Los vecinos paran el primer desahucio tras el decreto

El decreto antidesahucios que firmó el martes el Govern, para proteger a las familias más vulnerables de los desalojos durante la pandemia, de nada ha servido en el primer desalojo tras la entrada en vigor de la norma. El Jugado de Instrucción 4 de Barcelona ordenó ayer el lanzamiento ...

El decreto antidesahucios que firmó el martes el Govern, para proteger a las familias más vulnerables de los desalojos durante la pandemia, de nada ha servido en el primer desalojo tras la entrada en vigor de la norma. El Jugado de Instrucción 4 de Barcelona ordenó ayer el lanzamiento de Claudia Miquel, vecina del Poble Sec, que comparte vivienda con cinco hijos y un nieto. El decreto no frenó la decisión judicial. Los únicos que fueron capaces de aplazar la ejecución fueron 200 vecinos que barraron la entrada del edificio a la comitiva judicial.

El Govern de la Generalitat aprobó el pasado martes un decreto con medidas urgentes en el ámbito de la vivienda con la intención de frenar los desahucios a familias vulnerables. La norma obliga a los grandes tenedores a “acreditar” que se ha ofrecido al inquilino un alquiler social antes de proceder el desalojo. La administración autonómica defiende que el decreto es una herramienta capaz de poner freno a la sangría de desahucios abierta desde el pasado septiembre, mientras que entidades como el Sindicato de Inquilinos o la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) advierten de que la norma es papel mojado y que las decisiones siguen dependiendo de la interpretación que hagan los jueces. En la mañana de ayer se constató que las entidades estaban en lo cierto.

Desahucios=lucha de clases. Así de contundente rezaba un cartel colocado en el número 63 de la calle Radas. El sindicato de Barrio del Poble Sec había realizado un llamamiento masivo para intentar detener el desalojo de Claudia Miguel y a las seis de la mañana ya eran decenas las personas que se agolpaban en la puerta esperando a los Mossos.

Claudia es chilena, no tiene papeles y vive en el piso minúsculo con sus cinco hijos —cuatro de ellos menores— y su nieto. Como ya empieza a ser muy habitual, localizó hace unos meses un piso barato y lo alquiló. Un tiempo más tarde supo que había sido engañada. Estaba pagando la mensualidad a una mafia que había accedido al inmueble y fingía ser el propietario. La verdadera dueña, con más de 25 pisos, no lo dudó y denunció a Claudia. “Me avisaron hace menos de un mes que tenía que abandonar el piso. Yo siempre he querido pagar a la verdadera dueña pero ella nunca quiso ponerse en contacto con nosotros”, se lamentaba la mujer en mañana de ayer.

Pepa Molina, del Sindicato de Barrio de Poble Sec, denunció que la situación de Claudia debería estar enmarcada en el decreto 17/2019 y la ley 24/2015 que ampara a las familias vulnerables y obliga a encontrarles una solución habitacional. Molina lamentó que, al no tener papeles, Claudia y su familia tampoco optan a una vivienda de emergencia, por lo que el desahucio convocado ayer, en plena pandemia, dejaba todavía en peor situación a la familia.

“Somos una gran familia”

El desalojo estaba programado a las 11.30 horas. Minutos más tarde llegó la comitiva judicial que, al ver el acceso a la vivienda repleto de vecinos, optó por suspender el desalojo. “Hoy tengo que darles las gracias por estar todos aquí por nosotros. Mañana estaremos donde sea necesario por todos ustedes. Somos una gran familia”, gritaba Claudia, emocionada, a sus vecinos. Después de que se marchara la comitiva judicial protestó: “No quisieron hablar conmigo. Ahora tenemos que esperar a otro nuevo ataque que nos harán. Mi propuesta siempre ha sido pagar. Espero que lo piensen, encontremos una solución y estemos tranquilos”.

Una vez suspendido el desahucio los vecinos comenzaron a gritar proclamas: “Tenemos derecho a agua, luz y techo” y “Sí se puede”. Los activistas abandonaron el lugar a la espera de una nueva fecha de desahucio. El de Claudia ha sido el primer desalojo tras la entrada en vigor del decreto de la Generalitat, una normativa no es impedimento para que se ejecuten los desahucios.