Solo Jordi Cuixart responde al Supremo sobre el indulto

Solo uno de los nueve líderes independentistas condenados a penas de prisión por el procés ha contestado al Tribunal Supremo sobre la petición de indulto que tramita el Gobierno. Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural —una de las entidades que capitaneó las movilizaciones de 2017 por el referéndum del 1-O— ha remitido un escrito a la sala presidida por Manuel Marchena en l...

Solo uno de los nueve líderes independentistas condenados a penas de prisión por el procés ha contestado al Tribunal Supremo sobre la petición de indulto que tramita el Gobierno. Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural —una de las entidades que capitaneó las movilizaciones de 2017 por el referéndum del 1-O— ha remitido un escrito a la sala presidida por Manuel Marchena en la que, sin rechazar expresamente el indulto, dice que no lo ha pedido y critica que no es la solución al “conflicto político”. El resto de presos ha preferido guardar silencio.

El Tribunal Supremo debe emitir en los próximos días su informe sobre las peticiones de indulto que tramita el Gobierno para los 12 condenados por el procés; nueve de ellos fueron sentenciados a penas que oscilan entre los nueve y los 13 años de cárcel por sedición y malversación. Es previsible que el informe, que es preceptivo pero no vincula al ejecutivo de Pedro Sánchez, sea desfavorable. Hace una semana, y tras conocer el criterio de las partes implicadas —los servicios penitenciarios catalanes, la Fiscalía, la Abogacía del Estado—, el Supremo quiso recabar una última opinión: la de los propios interesados, puesto que el indulto lo promueven terceros.

El requerimiento del Supremo, que dio cinco días a los presos para contestar, ha sido ampliamente ignorado. Las defensas de los líderes secesionistas han guardado silencio por razones de forma y de fondo. Creen que el trámite de audiencia no está previsto en la Ley de Indulto y opinan que la petición es una maniobra para ganar tiempo e, incluso, una “pregunta-trampa”. El Supremo pretende, precisan las mismas fuentes, que los condenados muestren un arrepentimiento explícito por los actos por los que fueron condenados; algo que, de paso, generaría no poco ruido político.

La defensa de los presos de Esquerra Republicana —el exvicepresidente Oriol Junqueras; los exconsejeros Raül Romeva y Dolors Bassa; la expresidenta del Parlament Carme Forcadell— ven intencionalidad política y ya han dicho que no piensan responder. Tampoco lo harán, confirma su defensa, los de Junts per Catalunya: los exconsejeros Jordi Turull y Josep Rull y el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana Jordi Sànchez, que ahora es secretario general del partido y lidera las negociaciones para formar Govern. El abogado del exconsejero de Interior Joaquim Forn ha optado igualmente por no contestar.

El único que lo ha hecho ha sido Cuixart, el más alejado de la política activa pero, también, el que con más vehemencia defiende que no ha cometido ningún delito y que “lo volvería a hacer”. “¿Qué se han creído? No aceptaremos ninguna humillación. Ni arrepentimiento, ni indulto. La defensa de la democracia no admite chantajes”, escribió en Twitter al conocer el requerimiento del Supremo, lo que daba pistas sobre el sentido de su respuesta.

Su abogada ha presentado un escrito en el que Cuixart insiste en que no cree haber cometido ningún delito y que, como dijo en la última palabra del juicio, no se arrepiente de nada. El presidente de Òmnium cita a su favor los pronunciamientos de Amnistía Internacional y los votos particulares del Tribunal Constitucional. Y recuerda, sin renunciar a él de forma expresa, que no ha pedido el indulto.