El PSC rechaza la nueva fecha de las elecciones catalanas, pero no la impugnará

Los socialistas catalanes advierten que sí piensan actuar sobre las condiciones de las elecciones

El líder del PSC, Miquel Iceta (centro), con otros miembros de su partido, ayer, en el ParlamentMassimiliano minocri

Los socialistas catalanes se oponían al cambio en el calendario electoral, pero este viernes aceptaron tácitamente la nueva fecha, el 30 de mayo, pactada entre el Govern y el grueso de las formaciones con representación en el Parlament. El líder del PSC, Miquel Iceta, aseguró que estudiarán el texto del nuevo decreto y decidirán si toman alguna acción legal. Un planteamiento que también hace Vox.

El Ejecutivo catalá...

Suscríbete para seguir leyendo

Lee sin límites

Los socialistas catalanes se oponían al cambio en el calendario electoral, pero este viernes aceptaron tácitamente la nueva fecha, el 30 de mayo, pactada entre el Govern y el grueso de las formaciones con representación en el Parlament. El líder del PSC, Miquel Iceta, aseguró que estudiarán el texto del nuevo decreto y decidirán si toman alguna acción legal. Un planteamiento que también hace Vox.

El Ejecutivo catalán es consciente de que el cambio de fecha se encuentra en un vacío legal y opta por seguir el ejemplo de lo que sucedió con el aplazamiento de Galicia y el País Vasco el año pasado. Allí, como en Cataluña, el proceso electoral volverá a la casilla cero. Es decir, se tendrán que presentar de nuevo las candidaturas y se actualizará el censo electoral, entre otros. Para los socialistas, esto es “ilegal”. “Si solo es un cambio de fecha no vamos a objetar, vamos a objetar un cambio de reglas del juego”, advirtió este viernes Iceta.

“Si los partidos han decidido concurrir a unas elecciones con unas determinadas coaliciones y candidaturas, el hecho de que cambie la fecha no les habilita a cambiar estas cosas”, añadió el líder socialista. El decreto firmado ayer por el Govern se limita a dejar sin efecto la convocatoria del 14 de febrero y a anunciar la nueva fecha, el 30 de mayo. La portavoz del Govern, Meritxell Budó, aseguró que deja para más adelante la convocatoria formal y que incluirá las condiciones de la contienda.

El Govern justifica que tiene que volver la convocatoria a la casilla de salida para garantizar los derechos de sufragio pasivo. Por ejemplo, las personas que alcanzan en estas semanas la mayoría de edad y que por tanto tienen ahora la posibilidad de votar y ser elegibles. La Generalitat espera que la Junta Electoral Central sí convalide algunas fases del proceso electoral ya realizadas, por ejemplo, que las formaciones que se presentan por primera vez a las elecciones (Junts y el Partit Nacionalista de Catalunya, por ejemplo) y hayan logrado los avales necesarios no tengan que volver a pasar por ese proceso. El PSC recela de esa discrecionalidad.

Todo esto abriría la puerta a que se pudieran presentar nuevas candidaturas, coaliciones o que otras formaciones pudieran esta vez lograr los avales. En todo caso, son los partidos los que tienen la última palabra sobre si cambian la composición de las listas. El Diario Oficial de la Generalitat (DOGC) publicó el pasado miércoles la lista provisional de candidaturas, con un total de 83.

El PSC esperará a que la Generalitat publique en el DOGC las condiciones finales de la convocatoria para decidir si lleva las elecciones a los tribunales. El líder de Vox, Santiago Abascal, se mostró este viernes contrario al aplazamiento en Cataluña y dijo que hay condiciones para mantener la fecha del 14-F. “Si hay un resquicio legal, lo haremos”, dijo cuando se le preguntó sobre si su formación pensaba impugnar la nueva fecha electoral.

El president en funciones de la Generalitat, Pere Aragonès, defendió este viernes, tras la firma del aplazamiento, que mantener las elecciones en la fecha previamente acordada implicaba un “riesgo inasumible” a nivel sanitario y afectaría a la participación electoral. La Generalitat se muestra confiada en que el cambio de fecha está justificado por los datos epidemiológicos y que será de difícil cuestionamiento legal. Algo similar ocurre con la elección de la nueva fecha, que se justifica diciendo que para entonces habrá avanzado el plan de vacunación y el calor primaveral ralentizará los contagios.

Sobre la firma

Archivado En