, entre ellos la creación de la unidad antidesahucios. Es una pieza clave, pero no la única, para iniciar la negociación de las cuentas.

Illa recibió el jueves en el Palau de la Generalitat a miembros de ll Sindicato de Alquileres, la entidad que impulsa esa huelga de alquileres en bloques de protección oficial gestionados por Inmocaixa. El colectivo acumula 230.000 euros retenidos y pagados por un centenar de personas. En ese encuentro, el president aseguró que estudiará todas las medidas posibles para facilitar el acceso a la vivienda, el termómetro de la prosperidad compartida que proclama. Un día antes, aseguró en el Parlament, a preguntas de la CUP, estar dispuesto a estudiar si se podía vetar la compra especulativa (que cualquier adquisición sea para habitar) y que un ciudadano solo disponga de una casa. “Estoy dispuesto a considerar ideas siempre que sean realizables y verosímiles”, dijo. La diputada anticapitalista Laure Vega ha anunciado este lunes frente a la sede de la CUP la disposición de su grupo a trabajar con el Govern para vetar la compra especulativa.

La historia del Sindicat de Inquilinas está íntimamente vinculada a este conflicto porque nació a raíz de que la financiera de La Caixa, con el régimen de alquiler ya decaído, quiso “expulsar a los vecinos” y “privatizar” los pisos. Desde el sindicato espetan que en los últimos años los inquilinos han sufrido cláusulas abusivas, falta de mantenimiento de las viviendas y una inflación de precios por encima de los límites fijados para la vivienda protegida.

Los inquilinos de las promociones de Lleida fueron los últimos en sumarse la semana pasada a la huelga de alquileres de las 68 familias de Banyoles, Sentmenat, Sitges y Palau-solità i Plegamans que decidieron retener los pagos a partir del 1 de abril. Ahora, son más de una docena los bloques que apoyan la huelga y las demandas de los inquilinos, según el Sindicat de Inquilinas. Varios afectados, como los del bloque de Banyoles que pasará a titularidad pública, han avanzado que continuarán con los impagos hasta que no se resuelvan sus demandas. Entre ellas, figura el reconocimiento por parte de Incasòl del derecho de negociación colectiva, la renovación de los contratos sin cláusulas abusivas, la fijación de alquileres ajustados a los ingresos de las familias y el mantenimiento digno de los inmuebles.

El colectivo exige al Govern que adquiera el resto de bloques en huelga -Can Peric y Can Vilar, en Sentmenat; Plana Est y Blanca Subur, en Sitges; y la Illa d’en Pla, en Palau-solità i Plegamans—, así como las 1.300 viviendas de la Fundación La Caixa que actualmente están en proceso de descalificación como vivienda protegida. Otra de las peticiones trasladadas a la entidad financiera es la retirada inmediata de todas las demandas de expulsión y causas judiciales abiertas contra las familias huelguistas. “El dinero retenido por la huelga no se pagará hasta que la entidad se siente a negociar”, ha asegurado el sindicato en un comunicado.