Detenida una concejal del PP, dos policías locales de Santa Susanna y un ‘mosso’ en una trama de regularización de extranjeros
La Policía Nacional acusa a los cuatro investigados de simular falsos contratos de empleados del hogar para una organización criminal que tramitó permisos de residencia para una cuarenta de personas
La Policía Nacional detuvo a principios de noviembre a tres policías locales de Santa Susanna (Barcelona) y a la concejal del PP del municipio, Inmaculada Casilla, sospechosos de formar parte de un entramado dedicado a la regularización de extranjeros. La policía acusa a los cuatro implicados de simular contratos para una organización criminal que presuntamente tramitó de manera fraudulenta permisos de residencia para una cuarentena de personas, según fuentes del caso. Los investigados supuestamente fingieron emplear como...
La Policía Nacional detuvo a principios de noviembre a tres policías locales de Santa Susanna (Barcelona) y a la concejal del PP del municipio, Inmaculada Casilla, sospechosos de formar parte de un entramado dedicado a la regularización de extranjeros. La policía acusa a los cuatro implicados de simular contratos para una organización criminal que presuntamente tramitó de manera fraudulenta permisos de residencia para una cuarentena de personas, según fuentes del caso. Los investigados supuestamente fingieron emplear como trabajadores del hogar a diversas personas a cambio de dinero para que el grupo pudiese legalizar su situación en España. La detención de los cuatro acusados quedó sin efecto después de comparecer ante la policía, y permanecen como investigados por los delitos de falsedad documental, organización criminal y un delito contra los derechos de las personas extranjeras.
La investigación, a manos del juzgado de instrucción 23 de Barcelona, arrancó con una primera fase en mayo, con una gestoría implicada, en la que se detuvo a ocho personas, consideradas la cúpula de la organización dedicada a la regularización ilegal. Posteriormente, el 4 y 5 de noviembre, la Policía Nacional citó en su sede del complejo policial de La Verneda, en Barcelona, a los tres policías y a la concejal, y allí fueron formalmente detenidos, según confirman fuentes policiales consultadas por EL PAÍS. Asistidos por abogados, después de leérseles sus derechos y prestar declaración, quedaron en libertad, investigados, a la espera de ser citados por el juzgado que instruye el caso. Fuentes del caso aseguran que los implicados negaron los hechos. Además, fueron detenidas otras tres personas.
Este diario ha tratado sin éxito de contactar con la concejal del PP detenida, que fue como número 28 de las listas del partido en Barcelona en las pasadas elecciones al Congreso. La mujer es pareja de uno de los policías también detenidos. El Partido Popular no ha tomado ninguna medida contra la regidora. El Ayuntamiento de Santa Susanna (3.800 habitantes) ha abierto un expediente sancionador a los dos agentes locales, ambos cabos. Uno de ellos se encuentra trabajando en la actualidad, y el segundo está de baja, afectado por otro expediente interno, indican fuentes municipales. El tercero de los policías es un mosso d’esquadra, que pidió una excedencia el tiempo que ejercía en la policía local de Santa Susanna. El mosso, que ya ha regresado al cuerpo policial autonómico, está destinado en la actualidad en Granollers y sigue trabajando, a la espera de la evolución de la investigación, según ha confirmado la policía catalana.
El alcalde de Santa Susanna, Joan Campolier (AiS-Junts), asegura que supo de las detenciones policiales a través de una información interna, y que ahora la intención es personarse en la causa judicial para conocer exactamente los detalles que afectan a los dos agentes que siguen formando parte de la plantilla municipal. El mosso d’esquadra queda fuera de sus competencias, ya que ha regresado a la policía autonómica. Su caso pasó a manos de asuntos internos de la policía catalana. “Ahora estamos en un proceso instructor”, explica Campolier. En todo caso, cuando existe una investigación judicial en activo, los expedientes disciplinarios se paralizan a la espera de la resolución judicial antes de pronunciarse.