Cerco al botellón en la pandemia en Barcelona
Agentes de la Guardia Urbana adscritos a una nueva unidad peinan la capital catalana para evitar concentraciones de jóvenes bebiendo alcohol
”¿Qué pasa en el barrio? ¿Por qué hay tanta policía?”, pregunta un vecino en la calle d’en Tantarantana del barrio de la Rivera —en el centro de Barcelona dentro de esa zona turística que todos conocen como Born— a un agente de la Guardia Urbana. El policía da instrucciones por la emisora y hace caso omiso a la pregunta del ciudadano curioso. La calle está inundada de agentes. Los hay a pie, en coches patrulla, en moto y muchos vestidos de antidisturbios —...
”¿Qué pasa en el barrio? ¿Por qué hay tanta policía?”, pregunta un vecino en la calle d’en Tantarantana del barrio de la Rivera —en el centro de Barcelona dentro de esa zona turística que todos conocen como Born— a un agente de la Guardia Urbana. El policía da instrucciones por la emisora y hace caso omiso a la pregunta del ciudadano curioso. La calle está inundada de agentes. Los hay a pie, en coches patrulla, en moto y muchos vestidos de antidisturbios — miembros de la Unidad de Refuerzo, Emergencias y Proximidad (UREP)— en sus furgonetas.
Los agentes se encuentran en mitad de un dispositivo. No está destinado a practicar una detención ni se trata de un desahucio ni de proteger una dependencia municipal. Otra vecina que pasea el perro por la misma calle aclara lo que está a punto de suceder y anima a los policías: “Sacad a los borrachos. Esto que está pasando no ocurría ni con los turistas. Es una vergüenza. No entiendo que pasa por la cabeza de la gente. Esto es una pandemia”. La Guardia Urbana está a unos segundos de desalojar uno de los botellones ilegales que casi cada fin de semana, igual que en Madrid, tienen lugar en diferentes puntos del centro de Barcelona.
Mossos y urbanos han reforzado el patrullaje en zonas donde se producen aglomeraciones y botellones en el centro. Sobre todo en el paseo del Born o la plaza del MACBA en el Raval. Hay patrullas conjuntas, también puntos estáticos donde se pasan casi toda la tarde agentes y disuaden con su presencia las concentraciones. El pasado fin de semana se precintaron zonas para que no accedieran los asiduos a los botellones. Y hay intervenciones que acaban con decenas de denunciados por incumplir las medidas vigentes por el Estado de Alarma. EL PAÍS ha presenciado cómo a la nueva unidad de la guardia urbana, el Grupo de Espacio Público (GEP, desmantela los botellones.
“¡Esto que está pasando no ocurría ni con los turistas!”, se queja una vecina
El intendente de la Guardia Urbana en Ciutat Vella, Carlos Oliva, inscribe el nacimiento del GEP en el aumento de las restricciones y a la necesidad de que se cumplan estas medidas para frenar los contagios. 16 agentes del distrito de Ciutat Vella son los que desde noviembre se encargan de controlar diferentes espacios en la ciudad. Oliva destaca que a principios de cada mes, el GEP marca en un mapa cuáles son los puntos donde han actuado en más ocasiones el mes anterior. A esos puntos se les añade los lugares donde se han acumulado más número de denuncias de vecinos, donde más infracciones se han cometido y donde más delitos se han perpetrado. Los puntos siempre son los mismos “la plaza del MACBA, el paseo del Born y la calle Carders”.
El dispositivo del GEP se acerca a la calle Carders. El sargento Moisés Laguna organiza a los agentes. “A partir de las 18.30 o 19.00 agentes de paisano ya han detectado a decenas de personas en la plaza Sant Cugat haciendo botellón. Ahora entraremos por Carders mientras otros compañeros lo harán por atrás. Les cerraremos e identificaremos a todo el mundo”, dice. El operativo se realiza en segundos y los participantes en el botellón quedan atrapados por las líneas policiales.
Jóvenes gritan y protestan tras una intervención de los urbanos en el Born
Empiezan las identificaciones y con ellas los gritos de protesta. “¡No he hecho nada! ¿Qué delito he cometido? ¿Por qué me tengo que identificar?”, grita una joven que al ver a los agentes se ha levantado e intentado huir mientras la delata una bolsa de plástico con media docena de latas de cerveza. Hay gritos, protestas, jóvenes que graban con sus móviles y 40 denuncias en 15 minutos. “La mayoría son por consumo de alcohol en la vía pública, aunque también las hay por no llevar la mascarilla, por estar en grupos superiores a seis personas… Hace unos días también por saltarse el confinamiento comarcal”, informa Laguna. Los denunciados son jóvenes españoles, franceses e italianos. El peor parado es el dueño de un bar de la calle Carders: los agentes le han expedientado por vender alcohol y permitir que los compradores consuman casi en la puerta del establecimiento.
Tras las sanciones, los urbanos vuelven a peinar todas las calles del Born y los puntos más propensos a las concentraciones. “Aún no es el momento, pero cuando haga más calor, la playa será uno de los lugares de concentración”, sospecha Laguna. Minutos antes de las 22.00, la mayoría de personas desaparece de la calle. El botellón se ha acabado y comienza el toque de queda.
4.000 denuncias en ocho meses por ir sin mascarilla
Desde el 1 de febrero y hasta la primera semana de marzo solo en el paseo del Born se realizaron 58 controles y se interpusieron 166 denuncias, a las que se suman 61 más impuestas cerca de la calle de Carders. De noviembre a marzo la GEP ha actuado en 2.016 incidentes en el espacio público en Ciutat Vella, interpuesto 2.157 sanciones por infracciones relacionadas con la covid, 1.709 por infracciones a la ordenanza municipal (entre ellas botellones), 181 denuncias por robos o hurtos, 48 detenciones y 302 actas por consumo de drogas. En Ciutat Vella, de julio a marzo se han interpuesto 4.000 denuncias a personas que no llevaban la mascarilla. Pedro Velázquez, intendente jefe de la Guardia Urbana, dice que la creación de este tipo de grupos de controladores del espacio público es indispensable porque tras el estado de alarma “no solo se tiene que tener en cuenta la realidad delictiva sino también la gestión de los conflictos de convivencia”. Y añade que la labor de control es “necesaria” y obligada en plena pandemia.