Inhabilitado un concejal del PSC por favorecer a un patriarca de La Mina

Juan Carlos Ramos, un concejal del PSC en el Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs, ha sido condenado a una pena de inhabilitación por sus tratos con un patriarca del barrio de La Mina. Ramos no podrá ejercer cargos públicos durante nueve años después de que la justicia haya concluido que contrató de forma irregular servicios de vigilancia en viviendas públicas de La Mina a empresas controladas por clanes gitanos.

La sentencia condena por un delito de prevaricación a Ramos y a los otros tres acusados; entre ellos...

Juan Carlos Ramos, un concejal del PSC en el Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs, ha sido condenado a una pena de inhabilitación por sus tratos con un patriarca del barrio de La Mina. Ramos no podrá ejercer cargos públicos durante nueve años después de que la justicia haya concluido que contrató de forma irregular servicios de vigilancia en viviendas públicas de La Mina a empresas controladas por clanes gitanos.

La sentencia condena por un delito de prevaricación a Ramos y a los otros tres acusados; entre ellos, el patriarca, conocido como Tío Cristina, con el que tenía un intenso vínculo -como muestran las llamadas telefónicas entre ambos- y que controlaba, de facto, la seguridad en los pisos de protección oficial. El tribunal aplica al patriarca la atenuante de confesión, ya que reconoció los hechos durante su declaración en el juicio.

Entre 2012 y 2016, el Consorcio del Barrio de la Mina -un organismo que busca el desarrollo económico y social de un barrio degradado por el tráfico de drogas- contrató a cinco empresas para vigilar una promoción de 422 viviendas de protección oficial. El organismo pretendía que, antes de ser entregadas a sus propietarios, las viviendas no fueran ocupadas. Los contratos (y por lo tanto el dinero público) acabaron en manos de empresas controladas por clanes gitanos. Esos clanes, subraya la sentencia, han asumido “un poder de hecho al margen del ordenamiento jurídico, que ha coexistido con los poderes jurídicos legítimos de las distintas administraciones”.

Ramos, como vicepresidente del consorcio, “facilitó” que se mantuviera esa situación pese a que conocía la ilegalidad, concluye la sentencia. Los contratos obligaban a mantener las viviendas vigiladas durante 24 horas, aunque lo cierto es que la empresa destinó un solo trabajador a esa tarea que, además, no siempre acudía a su puesto. Si había algún problema, contactaba con Tío Cristina, que ejercía su poder en el barrio para evitar que fueran ocupadas.

Las conversaciones telefónicas son elocuentes. El concejal habla con el patriarca: “Es que Tío Cristina, esto va a ser siempre si no está usted ahí ya sabe lo que va a pasar... Los ocuparán todos, no hay más”. Tío Cristina responde: “Eso mismo... Yo lo que quiero es quedar más bien contigo que con este otro señor”. Y Ramos concluye: “Es que los demás se irán... Nos quedaremos nosotros en el barrio Tío, no hay más ná”. La investigación también puso de manifiesto que el propio Ramos llevaba a Tío Cristina, en un sobre, el dinero que le correspondía por la supuesta vigilancia.