La justicia tumba la ‘tasa Amazon’ que aprobó el Ayuntamiento de Barcelona

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha declarado nula de pleno derecho la tasa al reparto a domicilio de los productos comprados por internet, conocida como tasa Amazon, del Ayuntamiento de Barcelona. Así consta en una sentencia en la que se estima un recurso contencioso-administrativo interpuesto por UNO Organización Empresarial de Logística y Transporte y se declara nula de pleno derecho la ordenanza fiscal que aprobaba dicha tasa.

La tasa Amazon grava a las empresas de reparto a domicilio, pero solo si es de compra por Internet, y se aprobó en febrero de 2023 por mayoría en el Consejo Municipal para que las compañías se corresponsabilizaran de las externalidades que genera su actividad, como la congestión del espacio público y el incremento de la contaminación. Pese a su nombre, una sentencia de la Audiencia Nacional falló el pasado mes de octubre que el gigante del comercio electrónico no es un operador postal, lo que le exime del gravamen por ocupación del espacio público al entregar compras por internet.

La sentencia, que contiene un voto discordante, considera que “la clasificación tributaria del gravamen, más que una verdadera tasa, es la de un auténtico impuesto que gravaría los potenciales o previsibles rendimientos obtenidos por actividades de las empresas distribuidoras de las mercancías adquiridas por comercio electrónico”. El tribunal considera que, si la ordenanza tiene como justificación finalista evitar la carga y descarga en la vía pública para envíos puntuales, ”tal protección debe abarcar a todo vehículo susceptible de utilizar de igual forma el domino público, pero no exclusivamente a los operadores postales que distribuyen bienes adquiridos a través del comercio electrónico”.

El gobierno municipal solía argumentar que persigue dos objetivos. Uno, igualar las condiciones del comercio electrónico con las del comercio de proximidad. Y dos, fomentar la entrega en puntos de recogida para evitar la circulación de vehículos de reparto creando congestión y contaminación. “Que contribuyan al interés general”, en síntesis. El Consistorio ha cifrado en 2,6 millones de euros al año el coste del “aprovechamiento” del espacio público. Será la recaudación máxima repartida entre las 26 empresas postales que facturan más de un millón de euros al año.

Una portavoz del Ayuntamiento de Barcelona ha asegurado que el gobierno municipal “respeta la decisión judicial”, pero se muestra disconforme con la sentencia. Los servicios jurídicos del Consistorio estudian la posibilidad de presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo para “continuar defendiendo los intereses del Ayuntamiento y la tasa”. El Consistorio defiende: “La economía y la sociedad avanzan hacia nuevos modelos económicos y las administraciones públicas necesitan tener herramientas legales necesarias para poder regular estos nuevos modelos y gestionar el uso privativo que hacen del espacio público”. De esta forma, el Ayuntamiento pretende “proteger el comercio de proximidad y el pequeño comercio ante la amenaza que suponen las grandes plataformas”.

El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha propuesto una rebaja de impuestos para el pequeño comercio “tras demostrarse que la tasa Amazon fue una chapuza”. La tasa comenzó a tomar forma tras la aprobación de una proposición de ERC. El texto apostaba por la creación de una tasa municipal para gravar a las plataformas de comercio electrónico que trabajan en Barcelona. Fue apoyado por el gobierno municipal (comunes y PSC, que llevaba la idea en su programa electoral) y Junts. Ciudadanos se abstuvo, y el PP y Barcelona pel canvi votaron en contra.

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