El juez procesa a Albiol por tolerar la instalación ilegal de antenas de telefonía móvil

El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol (PP), tendrá que sentarse, con toda probabilidad y por segunda vez, en el banquillo de los acusados. La primera vez fue hace ocho años, cuando le juzgaron por repartir panfletos xenófobos contra los gitanos rumanos. Le fue bien: logró ser absuelto de un delito de odio. Esta vez responde ante la justicia por un asunto bien distinto: tolerar la instalación de dos antenas de te...

El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol (PP), tendrá que sentarse, con toda probabilidad y por segunda vez, en el banquillo de los acusados. La primera vez fue hace ocho años, cuando le juzgaron por repartir panfletos xenófobos contra los gitanos rumanos. Le fue bien: logró ser absuelto de un delito de odio. Esta vez responde ante la justicia por un asunto bien distinto: tolerar la instalación de dos antenas de telefonía móvil en la comisaría de la Guardia Urbana de Badalona que no contaban con ningún tipo de licencia y eran “manifiestamente ilegales”, según el auto del juez que da por finalizada la investigación del caso y al que ha accedido EL PAÍS. La Fiscalía, que presentó la denuncia inicial, concretará en los próximos días si solicita que se abra juicio oral contra el alcalde del Partido Popular y qué pena pide para él.

El juez ve indicios de que Albiol y otras siete personas —concejales y otros cargos municipales— cometieron los delitos de prevaricación y malversación por permitir la instalación irregular de dos antenas de telefonía. Pese a las advertencias de vecinos y policías, y pese a que conocían las irregularidades, no hicieron nada por revertir la situación, añade el auto judicial. Las antenas, propiedad de Vodafone y Telefónica, operaron sin ningún tipo de licencia entre 2012 y 2018, cuando fueron desmanteladas “de forma voluntaria” por las empresas, sin que nadie lo pidiera. En ese tiempo, el Ayuntamiento dejó de ingresar casi 17.500 euros en impuestos que las empresas debían haber abonado por ocupar un espacio público como una comisaría.

En 2012, Badalona y otras ciudades afrontaban un problema serio: la falta de cobertura de la red de telefonía móvil. En julio, un empleado de Vodafone escribió un correo electrónico a Tomás V., jefe de tecnologías de la información del consistorio y uno de los procesados. Días más tarde, Tomás V. (consejero delegado de la empresa pública Engestur) dio su conformidad para la instalación, que consistía en un módulo prefabricado y una antena de 20 metros de altura. En septiembre, Telefónica instaló en la misma comisaría, solo con una autorización verbal, otra estación de telefonía móvil, que consistía en un camión con un mástil.

La inacción del edil

Las antenas precisaban, según la normativa, de una licencia urbanística y ambiental que nadie solicitó ni concedió. Además, según el Plan General Metropolitano de Barcelona, una instalación de ese tipo no podía ocupar un equipamiento nuevo como era entonces la comisaría de policía local, ubicada en una zona elevada de la periferia de Badalona conocida como Turó d’En Caritg. “No constan solicitudes formales, ni ningún expediente administrativo, urbanístico, ambiental o tributario”, concluye el titular del juzgado de instrucción número 4 de Badalona, Josep Maria Noales.

El juez lamenta que dos empresas “con ánimo de lucro” hayan ocupado un espacio público sin que eso haya reportado un solo ingreso a la ciudad en concepto de canon. En una respuesta al juez, el consistorio cifró en 617 euros el dinero que deberían haber ingresado en seis años por ocupar ese espacio. Pero un informe encargado por el juez a la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) desmonta el cálculo del ayuntamiento y eleva esa cifra hasta los 17.448 euros.

Cuando las antenas se instalaron Albiol no solo cumplía su primer mandato como alcalde (2011-2015) sino que tenía atribuidas competencias directas en urbanismo; por ejemplo, otorgar licencias de obras o ambientales y resolver expedientes urbanísticos o sancionadores. El alcalde supo de la situación de las antenas, según el juez, desde agosto de 2012, cuando fue informado (primero por carta y después en persona) por representantes del sindicato policial SFP, que habían puesto el grito en el cielo por la instalación. Desde entonces, “no consta que Albiol realizase gestión alguna en relación con las solicitudes de información y retirada” de las antenas, señala la resolución.

En su declaración como investigado, en julio de 2020, Albiol alegó que desconocía que las antenas no tuvieran licencia y se desvinculó del asunto: “Son cuestiones puramente técnicas que no llegan al alcalde”, dijo a la salida del juzgado.

La instalación de las antenas provocó quejas de los vecinos del barrio y, en especial, de la Guardia Urbana. Los mandos ordenaron impedir el acceso de los camiones cisterna que debían llevar gasoil para alimentar la infraestructura. “De forma absolutamente incomprensible”, relata el juez, cuando eso ocurrió las compañías lograron conectarse directamente al suministro eléctrico de la comisaría “con un alargo y un enchufe”. Nadie en el ayuntamiento lo impidió.

Ocho procesados

La pasividad de los responsables del Ayuntamiento de Badalona a la hora de poner fin a la situación de ilegalidad de las antenas de telefonía se remonta al primer mandato de Albiol (2011-2015), pero se extiende también a la etapa de Dolors Sabater, de la CUP (2015-2018) al frente de la alcaldía. De ahí que los concejales y cargos públicos ahora procesados por orden del juez pertenezcan a gobiernos de ambos mandatos. A diferencia de Albiol, sin embargo, Sabater había delegado las competencias en materia de urbanismo y por eso no se sentará en el banquillo; de hecho, pese a la petición de la fiscalía, no llegó ni siquiera a ser citada como investigada.

El juez ha concluido que hay indicios de delito de prevaricación y malversación contra ocho personas. Una de ellas es Miquel Jurado, concejal de seguridad ciudadana durante el primer mandato de Albiol. Según el juez, Jurado era “perfectamente conocedor de la ilegalidad de las instalaciones” y, pese a ello, “ocultó” esa circunstancia al sindicato policial SFP, que le había pedido explicaciones. No hizo nada por revertir la ilegalidad, concluye el juez.

Algo similar ocurre en el caso de Oriol Lladó (Esquerra Republicana), que fue concejal de Urbanismo mientras Sabater fue alcaldesa. Lladó “tuvo pleno conocimiento de la antijurídica situación de las antenas, no constando que realizara actuación correctora alguna”.

Los otros cinco procesados son Christian C, gerente de Engestur; Tomás V, consejero delegado de Engestur; Josep D, jefe de los servicios jurídicos del ayuntamiento; Xavier S., gerente de Territorio; y Miguel Ángel S., de la empresa MSR.