Trazas de procesismo en el Parlament
Resulta altamente desazonador ver la cantidad de tiempo y esfuerzo que el Parlament dedica a dar vueltas a los mecanismos de funcionamiento interno, un metadebate sin fin sobre derechos de voto, condiciones de los parlamentarios y asuntos similares. Para ser justos, es cierto que la institución catalana no es la única culpable. Los tribunales se han empleado a fondo desde hace algunos años -ya saben ustedes cuáles- en una especie...
Resulta altamente desazonador ver la cantidad de tiempo y esfuerzo que el Parlament dedica a dar vueltas a los mecanismos de funcionamiento interno, un metadebate sin fin sobre derechos de voto, condiciones de los parlamentarios y asuntos similares. Para ser justos, es cierto que la institución catalana no es la única culpable. Los tribunales se han empleado a fondo desde hace algunos años -ya saben ustedes cuáles- en una especie de combate particular: no sólo limitado a la cuestión catalana, sino autodesignándose en toda España como la reserva espiritual del constitucionalismo más esclerótico, y que ese recurso al metadebate normativo es una de sus tácticas habituales. Pero bueno, el Parlament también ha entrado desde hace tiempo y con entusiasmo en la batalla reglamentista; no olvidemos que ya en el lejano pero nunca olvidado septiembre de 2017, la mayoría independentista usó algún detalle del reglamento -la posibilidad de incluir asuntos de urgencia en casos excepcionales en el orden del día y el procedimiento de votación en lectura única de textos legales- para forzar la aprobación nada menos que de una constitución provisional para una Cataluña independiente. Y que la oposición -muy especialmente Ciudadanos- también echó mano del mismo reglamento en una táctica filibustera que trataba de obstaculizar la maniobra indepe. Procés en estado puro, que aún hoy, pese al tiempo transcurrido (iba a decir “con lo que ha llovido”, pero seguramente no ha llovido desde entonces), sigue dejando algunas trazas en el día a día parlamentario.
Todo esto viene a cuento por la decisión de la mesa de la Cámara de habilitar el voto telemático para el diputado exiliado Lluís Puig, de Junts, contra la opinión del PSC y ante el rasgado público de vestiduras de Vox y Ciudadanos, también incapaz de superar su táctica tradicional, aunque ya no le dé votos. Una habilitación que, ocasionalmente, ha permitido a los grupos independentistas volver a votar juntos, aunque sólo en la Mesa y mientras en los pasillos, algún estratega de Junts lo atribuía a ganas de ERC de recuperar pátina independentista en época preelectoral.
Al margen del galimatías legal, el pleno de este miércoles ha constatado el protagonismo creciente de la emergencia climática. Por un lado, el president Pere Aragonès ha seguido recibiendo críticas, sobre todo desde la derecha, por la manera como ha gestionado las medidas contra la sequía. Si me lo permiten, les diré que en este asunto de gravedad extrema resulta especialmente irritante detectar partidismo y casi nadie queda libre de culpa. En segundo lugar, En Comú Podem y CUP han coincidido en exigir medidas para reducir el número de cruceros que atracan en los puertos catalanes y que, según la anticapitalista Eulàlia Reguant, causan en proporción más gasto de agua y contaminación ambiental que los habitantes de las ciudades portuarias correspondientes. Pere Aragonès ha querido ver electoralismo en los ataques. Tal vez, pero si quieren asistir a un debate contaminado absolutamente por la cercanía de las urnas, esperen a ver el próximo, a las puertas mismas del arranque de la campaña.
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