Barcelona avanza en su campaña contra los clubs cannábicos y ordena los 30 primeros cierres

El teniente de alcalde de seguridad del Ayuntamiento de Barcelona, Albert Batlle, ha reiterado durante meses su objetivo de clausurar los 212 clubs cannábicos de la ciudad. Un compromiso que ha empezado a materializarse: el pasado viernes, 30 de estas asociaciones recibieron notificaciones obligándoles a clausurar la actividad. El Consistorio mantiene la orden de cierre tras constatar que en ellos se consumen y adquieren sustancias estupefacientes. Tras la notificación, las asociaciones tienen un plazo de diez días para presentar recursos pero, fuentes del Consistorio, aseguran que, como máximo, en septiembre estas 30 asociaciones estarán clausuradas.

La relación de amor-odio entre Barcelona y los clubs cannábicos dura décadas. En 1991 se fundó en Barcelona la primera cannábica de España. No acabó bien y la junta fue condenada por un delito contra la salud pública. Aún así, sirvió de semilla y los clubs comenzaron a proliferar en 2011. En 2015, el gobierno de Xavier Trias presentó una normativa para poner freno a estas asociaciones. A las pocas semanas, sin aprobar la ordenanza, perdió las elecciones. En 2016 el equipo de Ada Colau creó una nueva ordenanza que establecía distancias mínimas -de entre 100 y 150 metros- entre clubs cannábicos, parques infantiles y escuelas. En junio de 2017 el Parlament aprobó una ley que marcaba que los clubs no podían tener ánimo de lucro, los socios debían ser mayores de edad y para apuntarse a un club debían tener el amparo de otro socio. Además, se limitaba a un máximo de 150 los kilos la marihuana que podía cultivar cada asociación y cada usuario podía retirar, solo, 60 gramos de hierba al mes. En septiembre de 2018 el Tribunal Constitucional anulaba la ley catalana destacando que la marihuana es una droga y la única administración que puede legislar es el Gobierno central. En julio de 2021, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña anulaba la ordenanza de Colau y prohibía “promover el consumo, la venta y el cultivo” en estos espacios. Las dos sentencias sirvieron para que Batlle pusiera en su punto de mira estas asociaciones. El teniente de alcalde ordenó a la Guardia Urbana ejercer presión policial para que las cannábicas se limitaran a “informar y asesorar” pero se abstuvieran de permitir el consumo de marihuana en estos establecimientos y, mucho menos, la venta.

De los 212 clubs cannábicos de la ciudad la policía municipal detectó, a finales de 2023, 57 que podrían incumplir con las sentencias. La Urbana se limitó a aumentar la presión sobre estos clubs. Revisaron las instalaciones, comprobaron las extracciones de humos, normativa de incendios…. A la vez, se ampliaron los dispositivos de vigilancia interceptando a los socios y comprobando si compraban marihuana dentro de los locales, si la consumían también, si eran socios reales o no… Al final, estos operativos sirvieron para confeccionar los expedientes de clausura de 30 clubs, tal y como adelantó este martes elDiario.es.. Fuentes de la Guardia Urbana aseguran que, pese a que se tarda meses en clausurar, de este modo, los clubs cannábicos es más fácil que por la vía penal ya que no se depende de autorizaciones judiciales y de grandes operativos policiales.

Ahora las 30 cannábicas afectadas tiene diez días para alegar un cierre que puede ser definitivo o temporal (entre seis meses y dos años). Eric Asensio de la Federación de Asociaciones de Cánnabis de Cataluña (CATFAC) aseguraba este martes a EL PAÍS que su entidad tiene conocimiento de seis órdenes de clausura en clubs de distritos de Ciutat Vella y Sant Martí. El Ayuntamiento asegura que son 30 en toda la ciudad. “Lo que está haciendo el Consitorio es una lectura interesada para la que no tiene competencias. Si acaban con asociaciones por está vía recurriremos en el contencioso administrativo”, defiende Asensio. La CATFAC tampoco teme la vía penal ya que mantiene que los socios de los clubs realizan un “consumo compartido” según alega Asensio.

Uno de los objetivos que se marcó Batlle al principio de mandato era el de acabar con los 212 clubs de la ciudad. Si, finalmente, clausura los 30 notificados la Urbana se centrará en realizar los mismos operativos en los 182 restantes.

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