Investigado un concejal de Ada Colau por favorecer la cesión de un local ‘okupado’

Eloi Badia, concejal del equipo de gobierno de Ada Colau, tendrá que declarar como investigado ante el juez por malversación y prevaricación. Una comunidad de vecinos de Gràcia, el distrito de Barcelona que dirige Badia, le ha llevado a los tribunales por haber cedido a dedo, de forma presuntamente ilegal, un local okupado a una asociación juvenil que ha causado infinidad de conflictos de convivencia. En un auto al que ha accedido EL PA...

Eloi Badia, concejal del equipo de gobierno de Ada Colau, tendrá que declarar como investigado ante el juez por malversación y prevaricación. Una comunidad de vecinos de Gràcia, el distrito de Barcelona que dirige Badia, le ha llevado a los tribunales por haber cedido a dedo, de forma presuntamente ilegal, un local okupado a una asociación juvenil que ha causado infinidad de conflictos de convivencia. En un auto al que ha accedido EL PAÍS, el titular del juzgado de instrucción número 27 de Barcelona, Francesc Paulí, ha citado a declarar a Badia y a otros cuatro cargos municipales.

La querella se dirige contra responsables del distrito de Gràcia y del Instituto Municipal de Vivienda por un convenio de cesión de usos firmado, en septiembre de 2017 y renovado en varias ocasiones, entre el Ayuntamiento de Barcelona y la Associació de Joves de Gràcia. El local, la antigua comisaría de Policía de Lesseps, es de titularidad municipal. Los vecinos argumentan que, de acuerdo con la ley, la adjudicación de un bien de esas características debe hacerse mediante subasta o concurso, pero nunca de forma directa. Badia firmó la propuesta de acuerdo y la elevó a la Comisión de Gobierno del consistorio.

Bajo la piel jurídica, la tesis de los vecinos es que el Ayuntamiento había decidido de antemano que ese local iba a ser cedido a las personas que ya lo okupaban desde hacía dos años. El texto recuerda que, en 2016 -un año antes de la cesión- el Ayuntamiento hizo trabajos de acondicionamiento del local para actividades. “La voluntad decisoria estaba torcida de inicio”, recoge la querella admitida a trámite por el juez. Si se eludieron los controles fue con fines “exclusivamente políticos e ideológicos afines a los del equipo municipal de gobierno y en perjuicio del erario público”, subraya el texto.

El Consistorio y la entidad pactaron el pago de un alquiler social anual de 550 euros, pero “no hay constancia de que haya sido abonado”, según la querella. El abogado José Ramón Sorní, que la firma, basa en ese presunto perjuicio al erario público el delito de malversación por el que también señala a Badia y a otros cuatro cargos que intervinieron en la cesión de 2017: el gerente de Gràcia Pere Camps; el jefe de servicios jurídicos, Rufino García; el director de servicios a las personas, José María Raya; y la gerente del Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación, Maria Àngels Mira.

La ofensiva judicial es, en realidad, el último y desesperado intento de la comunidad de vecinos del número 203 de la calle Torrent de l’Olla por acabar con los problemas de convivencia que sufren desde 2017. Y, también, con la inacción municipal. La querella acusa al Ayuntamiento de no controlar la actividad del Casal Popular Tres Lliris, nombre con el que es conocido popularmente el local que gestiona la asociación. Los vecinos describen una serie de “padecimientos”, con “noches y noches sin poder dormir por botellones, ruidos, jolgorio y fiestas” que no acabaron, dicen, ni con el confinamiento provocado por la crisis del coronavirus.

Cientos de llamadas a la Guardia Urbana, denuncias ante la Sindicatura de Greuges de Barcelona -que llegó a acusar al Ayuntamiento de una “actuación insuficiente”-, solicitudes de información mediante transparencia pública... Los vecinos describen sus esfuerzos por buscar una solución y denuncian que han topado contra un muro. En un momento dado, el consistorio llegó a abrir expedientes administrativos, pero ignoró la orden de cese de actividad, siempre según la denuncia.

Desesperados, los vecinos llevaron el caso a la Fiscalía de Barcelona, que archivó la investigación en diciembre de 2020 por falta de indicios de delito. En aquellas fechas, sin embargo, los vecinos no habían podido acceder aún a los detalles del contrato de cesión debido a las trabas municipales. La Fiscalía ha asumido esa tesis porque, preguntada por el juez, se ha pronunciado a favor de admitir a trámite la querella. El magistrado ha ordenado que se tome declaración a los cargos municipales, pero también que se escuche el testimonio de los afectados y que se incorpore a la causa toda la documentación sobre el caso.

Eloi Badia asegura que la cesión “se enmarca en la participación ciudadana en la ciudad”. “Hay otros locales municipales en cesión de uso para asociaciones de vecinos. Incluso cuando se trata de gestión cívica” y cita el ejemplo de La Violeta. “El consistorio no obró con mala fe, históricamente se han cedido espacios, fuera de los mandatos del actual Gobierno municipal”. El concejal especifica que la cesión llegó tras un año de trabajo de mediación con los okupas, que reivindicaban un local para jóvenes. “El local no podía ser ocupado, sino en unas condiciones formales. Salieron del local, el Ayuntamiento lo rehabilitó de acuerdo a los requerimientos de uso público, y se constituyeron en Asociación para poder optar a la cesión”.

Sobre el impago del alquiler, coincidió con los dos años de la pandemia, 2020 y 2021 “pero se les ha requerido el pago y se acabará cobrando”, precisa Badia. Los dos primeros año sí pagaron. Sobre las molestias, el concejal señala que el último convenio de cesión, cerrado hace un mes, “fija horarios de las actividades y prevé realizar obras de insonorización”.

El concejal tiene otra causa abierta en Fiscalía por presunto delito ecológico de la incineradora Tersa. Y figura en la causa del Tribunal de Cuentas por los estudios vinculados a la gestión del agua por parte de Agbar.

Desalojo y ocupación

El origen del conflicto se sitúa en noviembre de 2015, cuando cerca de trescientas personas ocuparon la antigua comisaría de la Policía Nacional de Barcelona, situada en el número 17 de la calle Nil i Fabra. La ocupación fue la culminación de una manifestación que protestaba por el desalojo del Casal Popular Tres Lliris, un centro cultural alternativo que estaba situado en una antigua oficina bancaria en el número 277 de la Travessera de Gràcia.

Aquel desalojo representó una nueva jornada de ira dentro del colectivo okupa que arrasó con los cristales de entidades bancarias de Gràcia y quemaron decenas de contenedores. El 21 de noviembre, días después de la batalla campal que protagonizó el colectivo en Gràcia, decenas de manifestantes marcharon con una pancartas que rezaba: “Llenamos los espacios vacíos de vida” y, en aquella ocasión, sin causar daños fueron directos a la antigua comisaría de la Policía Nacional de Lesseps y accedieron al inmueble. Desde entonces, el edificio permanece ocupado por el colectivo.

La de la antigua comisaría no es la primera cesión a un colectivo de okupas por parte del Ayuntamiento de Barcelona. En 2014, y tras el intento de desalojo del centro social ocupado Can Vies, en Sants, que provocó cinco noches de disturbios, el entonces alcalde Xavier Trias cedió el local e incluso anunció que concedería al colectivo una licencia de obras. El edificio pertenece a Transports Metropolitans de Barcelona, TMB. También Trias pagó durante meses 5.500 euros de alquiler al mes del Banc Expropiat, una antigua oficina bancaria de Gràcia que fue ocupada en octubre de 2011 y sobre la que antes de las elecciones de 2015 pesaba una orden de desalojo.

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