Méritos y miserias

El Rey emérito, Juan Carlos de Borbón, ha hecho pública, a través de su representación legal, la regularización de una importante deuda con la Agencia Tributaria. Lógicamente, la noticia ha tenido una gran repercusión, suscitando un intenso debate sobre sus consecuencias jurídicas, pero, también, sobre cuestiones de enorme calado, como el legado de Don Juan Carlos I, e, incluso, la propia legitimidad de la Monarquía.

Salvando las distancias, la situación que ocupa hoy en día la máxima atención de los medios de comunicación es análoga a la que generó en julio de 2014 la confesión pública...

El Rey emérito, Juan Carlos de Borbón, ha hecho pública, a través de su representación legal, la regularización de una importante deuda con la Agencia Tributaria. Lógicamente, la noticia ha tenido una gran repercusión, suscitando un intenso debate sobre sus consecuencias jurídicas, pero, también, sobre cuestiones de enorme calado, como el legado de Don Juan Carlos I, e, incluso, la propia legitimidad de la Monarquía.

Salvando las distancias, la situación que ocupa hoy en día la máxima atención de los medios de comunicación es análoga a la que generó en julio de 2014 la confesión pública del muy honorable presidente de la Generalitat Jordi Pujol respecto de su defraudación a la Hacienda Pública, cuyas consecuencias procesales están aún vivas y determinaron su condena al ostracismo político y social.

En esencia, más allá de los contingentes intereses políticos y el apoyo o rechazo a la institución monárquica, la cuestión se contrae a determinar si una mancha (o varias) en la infinita concatenación de actos que conforman una trayectoria vital empaña todos los méritos de una persona públicamente relevante y determina, necesariamente, su encasillamiento en una categoría que merece el rechazo absoluto y perpetuo de la sociedad.

Quien les habla nunca ha sido un monárquico convencido, ni jamás ha militado en Convergència Democràtica de Catalunya, pero, pese a ello, me parece incuestionable que el progreso, desarrollo económico y consolidación democrática de Cataluña y España, son, en buena medida, fruto de los actos y decisiones de Juan Carlos I y Jordi Pujol, especialmente durante la transición democrática, y creo que ello no puede, ni debe, ser suprimido de los libros de historia y la memoria colectiva como consecuencia de las irregularidades que hayan podido cometer en relación con sus obligaciones tributarias.

Cuestión diversa es que deba exigirse a todo cargo público y, más que a nadie, al Jefe del Estado, un comportamiento sin mácula y que la justicia no efectúe distingos por razón de nacimiento o cargo. Quienes han merecido elogios por sus virtudes también son acreedores, en la misma medida, del rechazo por sus deméritos, especialmente cuando éstos afectan, directamente, a la credibilidad y prestigio de las instituciones.

No debe, por tanto, concluirse de la presente reflexión la más mínima disculpa a determinadas conductas, ni que la culpabilidad de sus autores se vea atenuada por sus logros pasados. Estamos sumidos en una terrible crisis sanitaria y económica y, ahora más que nunca, nuestros dirigentes deben ser ejemplares y sólo desde esa ejemplaridad podrá ejercerse un legítimo liderazgo que ayude a sobrellevar y, con el tiempo, a superar estos tiempos de zozobra. Pero en todo caso creo que, en justicia, en la balanza que juzga una trayectoria vital deben sopesarse tanto méritos como miserias.

Rafael Entrena es abogado