Los líderes de Alianza Nacional y Falange procesados por delito de odio guardan silencio ante el juez

La Fiscalía pide tres años de cárcel por un acto el Día de la Hispanidad de 2013

Manuel Andrino, jefe nacional de Falange, durante una manifestación en defensa de la unidad de España en Barcelona, en 2017.Toni Albir (EFE)

Han pasado más de siete años desde que el líder de Alianza Nacional, Pedro Pablo Peña, y el de Falange, Manuel Andrino, defendieron el uso de la violencia para combatir al independentismo en Cataluña. Peña y Andrino, dos veteranos de la ultraderecha española, se mostraron dispuestos a morir luchando contra el “separatismo” en un acto en Barcelona para conmemorar el Día de la Hispanidad. Este miércoles, Peña y Andrino se han sentado en el banquillo de los acusados por aquellas palabras que, en opinió...

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Han pasado más de siete años desde que el líder de Alianza Nacional, Pedro Pablo Peña, y el de Falange, Manuel Andrino, defendieron el uso de la violencia para combatir al independentismo en Cataluña. Peña y Andrino, dos veteranos de la ultraderecha española, se mostraron dispuestos a morir luchando contra el “separatismo” en un acto en Barcelona para conmemorar el Día de la Hispanidad. Este miércoles, Peña y Andrino se han sentado en el banquillo de los acusados por aquellas palabras que, en opinión del fiscal, constituyen un delito de odio. La verborrea de los ultraderechistas en aquel acto en la montaña de Montjuïc ha dado paso esta vez al más absoluto silencio: ambos se han acogido a su derecho a no declarar.

La Fiscalía pide para ellos una pena de tres años de cárcel por un delito contra los derechos y libertades fundamentales. Debido al tiempo transcurrido y los retrasos acumulados en el proceso judicial, sus abogados han pedido que se les aplique —en caso de condena— la atenuante de dilaciones indebidas.

La España en Marcha, hoy disuelta, fue un intento de aglutinar a partidos y colectivos de extrema derecha en un momento en que la crisis económica golpeaba con dureza y en que la situación en Cataluña empezaba a representar una amenaza: era el año 2013, el procés estaba aún en sus inicios y ni siquiera se había celebrado la consulta independentista no vinculante organizada por el entonces presidente catalán Artur Mas. Las primeras resoluciones del Parlament sobre la independencia se aprobaron ese año. La organización aprovechó ese caldo de cultivo para convocar un acto unitario desde la plaza de España hasta la montaña de Montjuïc con motivo del 12-O.

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Los Mossos d’Esquadra estaban alertados de la potencial peligrosidad de ese acto. Los agentes registraron a 126 personas que llegaron en autocares desde Madrid (30 tenían antecedentes violentos) y vigilaron la marcha, en la que se profirieron cánticos contra los dirigentes independentistas (”Artur Mas, cámara de gas”) y también contra inmigrantes, anarquistas y okupas, ha confirmado, en su declaración como testigo, uno de los mossos que participó en la investigación. Alrededor de 500 personas se concentraron en la montaña de Montjuïc para escuchar a los líderes de los partidos ultraderechistas.

Pedro Pablo Peña, dirigente de Alianza Nacional y con antecedentes penales por tenencia de explosivos, acusó al separatismo de usar “la insidia, la cobardía y la traición” y afirmó que “es preferible morir de un tiro que morir poco a poco como mueren los españoles en Cataluña”. Peña acusó a la clase política por su incapacidad para poner freno a la deriva y defendió la necesidad de frenar al separatismo incluso con las armas. “No habrá secesión de Cataluña si no es a base de mucha sangre”, profirió. “Si deciden segregar Cataluña por la fuerza, por la presión o la violencia”, agregó, “responderemos como respondieron los unionistas en Irlanda”. Más tarde, en declaraciones a Telecinco, se mostró incluso dispuesto a emprender la lucha armada al estilo de la organización terrorista ETA: “Lo condenable no es la acción armada, es la acción separatista”.

Manuel Andrino, de Falange y también con antecedentes —fue uno de los condenados, a dos años y siete meses de cárcel, por el asalto violento al centro cultural Blanquerna, en Madrid— siguió esa misma línea de incitación a la violencia: “Estamos dispuestos a dar hasta la última gota de nuestra sangre en la defensa de la sagrada unidad de España. Que no lo duden, estamos dispuestos a morir, pero también a matar por España, faltaría más”.

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