Cataluña cuenta, desde este miércoles, con 271 municipios que han sido declarados zona tensionada y, por tanto, donde queda limitado el precio del alquiler. El pasado marzo se declararon 140 poblaciones como zona tensionadas y con la publicación en el BOE, este miércoles, de 131 nuevas localidades, más del 90% delos catalanes vive en un municipio donde ha quedado limitado el precio del alquiler. EL PAÍS se ha puesto en contacto con los alcaldes de varios de estos municipios y pese a que agradecen la norma aseguran que llega tarde y no resuelve el problema de la inexistencia de pisos de alquiler.

Pallejà es un municipio de 12.000 habitantes situado a 20 kilómetros de Barcelona y, desde este miércoles, es una de las zonas de mercado residencial tensionado. “Para encontrar alquiler en Pallejà tienes que estar atento a las esquelas. Es la única oportunidad de que un piso salga al mercado del alquiler”, lamenta el primer teniente de alcalde, Joan Parera. El pasado año se firmaron solo 37 contratos de alquiler en el municipio y la opción de compra no siempre es asequible ya que un piso ronda los 400.000 euros en esta población de la comarca del Baix Llobregat. “Nuestra juventud acaba marchando. Nosotros como Ayuntamiento no tenemos capacidad para construir vivienda oficial y acabamos solicitándolo a la AMB o la Generalitat pero tampoco se construye con la velocidad que debiera”, denuncia el concejal que asegura que el alquiler de un piso de 80 metros cuadrados en Pallejà ya superan los 1.100 euros al mes.

Otra de las poblaciones que ha entrado este miércoles en el listado es Alcarràs en Lleida. Gerard Companys es el alcalde de este municipio de 10.000 habitantes. “Por mucho que se regule el precio, que está genial, aquí no hay oferta y la regulación no nos sirve de mucho”, lamenta Companys. “Además, tenemos tres bloques de pisos de la Sareb que quedaron inacabados con la crisis y que ahora no tienen ni licencia ni cumplen normativa. Nadie los compra porque adecuarlos a la nueva normativa es carísimo. Si el Estado nos ayudara en eso, podríamos tener pisos de alquiler”, denuncia. En Alcarràs, un piso de dos habitaciones cuesta ahora 600 euros de alquiler.

Alcaldes escépticos en Girona

En la provincia de Girona hay varios municipios que acaban de ser declarados zona de mercado residencial tensionado. La mayoría de sus alcaldes se muestran escépticos o contrarios a la medida. Municipios como Begur, Pals, l’Escala, Torroella de Montgrí, Platja d’Aro, Caldes de Malavella o Maçanet de la Selva, mantienen que no tienen tanto problema de precios de alquiler porque la problemática es, directamente, la falta de pisos. Begur, con 4.000 habitantes ha contabilizado mil viviendas de uso exclusivamente turístico, l’Escala tiene 10.000 habitantes y 3.000 pisos turísticos, los mismos que Platja d’Aro y Torroella de Montgrí que tienen unos 12.000.

En Platja d’Aro, su alcalde Maurici Jiménez lo tiene claro: “Tenemos pocos pisos para alquilar y son caros”. Jiménez cree que esta medida, por si sola, no solucionará nada: “Sería mejor disponer de un conjunto de medidas que permitan rebajar el número de viviendas turísticas, recuperar bajos comerciales y despachos que están en desuso o los 300 pisos que hemos detectado que están vacíos”. Jiménez cree que con estas medidas se sacaría al mercado del alquiler cerca de 270 pisos.

La concejal de vivienda de l’Escala, Clàudia de Cruz, cree que poner un tope al precio de los alquileres es una buena noticia y mantiene: “En l’Escala no tenemos alquiler residencial y el que hay no se oferta, se contrata por el boca a boca. El poco alquiler que tenemos es de temporada y excesivamente caro”. De Cruz coincide con el alcalde de Platja d’Aro: “No vemos claro que esta medida sola sea la solución. Faltan pisos de alquiler y que sean más económicos”. La concejal teme ahora, como otros ediles, que algunos de los propietarios que alquilaban su piso con esta nueva medida lo ponga directamente a la venta.

“No sé si va a beneficiar a alguien, tenemos un problema de vivienda, pero esto no lo arregla”, asegura el alcalde de Pals, Carles Pi. Pals tiene una población de 2.600 personas y hay 1.000 viviendas de alquiler turístico. Aún así, Pi no es partidario de eliminarlas, ya que considera que estos pisos “no servirían para viviendas de primera residencia porque la gran mayoría están en la playa, son de hace décadas y no están preparadas”.

El concejal de vivienda de Torroella de Montgrí, Jordi Roura, está a favor de que se limiten los topes de los alquileres. Sin embargo, cree que no funcionará mientras no se regule el alquiler turístico, el de habitaciones y el de temporada. “Hecha la ley, hecha la trampa, si se limita el tope de los alquileres residenciales, los propietarios los cambiaran a temporales”, vaticina Roura.

La alcaldesa de Maçanet de la Selva, Natalia Figueras, critica que la medida “no ha tenido en cuenta el contexto de cada municipio”. El primer edil de Caldes de Malavella, Salvador Balliu, describe que su municipio solo permite edificar máximo dos plantas en el 90% del término. “No es que haya pisos caros, es que no tenemos pisos”, indica, y apunta que de los 9.000 vecinos la mitad viven en urbanizaciones. “Lo que hay son muchas viviendas turísticas que se ocupan los fines de semana, tantas, que tuvieron que hacer una ordenanza de convivencia y buena conducta que exclusivamente las regula a ellas”, lamenta.