El Govern aprueba el incremento de un 0,9% en el salario de los funcionarios

El Govern ha aprobado este martes el decreto ley que hace efectiva la subida salarial del 0,9% para los trabajadores públicos. Este incremento estaba pendiente desde el pasado mes de enero y se implementará a partir de la nómina de septiembre, momento en el que también se abonarán las cuantías atrasadas todos estos meses. Esta ha sido una de las medidas aprobadas en el consejo de Gobierno, en el que el Ejecutivo de Pere Aragonès también ha acordado destinar 70 millones extraordinarios a la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), prestación que ha recibido un 60% más de solicitudes a causa de la...

El Govern ha aprobado este martes el decreto ley que hace efectiva la subida salarial del 0,9% para los trabajadores públicos. Este incremento estaba pendiente desde el pasado mes de enero y se implementará a partir de la nómina de septiembre, momento en el que también se abonarán las cuantías atrasadas todos estos meses. Esta ha sido una de las medidas aprobadas en el consejo de Gobierno, en el que el Ejecutivo de Pere Aragonès también ha acordado destinar 70 millones extraordinarios a la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), prestación que ha recibido un 60% más de solicitudes a causa de la pandemia.

El incremento de la masa salarial de los funcionarios de la Generalitat en un 0,9% ha sido una de las reivindicaciones del sector público en los últimos meses. Tras varios desencuentros con el anterior consejero del ramo, el actual vicepresidente del Govern, Jordi Puigneró, los sindicatos han encontrado un interlocutor más accesible en Laura Vilagrà, consejera de Presidencia y actual responsable de los asuntos que atañen a la administración pública. En la última mesa general de negociación de los empleados públicos, sindicatos y Govern acordaron trasladar a las retribuciones básicas y complementarias este incremento previsto en la ley de presupuestos generales del Estado para el año 2021. Este incremento también repercutirá en los sectores donde existen conciertos con la administración, como son la sanidad y la educación, pero no se aplicará en la remuneración del presidente, el vicepresidente y los consejeros del Govern, ni en las pensiones de los expresidentes.

El acuerdo del Govern para aprobar este decreto también incluye otra de las reivindicaciones del sector público: el retorno del 55% de la paga extra recortada en 2014. Este retorno —que estaba pendiente de hacerse efectivo después de ser acordado en diciembre de 2018— se hará en la nómina del próximo mes de noviembre. El resto de la paga extra recortada, el 45% que falta, llegará “durante 2022″.

Aumento de solicitudes en la RGC

El Govern también ha acordado destinar una partida extraordinaria de 70,3 millones de euros para la RGC, la prestación cuyo objetivo es dotar de unos ingresos mínimos para las familias más vulnerables. Esta realidad ha aumentado con la pandemia y la crisis económica y social que ha derivado de la misma. Desde marzo de 2020, según ha explicado el Govern, han aumentado un 60% las solicitudes para percibir esta prestación. Esta partida extraordinaria se usará para sufragar los costes de las nóminas de septiembre y octubre, y para los meses siguientes, la consejería de Derechos Sociales ha solicitado ya otra partida también de 70,3 millones de euros.

Pese al aumento presupuestario, las entidades sociales recuerdan que la cobertura de esta prestación está todavía muy por debajo de la realidad de la pobreza en Cataluña. Según los datos del departamento, a lo largo del año 2020 la RGC tuvo a 135.416 beneficiarios de media, mientras que la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social afecta al 26,3% de los catalanes, según la última encuesta del Idescat. La ley de la RGC fue aprobada en septiembre de 2017 y arrastra desde entonces problemas para su implementación, con un desarrollo lento del reglamento, aprobado finalmente en abril de 2020, y unos requisitos para el acceso a la prestación que las entidades consideran demasiado férreos.