Detenida la alcaldesa de Sitges (ERC) por irregularidades en las ayudas a una entidad social

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) han detenido este miércoles a la alcaldesa de Sitges (Barcelona), Aurora Carbonell, de Esquerra Republicana, por presuntas irregularidades en la adjudicación de subvenciones y contratos a una entidad. Carbonell ha sido arrestada junto a otras ocho personas en el marco de un proceso penal abierto abierta por un juzgado por los delitos de ...

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) han detenido este miércoles a la alcaldesa de Sitges (Barcelona), Aurora Carbonell, de Esquerra Republicana, por presuntas irregularidades en la adjudicación de subvenciones y contratos a una entidad. Carbonell ha sido arrestada junto a otras ocho personas en el marco de un proceso penal abierto abierta por un juzgado por los delitos de malversación, prevaricación y falsedad documental. La investigación, que ha provocado también el registro en dependencias municipales, abarca seis años (de 2017 a 2022) y dos mandatos: el de Carbonell, que revalidó el cargo en las elecciones municipales del pasado mayo, pero también una parte del mandato de su antecesor, el exalcalde Miquel Forns (CiU). La alcaldesa ha quedado en libertad después de declarar.

La causa la inició el Juzgado de Instrucción número 8 de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) hace poco más de un año. Las presuntas irregularidades se centran en ayudas públicas concedidas a dedo a una entidad llamada Taula del Tercer Sector de Sitges-Garraf, que a lo largo de la etapa investigada también fue adjudicataria de contratos menores. Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) sospechan que la entidad, fundada hace una década, ha cobrado dos veces (a través de las ayudas y de los contratos) por ofrecer, en realidad, el mismo servicio.

Dirigida por Juan Carlos Nicolás, la Taula del Tercer Sector de Sitges-Garraf se dedica a labores sociales: comedor social, campañas de recogida de alimentos, atención a la infancia y las personas dependientes, etcétera. El Ayuntamiento de Sitges consideró “de interés social” su labor y firmó un convenio por el que cada año ha recibido unos 45.000 euros, según documentación consultada por este diario. Entre las tareas por las que se le concedía la ayuda figuran, según el convenio: programas de recuperación de especies con participación de expresos, packs personalizados de alimentación y ropa para personas vulnerables y ayuda a personas con drogodependencias y problemas de alcoholismo. A esas cantidades se suman adjudicaciones, en el periodo investigado, de contratos menores (otros 75.000 euros anuales) para limpieza de playas o mantenimiento de parques.

Carbonell, que el pasado 28-M revalidó el mandato, es alcaldesa de Sitges desde 2019. El juez la mantiene como investigada junto a ocho concejales y trabajadores del consistorio en ese periodo (2017-2022) y otras cuatro personas que formaban parte de la entidad. Durante el mandato del convergente Forns, Carbonell formó parte del gobierno de coalición con Esquerra: fue primera teniente de alcalde y concejal de promoción económica, turismo y playas de Sitges.

Los agentes de la UDEF han practicado desde primera hora de la mañana entradas y registros para intervenir documentación relacionada con los contratos bajo sospecha. Los agentes han entrado de forma simultánea y por orden judicial en dependencias municipales, en las sedes de las entidades investigadas y en domicilios particulares de los cuatro investigados de la cooperativa. Entre otros lugares, los policías han acudido al edificio donde se ubica el área de Promoción y Territorio, en la zona de Prunelles, a las afueras de la localidad.

El Ayuntamiento de Sitges ha explicado que los hechos investigados por el juzgado “ya habían sido analizados internamente”. Al detectar “posibles irregularidades externas”, el Consistorio paralizó las subvenciones, revisó los expedientes e inició “el proceso para el retorno de las ayudas que no estaban plenamente justificadas”. Según la nota de prensa difundida este miércoles tras los registros, el Ayuntamiento dispone de informes jurídicos que “aseguran la ausencia de responsabilidades administrativas, y menos aún penales”. El Consistorio agrega que se pone “a disposición de las autoridades” para ofrecerles su colaboración. En paralelo, Esquerra Republicana ha difundido un comunicado en la misma línea, en el que reitera “el pleno compromiso” del partido “con la gestión pulcra y transparente de los recursos públicos y contra la corrupción”.

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