Illa se propone recuperar influencia en Europa a través del comité de las regiones
El president se reúne este miércoles con la presidenta del Parlamento europeo, Roberta Metsola para abordar la oficialidad del catalán
El president de la Generalitat, Salvador Illa, se ha propuesto normalizar la vida política institucional en Cataluña implicándose en el conjunto de España pero también en Europa. El Consell Executiu ha aprobado en la reunión de este martes el denominado Plan Bruselas, que aspira a que Cataluña recupere la influencia perdida en las instituciones europeas a través del comité de las regiones. El objetivo es que recupere esa incidencia tanto desde el punto normativo como desde la obtención de los fondos europeos.
El Govern ha aprobado el plan la víspera del viaje que este miércoles y jueves a las instituciones europeas coincidiendo con la celebración del 30º aniversario del Comité Europeo de las regiones. El independentismo ladeó este organismo en la época del procés y envió como representantes a consejeros y secretarios generales. El último presidente que ocupó la silla fue el socialista, José Montilla, que dejó el cargo en 2010, por lo que tras él ni Artur Mas, Carles Puigdemont, Quim Torra y Pere Aragonès acudieron a ese órgano.
La consejera portavoz, Silvia Paneque, ha alegado que esas ausencias demuestran que hay un recorrido de mejora. “Es fundamental que Cataluña pueda incidir y tener influencia. de ambito regional o local. Y mostrar mayor compromiso con Europa”, ha dicho Paneque al término del Consell Executiu en alusión a la vocación de influir en vivienda, política agraria o el marco financiero. Acompañado del consejero de UE y Acción Exterior, Jaume Duch, que ha sido alto funcionario del Parlamento europeo las dos últimas décadas, Illa participará en la sesión del comité de las regiones. El objetivo de la implicación en este órgano, en cuestiones prácticas, es evitar que se pierdan ayudas cuya tramitación, se quejan los Ayuntamientos, es poco flexible.
Con el mismo objetivo de implicarse en España, Illa quiere trasladar el mensaje de que Cataluña vuelve a ser un socio fiable en Europa. Pero se va con deberes: el primero es lograr que el catalán alcance la oficialidad en las instituciones europeas. Este miércoles se reunirá con la presidenta del Parlamento europeo, Roberta Metsola, para defender la necesidad de que se alcance ese rango.
El Gobierno español y el catalán han presentado propuestas a la Mesa de la Cámara para que se permita el uso del catalán en el hemiciclo. La oficialidad depende ya de que los 27 den luz verde a la petición del Gobierno español. “Queremos traslarle a Metsola la importancia que ha tenido como elemento de cohesión”, ha señalado la consejera en un momento en que el uso de la lengua, según el propio Centro de Estudios de Opinión (CEO), está bajo mínimos.
Illa coincidirá en Bruselas con el lehendakari y con los presidentes de Canarias y Navarra con quien mantendrá reuniones. No así con el expresident Carles Puigdemont, que sigue residiendo en Bruselas a la espera de la aplicación de la ley de Amnistía. Illa ha afirmado este lunes que le agradaría reunirse con el también líder de Junts en Barcelona porque eso demostraría que se le ha aplicado la medida de gracia, algo que reivindica que se haga sin dilación.
El Consejo de Europa insta a España a que haya juicios en lenguas cooficiales si una parte lo pide
Los países del Consejo de Europa instan a España a que los procedimientos judiciales puedan llevarse a cabo en las lenguas cooficiales en las comunidades autónomas donde están reconocidas si una parte lo pide para procesos criminales, civiles o administrativos. En una recomendación adoptada este martes, el Comité de Ministros, que representa a los países miembros de la organización, respalda todas las observaciones y peticiones de los expertos en el informe sobre la Carta de Lenguas Regionales y Minoritarias en España, que publicaron el pasado 24 de septiembre, pero establece seis prioridades a partir de ese documento. Entre ellas figura el hecho de que los tribunales garanticen que, si una de las partes lo reclama, se puedan llevar a cabo los procedimientos en la lengua cooficial, es decir, en catalán o aranés en Cataluña, en catalán en Baleares, en euskera en el País Vasco y Navarra, en gallego en Galicia y en valenciano en la Comunitat Valenciana.
Los ministros consideran que en esas mismas comunidades sus respectivas lenguas cooficiales deberían estar garantizadas en la educación "en todos los niveles apropiados". Los ciudadanos, además, deberían poder dirigirse e interactuar en esas lenguas con las delegaciones de la Administración central. En su informe de septiembre, los expertos del Consejo de Europa hacían notar que la mayoría de las instancias judiciales "no atienden las peticiones para recibir documentación" y que no está garantizado que los tribunales las utilicen en sus procedimientos. Aunque reconocían que no hay datos recopilados a nivel estatal, indicaban
que "es bien sabido" que "casi nunca se utilizan" ni en las audiencias, ni en los dictámenes, ni en los documentos o en la correspondencia con las partes.
Sobre la Administración del Estado en esas comunidades autónomas, afirmaban que "sigue siendo muy baja" la proporción de la plantilla que tiene conocimiento como para trabajar con la lengua cooficial y además "muchos textos administrativos y formularios continúan estando disponibles sólo en castellano". El Comité de Ministros también destaca entre sus seis recomendaciones
prioritarias dos referidas a lenguas minoritarias que no tienen el mismo carácter cooficial, pero que están reconocidas en otras comunidades o ciudades autónomas. Así, reclaman una acción "inmediata y decidida" para proteger y salvaguardar el aragonés y el catalán en Aragón, el leonés en Castilla y León, el valenciano en Murcia, el dariya y el amazigh en Ceuta y Melilla, así como sus respectivas culturas. En paralelo, solicitan que se garantice la enseñanza y el estudio "en todos los niveles apropiados" del amazigh y el dariya en Ceuta y Melilla, el leonés en Castilla y León y la fala en Extremadura. En el texto adoptado, el Comité de Ministros no incluyó entre sus recomendaciones prioritarias uno de los puntos más controvertidos del informe de los expertos, en el que estos estimaban que las sentencias judiciales que imponen un mínimo de clases en castellano infringen los compromisos que España ha asumido para proteger las lenguas regionales o minoritarias.