ERC recuerda que sacar adelante la reforma legal no es el fin del camino
El partido de Oriol Junqueras insiste en que la desjudialización es un primer paso necesario para lograr la “igualdad” de condiciones para abordar la negociación sobre el conflicto catalán
Esquerra Republicana mira con recelo el desarrollo del choque entre el Tribunal Constitucional y el Gobierno. En el pleno de este lunes, el tribunal de garantías debatirá si aplica las medidas cautelares que le pide el PP para suspender la tramitación de la reforma del código penal, y aún no es claro el impacto que puede tener sobre las dos iniciativas clave para ERC: la derogación de la sedición y la modificación en el delito de malversación. El partido de Oriol Junqueras está solo dentro del indepen...
Esquerra Republicana mira con recelo el desarrollo del choque entre el Tribunal Constitucional y el Gobierno. En el pleno de este lunes, el tribunal de garantías debatirá si aplica las medidas cautelares que le pide el PP para suspender la tramitación de la reforma del código penal, y aún no es claro el impacto que puede tener sobre las dos iniciativas clave para ERC: la derogación de la sedición y la modificación en el delito de malversación. El partido de Oriol Junqueras está solo dentro del independentismo en la apuesta por la vía negociada, y por eso la “desjudicialización” —objetivo que persigue esta reforma del Código Penal— es una prioridad.
Pero los recelos de ERC no terminan aún si la tramitación sigue adelante: temen que, tras el pulso de la derecha y el Tribunal Constitucional, el Gobierno de Pedro Sánchez presente la reforma legal como el final del procés y el último punto del camino en la negociación con el independentismo. Por eso recuerdan que la desjudicialización, aunque es un paso necesario, solo se trata de la primera parada para lograr la “igualdad de condiciones” que permita abrir el diálogo, tal y como establecieron los gobiernos de Pedro Sánchez y Pere Aragonès en julio.
Más allá de los efectos que tendría la reforma del Código Penal en las situaciones personales de los condenados y encausados por el procés, la desjudicialización es una meta imprescindible para ERC. Tras la salida de Junts del Govern y la evidente ruptura del independentismo, el partido quiere que la vía del diálogo, por la que ha apostado en los últimos tiempos, empiece a dar frutos, especialmente ahora que se abre un año electoral, con unas elecciones municipales muy reñidas en las que deberán convencer a los votantes de que su senda da resultados. Y, cuando ya estaban a punto de coronar la cima con la reforma legal que ayudaría a la situación procesal de unos 40 cargos de segunda línea de la Generalitat, aparece un nuevo impedimento con la actuación del Tribunal Constitucional.
Superar este bache, según los republicanos, es imprescindible pero no es el final del camino. Fuentes del partido recuerdan que en la mesa de diálogo celebrada en Madrid en julio los Gobiernos central y autonómico acordaron “superar la judicialización garantizando un proceso de diálogo y negociación equilibrado y con garantías”. Es decir, que todavía quedará mucho por hacer aún si se aprueba la reforma legal que derogaría la sedición y modificaría el delito de malversación. De ahí que los dirigentes de ERC insistan en que el objetivo es acordar un referéndum de independencia.
Con todo, en el seno de ERC prefieren no especular sobre cómo se posicionará el alto tribunal, pero en la voz de algunos de los líderes del partido sí se podía notar, a finales de esta semana, cierto nerviosismo. Al principio era algún chascarrillo —sobre cómo se ha deslocalizado a Madrid el galimatías jurídico y parlamentario que ha caracterizado siempre al procès— pero pronto aparecieron las caras serias. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, optó en una entrevista a Cadena SER el pasado viernes por mostrarse confiado en que la tramitación de la reforma continuará sin problemas. Este sábado, el presidente del partido, Oriol Junqueras, acusó a PP y Vox de llevar a cabo “una estrategia perfectamente planificada” para tratar de “impedir que la voluntad democrática gane”.
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