La Sindicatura detecta pagos injustificados de la Generalitat a los funcionarios de prisiones catalanas
El informe concluye que el Programa de rendimiento profesional que el departamento pagó al personal de los centros durante 2021 por un valor de seis millones de euros no se adecuaba a la normativa
La Sindicatura de Cuentas de Cataluña ha emitido este miércoles el informe relativo al departamento de Justicia en el que ha detectado irregularidades en las retribuciones al personal de los centros penitenciarios. El órgano ha concluido que el Programa de rendimiento profesional que pagó a los funcionarios durante el 2021, por un valor de seis millones de euros, no se adecuaba a la estructura retributiva que consta en la normativa. Tampoco tenía cobertura jurídica para ser considerado como productividad.
El informe lo ha presentado la síndica Llum Rodríguez como ponente, y fue aprobado por el Pleno de la Sindicatura el pasado 8 de octubre. El objetivo del informe es la fiscalización de seguridad limitada de los aspectos legales y económicos relacionados con los gastos de personal de los centros penitenciarios de Justicia: remuneraciones del personal, el presupuesto de gastos y las indemnizaciones por razón del servicio.
El 31 de diciembre de 2021, los centros penitenciarios de Cataluña contaban con 4.937 profesionales, que comportaron un gasto de 251,54 millones de euros reconocido en el presupuesto de la Generalitat. Entre las principales conclusiones del estudio, destaca que los puestos de trabajo presupuestados del personal funcionario fue superior en 190 plazas al personal efectivo que finalmente ocupó los puestos. El exceso de presupuesto que originaron dichas plazas sirvió para financiar una parte del presupuesto de plazas coyunturales del personal funcionario.
Existían comisiones de servicio, encargos de funciones y adscripciones provisionales del personal funcionario de duración superior al tiempo previsto en la normativa. De los 101 funcionarios adscritos provisionalmente, 74 lo estuvieron por un periodo superior a dos años, y en nuevo casos, más de 10 años. Además, no constaba la publicación de un acuerdo que regulara la jubilación anticipada en el ámbito penitenciario.
La Sindicatura ha emitido en el informe cuatro recomendaciones dirigidos al departamento de Justicia. Entre ellas subraya que el presupuesto de gastos de personal debería incluir una previsión de plazas para ocupar y una estimación del gasto para sustituciones. De esta forma evita el exceso de plazas presupuestadas y que acaban sin ocupar.
El organismo sugiere la creación de un sistema ágil de planificación y convocatoria de plazas para evitar la prolongación de ocupación de forma provisional. Finalmente ha propuesto confeccionar un catálogo de puestos de trabajo de segunda actividad para los funcionarios de los centros penitenciarios para la correcta relación entre las necesidades y los ofrecimientos de estos puestos.