Salvador Illa: un momento, que acabo de llegar

Tiene algo de ficticia una sesión de control a un Govern que apenas si ha echado a andar. Este jueves se cumplen 40 días de la investidura de Salvador Illa, y 36 desde la toma de posesión de los consellers. No hay demasiadas medidas que hayan podido arrancar. Por eso, más que dar cuenta de su gestión, Salvador Illa ha tirado de promesas y declaraciones de intenciones. Incluso su anuncio más relevante, la multiplicación de los recursos de la Agencia Tributaria Catalana, no pasa de eso, una expectativa de futuro: “Cumpliremos no solo el acuerdo, sino también los plazos que el propio acuerdo reco...

Tiene algo de ficticia una sesión de control a un Govern que apenas si ha echado a andar. Este jueves se cumplen 40 días de la investidura de Salvador Illa, y 36 desde la toma de posesión de los consellers. No hay demasiadas medidas que hayan podido arrancar. Por eso, más que dar cuenta de su gestión, Salvador Illa ha tirado de promesas y declaraciones de intenciones. Incluso su anuncio más relevante, la multiplicación de los recursos de la Agencia Tributaria Catalana, no pasa de eso, una expectativa de futuro: “Cumpliremos no solo el acuerdo, sino también los plazos que el propio acuerdo recoge.” Claro, ¿cómo va a afirmar algo distinto a estas alturas de la carrera? La única concreción, “la consellera Romero, la consellera de Economia i Finances, ha empezado a trabajar”. Parafraseando al Aznar más mexicano, el que ponía los pies sobre la mesa de George Bush, estamos trabajando en ello. Más inconcreta aún, si cabe, ha sido la respuesta del president a Jessica Albiach, líder de los Comunes, sobre la política de vivienda: “El régimen sancionador [a quien inclumpla la ley de alquileres] ¿cuándo? Lo más pronto posible. ¿Con qué recursos? Con los que haga falta. ¿Construir más? Sí. ¿Dónde? Donde se pueda.” Una declaración difusa con un subtexto evidente: un momento, que acabo de llegar.

No por casualidad, esas dos promesas de futuro se las ha hecho el presidente de la Generalitat a sus socios teóricos, Esquerra y Comunes. Es un intento de mantenerlos cerca, tranquilizarlos, cultivar, si no el entusiasmo por la —hipotética—gestión gubernamental, al menos la esperanza en el cumplimiento de lo acordado. En un gesto de proximidad, Josep Maria Jové (ERC) ha renunciado a definir la nueva financiación como un “concierto” (quien dice gesto de proximidad, dice admitir que uno se vino arriba para convencer a la parroquia propia en un momento delicado).

A falta de grandes decisiones de gobierno, la oposición-oposición también se ha lanzado a la crítica de la gestualidad. Por ejemplo, a la CUP y JxC les escandaliza ese “principio de una buena amistad” con el Rey Felipe, al que Illa ha visto ya tres veces en lo que va de mes, y un par más en septiembre (no sé ni si Montilla llegó a tanto, y eso antes del discurso real del 3 de octubre de 2017). En cambio, Alejandro Fernández (PP) se irrita por el lado opuesto, la conversión de la comisaría de policía de Via Laietana en un centro de memoria contra la tortura, votada por los socialistas en el debate de Política General: siempre esa confusa e incómoda posición ante el franquismo del partido que fundó Manuel Fraga, vestida esta vez de defensa de la policía constitucional. Por su parte, las extremas derechas, liberadas de toda opción de acuerdo con nadie, se lanzan a publicitar sus proyectos: una agenda ultraliberal de vivienda en el caso de Ignacio Garriga (Vox), un discurso sionista que dejaría lívido a Netanyahu por parte de Silvia Orriols (Aliança Catalana).