La nueva ley del taxi pone freno a la proliferación de VTC en Cataluña
La normativa, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, impide la venta de licencias de vehículos de transporte por conductor y fija un mínimo de conocimiento de catalán para conductores y taxistas
La futura ley del Taxi (denominada oficialmente Ley de Transporte de Personas de Vehículos de hasta nueve plazas) se registrará la mañana de este jueves en el Parlament de Cataluña dejando un lugar prioritario al taxi y situando al servicio de Vehículo de Transporte con Conductor (VTC) en una posición muchísimo más débil. EL PAÍS ha tenido acceso al nuevo articulado y ha constatado que implicará la reducción drástica de VTC ya que supone la eliminación de 600 de estas licencias nada más entrar en vigor la normativa. Además, cuando sea necesario autorizar nuevas licencias se priorizará el taxi y si se precisan nuevas VTC se les otorgará solo autorizaciones cortas (de dos años), que no se renovarán automáticamente, no serán transmisibles y -en definitiva- irán desapareciendo a medida que vayan expirando. Además de estas limitaciones, la Generalitat de Cataluña se reserva la capacidad de no renovar las licencias si consideran que no cumplen con criterios ecológicos o medioambientales.
La normativa está redactada para poner palos en las ruedas a estos vehículos negros de matrícula azul que circulan por la ciudad, ya que también prevé restricciones para las VTC cuando haya episodios de contaminación y obliga a los vehículos a disponer de la etiqueta medioambiental ECO o ZERO. El Sindicato Libre de Trabajadores (SLT), integrado por conductores de las VTC, ya denunció el pasado martes que con esta nueva ley desaparecerían el 70% de las licencias urbanas de VTC. Hoy hay 990 licencias de este tipo en el área metropolitana de Barcelona. De entrada, se estableció que cuando entrara en funcionamiento una nueva ley caerían 600 de esta licencias. Si se cumplen las peores predicciones de SLT, quedarían solo 297 frente a las 10.517 licencias de taxi vigentes en la actualidad.
Diputados del PSC, ERC, la CUP, Comuns y Junts han comparecido este jueves en el Parlament felicitándose por el proyecto de ley que ahora deberá debatirse y que no verá la luz hasta, como mínimo, 2026. Pese a que las cuatro formaciones aprueban el anteproyecto ya se han evidenciado las discrepancias. Las principales las ha demostrado Salvador Vergés de Junts que ha asegurado que su formación, en las diferentes ponencias, defenderá “la libre competencia y acompañará a las 6.000 familias que viven de la VTC”. Un extremo que el resto de formaciones no han defendido y que basan su apoyo a la norma en la prioridad extrema por el taxi.
El nuevo proyecto legal pone en aprietos a algunos de los conductores tanto de taxis como de VTC. Obliga a que tanto unos como otros acrediten un nivel B1 de catalán, que es el elemental. Desde la publicación de la norma, los conductores en activo tienen dos años para alcanzar ese requisito. Tanto Junts, ERC como la CUP consideran que esa titulación es insuficiente y apuestan porque se obligue a obtener el B2.
Tampoco se podrá trabajar de conductor de taxi o VTC si antes se ha sido condenado por homicidios, lesiones, delitos contra la libertad sexual o el patrimonio o delitos socioeconómicos.
La nueva ley regula el transporte de personas en vehículos de hasta nueve plazas y divide las VTC en varios servicios: las VTC clásicas, vehículos de alta disposición y limusinas. La normativa establece claramente al taxi en lo alto de la jerarquía de este tipo de transporte. Lo califica como servicio económico de interés general.
Con la nueva norma, los taxis no podrán rechazar servicios y el taxista solo podrá negarse a hacerlo cuando tenga sospechas de que el solicitante del servicio tiene “finalidades presuntamente ilícitas o cuando concurran circunstancias de riesgo para la seguridad e integridad física de las personas o el vehículo”. Las tarifas del taxi seguirán reguladas, el taxímetro seguirá siendo obligatorio y los ayuntamientos y las entidades locales (como el Área Metropolitana de Barcelona) serán -como hasta ahora- los responsables de otorgar y fijar un número de licencias atendiendo a la demanda y al número de residentes.
Si los taxis se sitúan en la cúspide de la pirámide de servicios, las VTC están en la parte más baja. Hasta ahora se fijaba que por cada 30 taxis había una licencia de VTC. En el área metropolitana de Barcelona esa cifra se tradujo en 990 VTC con licencia urbana y 10.517 taxis (en toda Cataluña la cifra es de 4.074 VTC y 15.000 taxis). Hasta ahora las licencias de VTC eran indefinidas y transmisibles -se podían comprar y vender-, pero la ley cambia estos puntos. El artículo 69 de la ley del taxi destaca que las autorizaciones de las VTC urbanas serán “intransferibles”. Además, las licencias de VTC expirarán a los dos años -prorrogable otros dos- de forma automática. Si los vehículos están adaptados para personas con movilidad reducida la vigencia será de cuatro años más otros cuatro. Las actuales licencias de VTC se irán reduciendo, ya que no se podrán transmitir.
Asimismo, el Govern de la Generalitat -tal y como marca el artículo 68- podrá imponer limitaciones temporales excepcionales de las VTC si considera que hay una “saturación de la oferta” o cuando haya “razones imperiosas de interés general como es la protección del medio ambiente, la gestión del tráfico, del espacio público y del transporte”. La normativa marca que todos los servicios de VTC deben estar precontratados con un mínimo de 10 minutos de antelación y no podrán captar clientes en la vía pública como hacen los taxis.
La nueva normativa diferencia un tipo de servicios de alta disposición a las VTC. Son servicios en los que el vehículo está a disposición de una persona o grupo de personas durante un lapso prolongado de tiempo donde el conductor tiene amplios periodos de espera y el precio es el acordado con el usuario. Es el típico servicio que realizan estos vehículos con los grupos de congresistas en salones económicos como el Mobile World Congress. Estos vehículos tendrán una autorización específica y deberán ser precontratados, como mínimo con dos horas de antelación, al igual que las limusinas. Todos, tanto VTC como los taxis estarán obligados a estar geolocalizados.
Con esta normativa, el Govern de la Generalitat intenta poner fin a la guerra entre VTC y taxi. Los conductores de VTC consideran que la normativa les perjudica y ya han anunciado movilizaciones.
El líder de Élite Taxi, Tito Álvarez, ha asegurado que este anteproyecto es “fruto de la lucha del sector”. Álvarez ha admitido que queda mucha negociación por delante y ha animado a los trabajadores de las VTC a realizar el curso para poder trabajar en el taxi. El líder de los taxistas ha lamentado que las formaciones de derechas no estén presentes en el acuerdo del anteproyecto de ley: “Vox y PP son enemigos del taxi, solo hay que ver la selva en la que se ha convertido Madrid de Ayuso”.