Los promotores del Hermitage inician la batalla judicial con el Ayuntamiento
La empresa presenta un recurso contencioso-administrativo y defiende que el puerto es titular del terreno y no el Consistorio
Hermitage Barcelona, la sociedad que promueve la instalación de una franquicia del museo de San Petersburgo en la capital catalana, ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento de Barcelona, lo que supone el inicio de la batalla judicial por la oposición municipal al proyecto. En un comunicado, la empresa defiende que tiene una concesión otorgada el pasado 26 de mayo, lo que le permite “...
Hermitage Barcelona, la sociedad que promueve la instalación de una franquicia del museo de San Petersburgo en la capital catalana, ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento de Barcelona, lo que supone el inicio de la batalla judicial por la oposición municipal al proyecto. En un comunicado, la empresa defiende que tiene una concesión otorgada el pasado 26 de mayo, lo que le permite “desarrollar el proyecto en este emplazamiento que legal y legítimamente le ha sido otorgado”.
El escrito sostiene que el Ayuntamiento plantea una fórmula de actuación que equivale otorgar a la alcaldesa, Ada Colau, y a la concejal de Urbanismo, Janet Sanz, facultad para derogar el planeamiento urbanístico vigente. Los promotores del Hermitage lo consideran extrapolable a otros planes de la ciudad. La sociedad recuerda que el solar es titularidad de la Autoridad Portuaria (APB) y que el Ayuntamiento no puede vulnerar sus competencias.
“Hermitage Barcelona fue el único proyecto que se presentó con una propuesta para este espacio y ha cumplido con el proceso de tramitación de forma escrupulosa”, indica el comunicado de los promotores del Hermitage, quienes se niegan a facilitar la denuncia presentada ante los tribunales.
El Ayuntamiento presentó un recurso contra el puerto después de que este hubiera dado una autorización condicionada a los promotores del museo, que pretenden invertir 52 millones de euros. La negativa de Barcelona ha abierto una batalla entre otras ciudades españolas para intentar captar el proyecto. Las próximas elecciones en 2023, en el caso de que los comunes cayeran, podrían suponer un punto de inflexión para el proyecto.