Illa anuncia la construcción de 210.000 nuevos pisos de colaboración público-privada
El ‘president’ sube la apuesta en vivienda, después de que en el debate de política general del Parlament de hace un año anunciara el plan de 50.000 unidades
Consciente de que el acceso a la vivienda es el principal problema de la ciudadanía, el Ejecutivo se propone cumplir con el objetivo de que el parque público alcance el 15% del total (ahora es del 3,7%) para acercarse a los cánones europeos. Illa ha detallado que antes se fijaba el número de pisos en función de las cargas urbanísticas del sector y ahora se hará a partir de las necesidades de la población. El proyecto se centrará en tres patas: en áreas con el plan urbanístico municipal aprobado (la previsión es que sean 21.000 pisos), otras con el planeamiento con la luz verde sobre la mesa y la gestión en curso (32.000) y otras con el expediente pendiente o en revisión (160.000 si extreman la edificabilidad, esto es, si hacen pisos más pequeños). El plan es que el 40% o el 50% de esas viviendas sean de protección oficial e impulsar la construcción para acortar los plazos de tramitación.
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“Hemos radiografiado el país, palmo a palmo, pueblo a pueblo, ciudad a ciudad para detectar todos los sectores de crecimiento destinados a vivienda. Revisaremos el planeamiento para aumentar la densidad y la edificabilidad”, ha sostenido el president, que ha garantizado que su Govern está cumpliendo el plan de vivienda prometido hace un año. Illa ha querido sortear con datos las críticas de Junts, que sostiene que sin presupuestos no se puede construir, y del PP que el plan de los 50.000 ya lo impulsó sin éxito el tripartito. Según ha explicado, 31.000 viviendas de las 50.000 ya están en marcha y la mitad de ellas canalizadas en 2026. La relación la ha desglosado: 22.241 pisos se pueden construir ya gracias a la cesión de solares municipales; -14.000 con promotor; 7.000 en producción -4.000 de obra pública y más de 3.000 de Ayuntamientos- y 1.800 adquiridas por el Govern. “Dentro de un año, la mitad de esos pisos estarán en producción”, ha puntualizado, asegurando que a fin de año habrá una segunda convocatoria de solares.
Paralelamente, Illa ha subrayado que se han otorgado casi 2.000 préstamos de emancipación juvenil y ayudas para el alquiler a 87.000 familias. “Si no resolvemos este problema, no solucionaremos las desigualdades sociales”, ha dicho. “Cuando el mercado no funciona tenemos que intervenir”. Illa ha esgrimido las cifras de vivienda para sostener que su Govern cumple los acuerdos y que el 85% de ellos están incluidos en los documentos de compromiso del Ejecutivo. “Cataluña está cansada de reproches y promesas irrealizables. Los ciudadanos reclaman soluciones y no culpables”, ha recalcado, recitando todas las obras en instalaciones públicas que ha iniciado su Ejecutivo que ha centrado en nueve áreas: recuperar la institucionalización; reformar la administración, las urgencias de agua y energía (las obras hidráulicas para no depender de la lluvia); Rodalies (a final de año entrará en marcha la nueva empresa) vivienda; familias; planes contra el cambio climático; cultura y políticas de cohesión.
Illa ha relativizado los argumentos de la extrema derecha sobre la falta de seguridad al sostener que la delincuencia ha descendido en Cataluña un 4,18% en este último año y que la fórmula de combatirla es con más mossos, más jueces, pero también con un plan de barrios (una inversión de más de 1.000 millones de euros) para mejorar la calidad de vida. Con todo, ha alertado de que los delitos de agresión sexual han aumentado un 7,6%. En su discurso, Illa ha anunciado tres nuevas inversiones: un plan para reducir a la mitad el tiempo para acceder a la ayuda a la dependencia; otro para aumentar el 50% las plazas para estudiar medicina - de 1.300 a 2.000 de ahora a 2030- y el proyecto de aumentar la plantilla de bomberos un 36,8% hasta las 4.000 plazas y un 28% la de bomberos voluntarios hasta alcanzar los 2.000.
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La sesión ha arrancado con dos grandes interrogantes sobre el desenlace de los futuros presupuestos y el estado de la negociación de la financiación singular. Illa no ha despejado las dudas y tampoco aportado grandes pistas sobre su desenlace, más allá de afirmar que confía en pactar esa ley con sus socios de ERC y comunes, contrariados con el incumplimiento de acuerdos contemplados en los suplementos de crédito. “Mi prioridad es tener unos buenos presupuestos lo antes posible, por esta orden”, ha recalcado. En ese sentido, no ha negado que el sistema de financiación está relacionado con ese debate. “Cuando tengamos la propuesta la haremos desde la serenidad. No me gusta eternizar los debates, pero sí paciencia para alcanzar buenos acuerdos”, ha dicho en un mensaje claro dirigido a ERC. Los republicanos insisten desde hace meses que no pactarán las cuentas si no hay avances en financiación.
Cataluña pondrá en marcha un plan para acoger a palestinos
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha anunciado este martes la puesta en marcha del programa “Cataluña, casa de acogida palestina” para acoger a refugiados de la guerra árabe-israelí. Durante el inicio de su intervención en el Debate de Política General, el presidente ha señalado que la iniciativa se dirige a estudiantes, pacientes hospitalarios o profesionales. A través de un trabajo coordinado con varias entidades del sector social, la intención del gobierno catalán es “intensificar” la ayuda humanitaria en Gaza. “Cuando la situación lo permita, impulsaremos proyectos de cooperación para reconstruir servicios esenciales como hospitales y escuelas”, ha remarcado Illa, que ha concretado una partida de dos millones de euros incluidos en los Presupuestos del año que viene.
El debate proseguirá hoy con el turno de la oposición y el jueves con el debate de las resoluciones. Junts aspira a exigir al PSC a que esté en sintonía con los acuerdos cerrados entre Junts y el PSOE, informa Marc Rovira. En este sentido, el partido de Carles Puigdemont (quien sigue sin poder entrar en España por riesgo a ser detenido) tiene intención de que el PSC apoye la aprobación de una propuesta que reivindica la total aplicación de la ley de amnistía, “es la prueba más clara de la existencia de un conflicto político profundo entre Cataluña y el Estado español” y denuncia “la represión ejercida por las instituciones estatales en forma de juicios, condenas, exilio y persecución contra altos cargos electos, activistas y ciudadanos”. La propuesta de resolución que pretende aprobar Junts (la votación está prevista para el jueves) pone de relieve que “la amnistía no es un favor ni un perdón” y denuncia la desobediencia de “algunos magistrados del Tribunal Supremo”. El texto denuncia que “la estrategia de guerra judicial contra el independentismo ha afectado a la salud de la democracia española, como se constata en otros casos de lawfare”.