Madres de niños con autismo: “Necesitamos prestaciones personalizadas, no sirve el café para todos”

Las madres de niños con autismo y elevados grados de dependencia, exhaustas, insisten en que no pueden más. El Sindicato de Madres en la Diversidad Funcional ha comparecido este miércoles en la Comisión de Derechos Sociales del Parlament de Cataluña. El colectivo ha denunciado el abandono que sienten por parte de las administraciones públicas al verse sin prestaciones personalizadas. “Basta ya, el café para todos no sirve, necesitamos prestaciones personalizadas”, ha advertido Maria José Tavira, portavoz de la entidad sobre los casos de familias que conviven con hijos con elevados grados de dependencia. Ante la falta de recursos públicos y ayudas, el Sindicato de Madres asegura que las familias destinan a los cuidados una media de 30.000 euros al año, una carga que se suma al hecho de que muchas veces no pueden trabajar.

El colectivo dedicado a estos cuidados está formado en más de un 90% de los casos por mujeres. Estudios cualitativos remarcan que en el caso de hijos e hijas con grandes discapacidades, los estereotipos y los mandatos de género recaen sobre ellas con mucha fuerza. “Hemos seguido la ley que se está tramitando en el Parlament y en ningún momento se nos menciona. Nuestro trabajo no está reconocido, regulado, ni remunerado. El amor ni cotiza ni paga facturas”, ha subrayado Tavira.

Cataluña padece, tal y como ha mencionado el sindicato, un acentuado desequilibrio territorial. En los municipios rurales y envejecidos no hay centros de día. “En los casos graves de trastornos de conducta hace falta alternativas residenciales con atención médica especializada. Necesitamos transporte y taxis adaptados en esas zonas”, ha exigido el sindicato.

A día de hoy, casi 200.000 personas están atrapadas en largas listas de espera para la valoración de grados de dependencia o de ayudas a la discapacidad. La media de esperas para acceder a las prestaciones o a las valoraciones ronda el año, una situación que no están dispuestas a aceptar. Las casi 58.000 personas que esperan la valoración para un grado de dependencia en Cataluña tardan de media 326 días en obtenerla. El contexto se agrava cuando las otras 134.000 personas con discapacidad llegan a los 360 días para que se les reconozca el 33% o más de discapacidad. Entre 2021 y 2022 murieron 13.801 catalanes esperando estas ayudas, según la Asociación de Gerentes y Directores de Servicios Sociales.

Los informes de esta entidad confirman que Cataluña es una de las comunidades autónomas más infrafinanciadas por el Gobierno. La ley de dependencia establece que la aportación de las comunidades deben ser del 50%, pero el Gobierno central no lo cumple, ya que de media financia el 34% mientras que las comunidades asumen hasta el 66%. En el caso de Cataluña, el último balance indica que el Ejecutivo catalán aportó un 72%.

La comisión ha coincidido con la intervención este miércoles de la consellera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez Bravo, en un seminario en Roma organizado por el Ministerio de Trabajo de Italiay el Banco Mundial. Martínez Bravo ha expuesto los puntos de la reforma de Renta Garantizada de Ciudadanía y las actuaciones del Govern para la gestión e integración del Ingreso Mínimo Vital, en el marco de una propuesta del PSC presentada esta semana para fomentar y “sentar las bases de un sistema de garantía de ingresos” a nivel catalán. “El objetivo final es tener una ventanilla única donde las personas puedan hacer una solicitud y recibir un paquete completo de ingresos y prestaciones”, ha explicado la consellera.