El Gobierno lleva al Tribunal Constitucional la ley catalana de costas
El Ejecutivo cree que la norma de ordenación del litoral invade competencias al otorgar permisos de uso a los ayuntamientos
El Consejo de Ministros acordó ayer llevar ante el Tribunal Constitucional la ley catalana de protección y ordenación del litoral aprobada el pasado julio en el Parlament. Entre otros, la norma contempla ceder competencias a los ayuntamientos para llevar a cabo usos municipales en el litoral. El Ejecutivo de Pedro Sánchez defiende que es el Estado el único competente para regular el dominio público marítimo-terreste, por lo que la Generalitat no está autorizada a otorgar este tipo de permisos.
En concret...
El Consejo de Ministros acordó ayer llevar ante el Tribunal Constitucional la ley catalana de protección y ordenación del litoral aprobada el pasado julio en el Parlament. Entre otros, la norma contempla ceder competencias a los ayuntamientos para llevar a cabo usos municipales en el litoral. El Ejecutivo de Pedro Sánchez defiende que es el Estado el único competente para regular el dominio público marítimo-terreste, por lo que la Generalitat no está autorizada a otorgar este tipo de permisos.
En concreto, el Gobierno de España solicita la impugnación de dos artículos que otorgan competencias a los ayuntamientos para poder autorizar las actividades previstas en el litoral y las playas [como eventos deportivos, culturales u otras ocupaciones mediante instalaciones desmontables] que, defiende, invade competencias. Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, explicó ayer que “concurren requisitos formales y materiales” para presentar el recurso de inconstitucionalidad y solicitar la suspensión temporal provisional de estos dos artículos.
La ley, que fue aprobada con una amplía mayoría en el Parlament, también contempla la creación de un conservatorio del litoral que permita la compra pública de suelo con el fin de “salvaguardar” la “parte más amenazada por la urbanización”. Aunque estos preceptos no han sido recurridos.