Los Mossos que cruzaron la línea

Las urbanizaciones de la comarca de la Selva (Girona) esconden decenas de casas ocupadas que sirven de viveros de marihuana. Plantaciones interiores que enriquecen a sus dueños y generan malestar entre los vecinos hasta el punto de que han llegado a registrar algún tiroteo. La situación es tan grave que el Consejo Comarcal ha pedido cita al Ministro del Interior para pedir un cambio legislativo que permita solucionar esta problemática. La única esperanza de los 23 municipios que dependen de la comisaría de Santa Coloma de Farne...

Las urbanizaciones de la comarca de la Selva (Girona) esconden decenas de casas ocupadas que sirven de viveros de marihuana. Plantaciones interiores que enriquecen a sus dueños y generan malestar entre los vecinos hasta el punto de que han llegado a registrar algún tiroteo. La situación es tan grave que el Consejo Comarcal ha pedido cita al Ministro del Interior para pedir un cambio legislativo que permita solucionar esta problemática. La única esperanza de los 23 municipios que dependen de la comisaría de Santa Coloma de Farners eran los agentes de la Unidad de Investigación dedicados a combatir el narcotráfico. Pero parte de ellos, atraídos por el dinero fácil, acabaron cruzando la línea y están investigados por traficar con marihuana. Les delató un confidente-traficante que no quiere que “policías corruptos queden impunes”.

Las declaraciones del delator ante la División de Asuntos Internos (DAI) a principios de año han acabado con una causa abierta en la que están implicados el propio confidente, cinco mossos y una pareja de la localidad. La mayoría son tan conocidos que Santa Coloma está en shock. Tras confirmar que parte de las acusaciones eran ciertas, la DAI pidió en marzo escuchas telefónicas al cabo Salva H.M.G.J. y a los agentes Quim R.C y Jordi C.R., pero fueron interrumpidas por el estado de alarma. La falta de agentes de la DAI paró la investigación hasta que se reactivó en mayo también con micrófonos y balizas de seguimiento en los coches sin logotipos de la unidad.

La investigación fue complicada por tratarse de una zona reducida donde residen la mayoría de investigados, policías veteranos bien considerados. El sigilo fue total, sobretodo alrededor de Salva, que gozaba de la confianza absoluta de sus jefes, del personal de los juzgados y de sus compañeros, que serán interrogados.

El delator señaló al cabo –su interlocutor- y a los otros dos agentes a quienes identificó en foto, con nombres. Pero por el momento no han aparecido más pruebas contra ellos en las escuchas y las declaraciones. Según el traficante, Quim contaba el dinero que les daba -entre 600 y 1.000 euros cada 15 días- a cambio que le dejaran vender sin ser detenido e informara de otros vendedores. Acabó pagándoles, dice, hasta el 50% de lo que sacaba. Así, los agentes habrían usado primero la extorsión y, afianzados al creerse impunes, desviaban parte de la marihuana incautada a otro traficante que la colocaba en el mercado.

Un mosso, dos caras

A Salva le hallaron tres facturas de más de 20.000 euros pagadas entre mayo y junio en metálico. Él era, según el fiscal, Enrique Barata, “el cabeza visible”, quien tenía la llave del camión que almacenaba la marihuana en el patio de la comisaría. Su sargento le dijo al juez que confiaba en él y que sólo le informaba de lo más relevante. Tanto es así, que en abril se quedó como máximo responsable. Salva era el jefe operativo del grupo. Un “Juan Palomo”, como lo describió Barata en la vista del recurso de prisión. Por un lado ha sido, durante unos 15 años, el responsable de luchar contra los narcos, de incautar, almacenar y destruir la droga. Por el otro, según las investigaciones, repartía funciones e instruía al resto de presuntos agentes corruptos para actuar sin que el jefe policial detectara falta de droga, según se desprende de un tutorial gravado.

En la investigación aparecieron a escena otros dos actores destacados, Joan Francesc P.A., alias Kiku, de la policía científica y Óscar H.R., de salud pública. Las pruebas gráficas, documentales y sonoras contra ellos, según la Audiencia, tienen “una carga incriminatoria alta”. Cogían parte de la droga incautada y la daban al traficante de confianza, Albert B.G., alias Pitu, de una conocida familia de la localidad. Kiku y Pitu, amigos desde la infancia, habrían ido a venderla a Girona. Kiku, con llaves de una casa de Pitu, habría incluso regado una plantación. En una de estos trapicheos fueron “pillados” por la DAI. Imágenes y audios sitúan a Salva sacando la marihuana en bolsas oficiales, y junto a Óscar, llevándola en el coche policial a casa de Kiku, que la entrega a Pitu.

El delator, que asegura que Salva le propuso este “trapicheo” en 2006 y que intermitentemente duró hasta 2018, tenía órdenes de identificarse como “Jordi Tordera” al llamar a comisaría y guarda las conversaciones de whatsapp con él de 2015 a 2018. En ellas aparecen ubicaciones y fotos donde el cabo, que no se dejaba ver nunca con él, le dejaría la droga. Una foto muestra la ubicación, bajo un árbol marcado con un trozo de tela.

Salva, Kiku y Oscar se enfrentan, según la Audiencia, a un mínimo a 7, 6 y 3 años y medio de prisión. Por el momento no ha habido movimientos en la comisaría de Santa Coloma. Los responsables de la región policial han mostrado su apoyo y confianza a sus agentes y, a pesar de la gravedad de los hechos y de la impunidad y descontrol con que sucedieron, no ha habido ningún cese.