Ahora viene lo difícil

La Conferencia de Presidentes celebrada en Salamanca esta semana fue extremadamente importante. No tanto o no sólo por los anuncios en torno a las estratosféricas cantidades de recursos de las que dispondrán las comunidades autónomas, sino por todo lo que vino antes y, aún más, por lo que tiene que venir después.

La traumática experiencia de la gestión de la pandemia —con los errores y los aciertos de todas las administraciones—, en cierta manera han hecho patente el carácter compuesto, articulado, diverso, de la gobernanza española. La Unión Europea jugó un papel decisivo a la hora de ...

La Conferencia de Presidentes celebrada en Salamanca esta semana fue extremadamente importante. No tanto o no sólo por los anuncios en torno a las estratosféricas cantidades de recursos de las que dispondrán las comunidades autónomas, sino por todo lo que vino antes y, aún más, por lo que tiene que venir después.

La traumática experiencia de la gestión de la pandemia —con los errores y los aciertos de todas las administraciones—, en cierta manera han hecho patente el carácter compuesto, articulado, diverso, de la gobernanza española. La Unión Europea jugó un papel decisivo a la hora de liderar la respuesta en términos económicos y sanitarios con la centralización de la compra de vacunas, el gobierno de España fijó los marcos a través del estado de alarma y del planteamiento del escudo social, las comunidades han sido las encargadas de plantear directamente las políticas sanitarias, desde la respuesta a las emergencias a la concreción de los planes de desescalada y de vacunación. Y los ayuntamientos, como siempre, han estado en primera línea dando respuesta a las demandas más directas de la ciudadanía, y, como siempre, sin suficientes competencias y recursos para hacerlo.

A lo largo de este año y medio, y a pesar de la conflictividad partidista sin cuartel —que ha llevado la derecha y la extrema derecha a un ejercicio de irresponsabilidad y deslealtad sin precedentes—, los acuerdos entre administraciones, de nivel y de signo político diferente, han sido la tónica dominante, más que la excepción. Ciertamente ha habido los casos de la comunidad autónoma de Madrid, que se ha esmerado en sabotear la acción del Gobierno central y, de paso, en menoscabar la salud de su ciudadanía para presentarse como un modelo alternativo de futuro. Y, cómo no, del Gobierno independentista de Cataluña, en donde la resaca de un procés mal digerido ha llevado en más de una ocasión a gestos (más que decisiones reales) de impugnación retórica, probablemente para contentar a su parroquia más convencida. Ello no quiso decir en ningún momento que el resto de las administraciones estuvieran de acuerdo en todo con las decisiones europeas o del Gobierno central, pero sí que optaron por hacerlas valer en los foros habilitados para el debate y la deliberación multinivel. Y se vieron colaboraciones territoriales inéditas, alianzas, propuestas: un dinamismo puramente “político”, que ha ido mucho más allá de la simple gestión.

Por todo ello, ahora la pelota está en el tejado del Gobierno central, que puede y debe ensanchar y consolidar los mecanismos de debate y deliberación con el resto de las administraciones. En un esquema plenamente federal éste sería el espacio de un Senado efectivamente concebido como Cámara territorial. A pesar de las muchas veces que se ha hablado de ello, no estamos aún en esa situación. Y, sin embargo, esto no impide —al contrario, impulsa— a buscar fórmulas imaginativas que puedan, desde la práctica política, cristalizar en un futuro en estructuras institucionales propiamente dichas.

El coronavirus ha obligado a repensar la Unión Europea, sólo hace falta mirar a una práctica mutualización de la deuda impensable hace unos años. También, con los fondos Next Generation mediante, obliga y permite repensar España, en su modelo de desarrollo económico y social hasta la forma en que sus propias instituciones representan a su ciudadanía.

La tarea es inmensa y el reto difícil y apasionante. Para abordarlo se requerirá el compromiso de todas las fuerzas políticas y sociales y de todas y cada una de las instituciones. Ciertamente el Gobierno de coalición progresista tiene el deber y el derecho de dibujar, como ha ido haciendo y se propone hacer en el futuro, en la línea de unas políticas claramente orientadas a los intereses de las mayorías sociales, prioridades y estrategias de conjunto. Pero su liderazgo se medirá también en la capacidad de valorizar, estabilizar, dinamizar, normalizar la aportación a la dirección de la política general de las otras administraciones, tanto autonómicas, como —y aquí está una asignatura pendiente inaplazable—, de los ayuntamientos y, especialmente de los metropolitanos. Sólo desde una mirada plural políticamente, policéntrica geográficamente y cercana a los territorios se podrán acometer los cambios que esta coyuntura excepcional demanda y posibilita. Ahora viene lo difícil. Lo interesante, también.