El Tribunal Superior catalán tumba la tasa de recogida de residuos que creó Ada Colau en 2020

El tributo, incluido en el recibo del agua, debía servir para bonificar a las familias que más reciclaran

Una vecina de Barcelona usa uno de los contenedores de basura del Ayuntamiento, en una imagen de archivo.CRISTÓBAL CASTRO

Revés judicial, por cuestiones formales, para una tasa municipal que creó el gobierno de la alcaldesa Ada Colau en 2020. Se trata de la tasa de recogida de residuos, que el Ayuntamiento de Barcelona cobra a los vecinos de la ciudad y se incluye en el recibo del agua. En su día el concejal de Emergencia Climática, Eloi Badia, defendió el tributo como m...

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Revés judicial, por cuestiones formales, para una tasa municipal que creó el gobierno de la alcaldesa Ada Colau en 2020. Se trata de la tasa de recogida de residuos, que el Ayuntamiento de Barcelona cobra a los vecinos de la ciudad y se incluye en el recibo del agua. En su día el concejal de Emergencia Climática, Eloi Badia, defendió el tributo como medida para bonificar a las familias que mejor reciclaran, que en teoría tendrían rebaja en esta tasa. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) la ha declarado nula, estimando el recurso contencioso administrativo que presentó Aigües de Barcelona.

La decisión no es firme y el Ayuntamiento puede presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Fuentes municipales explican que todavía no les ha sido notificada la decisión judicial y que cuando reciban el texto lo analizarán los servicios jurídicos municipales.

El fallo, adelantado por el medio digital Tot Barcelona, concluye que el tributo es nulo porque el informe técnico y económico que el consistorio realizó para justificarlo es “excesivamente genérico” y el porcentaje seleccionado no está bien sustentado. “No permite entender en que categoría será incluido el sujeto pasivo de la tasa y, en definitiva, se desconoce cuál es el criterio seguido para calcular el importe de las cuotas correspondientes a las distintas categorías”, sostienen los magistrados.

La nueva tasa fue aprobada en el pleno de febrero del año 2020 con los votos del Gobierno municipal (comunes y PSC) y ERC. Los grupos municipales de Junts, Ciutadans, PP y Barcelona pel canvi votaron en contra.

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