Los ocupantes de la nave incendiada en Badalona se trasladan al solar del edificio

Una veintena de personas que habían malvivido en la nave incendiada en Badalona el 9 de diciembre donde murieron cuatro personas y que llevaban semanas acampadas en la calle, burlaron la noche de este miércoles el inminente desalojo de la acampada trasladando sus tiendas de campaña al ...

Una veintena de personas que habían malvivido en la nave incendiada en Badalona el 9 de diciembre donde murieron cuatro personas y que llevaban semanas acampadas en la calle, burlaron la noche de este miércoles el inminente desalojo de la acampada trasladando sus tiendas de campaña al solar donde se erigía la nave demolida. Un integrante de la red de apoyo a los afectados calificaba este jueves el movimiento de “jugada maestra”, después de que un tribunal hubiera autorizado al Ayuntamiento de Badalona, encabezado por Xavier García Albiol, a efectuarlo.

“Hemos evitado el desalojo porque ya no hay nadie a quien desalojar en la rambla de Gorg y hemos venido a un solar privado donde los propietarios jamás han denunciado la okupación ante la precaria situación que están viviendo todas estas decenas de seres humanos”, advertía la misma persona a EL PAÍS.

El pasado 9 de diciembre ardía la antigua nave ocupada, situada en la confluencia de las calles Guifré y Tortosa de Badalona. Allí vivían más de 100 personas, de las que cuatro murieron entre las llamas. La nave quedó afectada estructuralmente y se fue demolida en un tiempo récord. Decenas de okupas, algunos de ellos llevaban viviendo en la nave desde hacía más de 10 años, se quedaron sin un lugar donde guarecerse. Los servicios sociales del Ayuntamiento ofrecieron albergues durante, al menos, un mes para los afectados, pero muchos recelaron del ofrecimiento del alcalde del PP, Xavier García Albiol, y sospechaban de un posible intento de separar al colectivo. Además, entre ellos hay muchas personas que no tienen regularizada su situación en España, por lo que temían que ir a estos albergues podría representar su expulsión. Al final, tres decenas de afectados —la mayoría procedentes de Senegal y Gambia— decidieron montar un campamento de tiendas de campaña en la rambla de Gorg.

Yaya tiene 32 años y es de Gambia. Vivía en la nave desde 2009 y pudo escapar de las llamas. Es ayudante de cocina y carnicero. Tiene los papeles en regla pero, ahora, no tiene trabajo. “Me fui a la acampada porque allí estamos unidos y visibilizamos nuestra situación. Es una manera de hacer evidente cómo venimos a Europa jugándonos la vida y el trato que recibimos, cómo no tenemos derechos por no tener papeles y nos quitan la posibilidad de trabajar legalmente y, por tanto, la posibilidad de comer”, lamenta Yaya.

García Albiol, tras comprobar que la acampada se estaba cronificando en la rambla de Gorg, solicitó al juzgado el “desalojo forzoso”. El 24 de diciembre el ejecutivo municipal pidió, mediante una notificación, que desmantelaran el campamento alegando que no tenían permiso para acampar en la vía pública y que se estaban saltando el toque de queda nocturno. El alcalde aseguraba que no tenía sentido la acampada ya que el Consistorio había ofrecido alojamiento, desayuno y comida durante un mes. El miércoles el juez del Juzgado Contencioso número 6 de Barcelona daba la razón a Albiol. El magistrado advertía de que había habido altercados en la acampada y de que la zona era de interés público por lo que ordenaba el su desalojo. Ante un desahucio inminente los acampados decidieron trasladarse al solar de la calle Guifré con Tortosa de Badalona

“Ayer vinieron muchos guardias urbanos a intentar que nos fuéramos pero necesitamos seguir protestando”, advierte Ibu, de 30 años y originario de Senegal. Ibu está empadronado en la nave pero todavía le falta un año y medio de padrón para comenzar a pensar en la regulación de su situación.

Ahora la acampada, de más de una quincena de tiendas de campaña, se encuentra en un solar que es propiedad privada y, a menos que los dueños del terreno denuncien, no hay ninguna orden que permita desalojarlos. La finca pertenece a una empresa vinculada a los exjugadores de baloncesto Antonio Medianero y Xavi Fernández que, pese a que en 2009 ya les habían ocupado la nave, nunca denunciaron la ocupación.

“Ayer, cuando vinimos, la Urbana intentó echarnos pero no lo consiguió. Ahora esta acampada seguirá siendo un lugar desde el que continuaremos reivindicando los derechos que parece que aquí no tenemos algunos seres humanos. Hemos intentado de todo, incluso alquilar pisos, pero en cuanto ven que somos africanos no nos los alquilan. Hay mucho racismo que queremos denunciar”, advierte Yaya.